Réplica al profesor Badía i Margarit

El pasado día 26 de julio apareció en el periódico de su digna dirección un trabajo titulado «Pobre autonomía universitarla», del que es autor don Antonio Badía i Margarít, sobre cuyo contenido, en el que vierte una serie de acusaciones con motivo de la publicación de la orden ministerial de 1 de junio de 1978, por la que se ofrecen plazas para la adscripción definitiva de profesores adjuntos de Universidad, y en tanto profesor afectado por la mencionada orden ministerial (y el artículo del doctor Badía), quisiera hacer algunas precisiones que creo deben serconocidas por la opinión pública para la mejor comprensión de este tema.El profesor Badía i Margarit parece confundir cosas tan diferente, como son la solicitud de bloqueo de plazas, que la hubo por parte de un sector del profesorado de las universidades de Barcelona y pacto de bloqueo con las autoridades ministeriales, pacto que difícilmente podía concluirse, ya que hubiese conculcado gravemente la legislación vigente en materia de acceso a la función pública (y consecuentemente, a la docencia universitarla), por lo que, en definitiva, mal podían acogerse al mismo los supuestos pactantes, y menos las autoridades ministeriales. como más de una vez dichas autoridades han puesto de manifiesto a los profesores adjuntos que estamos interesados en el tema.

Que esto es así lo demuestra. por otra parte, la conducta observada por las autoridades académicas de las universidades barcelonesas durante el presente curso académico. En efecto, la junta de gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona, que preside el doctor Josep Laporte, solicitó en el mes de abril la adscripción provisional de los profesores adjuntos que habían sacado plaza en las oposiciones recientemente celebradas, solicitud que evidentemente contradice el «pacto» al que se refiere el doctor Badía y en el que afirma intervino también, y de forma principalisima, el doctor Laporte. El mismo rector de la Universidad de Barcelona parece ignorar, aunque de ello se hizo eco la prensa, que, a principios del mes de julio de este año, la junta de gobierno que preside «desbloqueó» unas plazas de profesores agregados correspondientes a la facultad de Derecho, cuando repetidamente se había insistido en que el bloqueo alcanzaba a catedráticos, agregados y adjuntos, por cuanto lo otro hubiese supuesto una discriminación tanto más odiosa cuanto afectaba al sector más débil, por naturaleza, del profesorado. La conducta, pues, de las juntas de ambas universidades no puede ser más opuesta al hipotético pacto que ahora se dice ha sido violado; salvo, en el último caso, que se practique, efectivamente, una discriminación inadmisible.

Lo que no puede negarse es que tal solicitud existiese. Quisiera, sin embargo. recordar al profesor Badía i Margarit, cuya categoría científica está universalmente reconocida, que el prestigio y la competencia profeslonal que pueda atribuir a los 150 solicitantes que, según dice, renunciaron a las oposiciones (aunque en algún caso notorio no fue así) es el mismo, por demostrado, que el de la cincuentena larga de profesores que nos presentamos y las sacamos, como la de otros companeros que por razones diversas no tuvieron la misma suerte. Atribuir ahora dones especiales a un sector de profesorado es afirmación gratuita en una autoridad académica, que lo es, además, de todos los profesores y que sólo una obcecación momentánea puede disculpar.