El Círculo de Empresarios, contra el reconomiento de la huelga

El Círculo de Empresarios, una de las agrupaciones patronales más conservadoras de España, presidida por Santiago Foncillas, ha distribuido entre los senadores de UCD y de designación real un documento en el que, entre otras cosas, solicita que el derecho de huelga no se reconozca en la Constitución como una libertad fundamental sino que se vincule al artículo en el que se reconoce también el derecho de empresarios y trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo. Según el documento, la Constitución española, si el Senado no modifica el actual proyecto, será la primera del mundo que reconozca el derecho a la huelga sin haber consagrado antes el deber y el derecho al trabajo. Además, añade, el proyecto constitucional se acerca al reconocimiento de la huelga polivalente o multidimensional, es decir, la huelga como medio de autotutela de los trabajadores en todos los ámbitos de la vida social en que se adoptan decisiones sobre sus intereses y no sólo en el de las relaciones de trabajo. A juicio del Círculo de Empresarios este extremo supone la legalización de la lucha de clases por medios pacíficos.

El documento, que consta de veintidós fólios, se refiere también al reconocimiento del derecho de sindicación de los funcionarios que, explica, ha constituido una de las tesis del Partido Comunista de España y pide que se suprima la moción a que España se constituye en un Estado social.

Entre otros puntos que son objeto de crítica por parte de este sector empresarial figura también la potenciación del papel de los sindicatos y asociaciones empresariales, redactada de tal forma -se dice- que se convierte en una norma jurídica de alcance indefinible de la que no se deducen garantías para los ciudadanos ni obligaciones para el Gobierno y que puede ser interpretada como una tutela de la actividad de las centrales sindicales dentro de la empresa.

El Círculo de Empresarios considera también ambigua la expresion «poderes públicos» y critica las competencias generales que se les atribuyen (entre otras la de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social, económica y cultural) por estimar que el proyecto constitucional se ha inspirado en este extremo en el modelo italiano y pueda ser interpretado en el sentido de que se repudia la economía libre para encaminarse hacia modelos socializadores.

El documento ataca el artículo relativo a las expropiaciones y señala que debe incluirse taxativamente la obligación del pago previo. Afirma igualmente que la filosofía del proyecto constitucional está vencida hacia el lado de la protección de las organizaciones de clase en lugar de hacia los derechos individuales de los trabajadores." Finalmente, solicita que se vuelva a incluir el derecho del empresario a establecer condiciones de empleo según criterios de productividad, dado que la redacción actual -dice- supone la supresión de la facultad del empresario a dirigir, ordenar y coordinar su empresa.