Proyecto del Ministerio de Trabajo para crear el Instituto Nacional de Empleo

La política de empleo y acción formativa, hasta ahora más paternalista que eficaz, podría configurarse de forma original, en breve plazo, si un proyecto de decreto ley del Ministerio de Trabajo, que ya ha sido abordado a nivel de comisión de subsecretarios, recibe luz verde definitiva del Consejo de Ministros. En el caso concreto de este proyecto, el departamento más perjudicado sería el de Sanidad y Seguridad Social, que vería muy reducidas sus atribuciones y sus ingresos al retirársele sus competencias sobre el empleo y las cuotas de desempleo de Seguridad Social.

Las importantes dotaciones, funciones y atribuciones que se otorgarían al nuevo organismo que se crea, el Instituto Nacional de Empleo (Inem), y el principal papel que en »su gestión van a desempeñar sindicatos y patronales, convierte el proyecto en uno de los más importantes de los que hoy están en fase de estudio. Su contenido ha sido conocido por EL PAIS en sus líneas generales a través de fuentes seguras.

Unificación de la gestión y macropresupuesto

El nuevo organismo, adscrito al Ministerio de Trabajo y que tendrá carácter autónomo, se crea a partir del actual Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF-PPO) y de la Obra Sindical de Formación Profesional. Una vez creado se convertirá en principal gestor y ejecutor de la política de empleo, colocación y acción formativa. A él se encomienda, además, toda la política asistencial que en materia de empleo venían realizando las diferentes entidades gestoras de la Seguridad Social y otros organismos de la Administración.Todas estas cuotas o ayudas de procedencia diferente suponen unos 250.000 millones de pesetas destinados a paliar el paro, que a partir de la creación del Inem van a ser responsabilidad exclusiva de este organismo, que también contará para su financiación con las asignaciones que se consignan a los organismos que se integran en él (SEAF-PPO y Obra Sindical de Formación Profesional), con los rendimientos de su patrimonio y de los bienes de los organismos absorbidos, así como con las subvenciones y dotaciones de entidades públicas y entidades y personas privadas. Todas estas partidas configuran uno de los mayores presupuestos de la Administración para este Instituto.

Entre las funciones que se otorgan al nuevo Instituto Nacional de Empleo destaca por su importancia la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y personas privadas destinados a la colocación de desempleados. El Inem tendrá encomendada también la recaudación de las cuotas del seguro de desempleo y cualquier otra que afecte a los fines del instituto. El Inem, con la red de oficinas de colocación, las oficinas y el personal de la red de formación profesional del antiguo sindicato vertical y los apartados correspondientes al empleo del Instituto Nacional de Previsión y del Instituto Social de la Marina, organizará el servicio de empleo dentro de un plan nacional. Asimismo, según el proyecto, al Inem corresponde evaluar en términos de empleo las medidas económicas, educativas, de emigración o conexas que establezca o haya establecido la Administración.

Otras misiones del Inem, dentro del principio general de proporcionar trabajo al parado y facilitar mano de obra adecuada a las demandas del empresariado, serán las de facilitar la movilidad geográfica y profesional del trabajador y fomentar la formación del mismo.

Destacado papel de sindicatos y patronales

El Inem, según el proyecto, se estructura en torno a tres órganos: Consejo General, Consejo Ejecutivo y Dirección del Instituto. Estos mismos órganos se subdividen y reflejan a nivel territorial.El Consejo General del Inem, órgano máximo, estará presidido por el ministro de Trabajo y vicepresidido por el subsecretario de Economía, por el director general de Empleo y por el director del Instituto (nombrado por decreto a propuesta del ministro de Trabajo). Como vocales de este Consejo figurarán ocho miembros de la Administración, doce representantes de los sindicatos, doce de las patronales y tres expertos designados por el ministro. Las funciones del Consejo Gene ral se centran en la elaboración de los planes generales anuales de actuación del Inem, confección del proyecto de presupuestos y memoria del Instituto y la determinación de las líneas fundamentales de funcionamiento y financiación del Inem.

El Consejo Ejecutivo, que es el encargado de aplicarlos acuerdos y directrices del Consejo General, estará presidido por el director del Inem y estará compuesto por nueve vocales, a partes igúales, designados por sindicatos, patronal y Administración.

A nivel territorial, las comisiones provinciales de empleo tendrán una composición similar a la del ejecutivo del Inem y estarán presididas por el delegado de Trabajo. Estos órganos territoriales ejecutarán a nivel provincial los acuerdos de la ejecutiva central y propondrán y adoptarán cuantas medidas, planes o programas consideren necesarios a sus fines. Las oficinas de empleo, que se encargarán de ofertas y demandas de trabajo, y los centros de formación profesional, que llevarán adelante los cursillos de instrucción, perfecciona miento o reconversión, completan la organización territorial del Inem.

Más progresivo que las recomendaciones de la OIT

La posibilidad de evaluar la política económica del Gobierno desde la óptica del empleo y proponer al mismo medidas o planes concretos, la amplitud de presupuestos y de libertad de gestión que se le otorgan al Inem (contrataciones con particulares), su macropresupuesto y la generosa participación de sindicatos y patronales en órganos que son mucho más ejecutivos que consultivos, hacen del mencionado proyecto un texto mucho más progresivo que lo que recomiendan los convenios 2 y 88 y las recomendaciones 72 y 83 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ellos se habla únicamente de necesidad de colaboración y consulta con sindicatos y patronales en la organización del servicio de empleo, pero en ningún momento se otorga poder decisorio vinculante a las mencionadas organizaciones.La probación de este proyecto supondría derogar prácticamente toda la legislación vigente en esta materia desde los años cuarenta.