La nueva política de vivienda exigirá 300.000 millones de pesetas anuales

La nueva política de vivienda que va a sustituir al programa de viviendas sociales requerirá unos flujos financieros del orden de los 300.000 millones de pesetas anuales, según han señalado fuentes solventes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. La nueva regulación de la vivienda será sometida probablemente al Consejo de Ministros en su próxima reunión y con ella se pretende sacar del atasco el actual inmovilismo del sector.

Este año se terminarán 290.000 viviendas (unas 140.000 libres y las 150.000 restantes acogidas a las diversas modalidades de protección oficial). El número de viviendas iniciadas dentro de este año será de unas 240.000 (125.000 libres y 115.000 protegidas). Estas cifras suponen un importante descenso frente a años anteriores, ya que en 1977 se construyeron 339.000 viviendas y en 1975 el total ascendió a 374.000 viviendas. Por otra parte, el número de las viviendas de protección ha sido siempre superior al de las viviendas libres, tendencia que podría verse rota durante el próximo año.

Año crítico

A la vista del número de viviendas iniciadas durante el año actual el de viviendas terminadas el año próximo podría ser del orden de las 250.000, es decir, 40.000 menos que en este año. Las perspectivas para los años siguientes son todavía más negras, en opinión de los expertos de Obras Públicas y Urbanismo, y podríamos asistir a un deterioro creciente del mercado de la vivienda en España.Cálculos realizados por los expertos estiman que la demanda de viviendas insatisfecha podría alcanzar una cifra del orden del medio millón. Las previsiones realizadas con ocasión del programa de viviendas sociales hace dos años habían cuantificado esta demanda en una cifra del orden de las 450.000 viviendas, a las que el Estado debería aportar una importante ayuda financiera, con el propósito de construir alrededor de 150.000 viviendas anuales para los estratos de renta menos elevados. La falta de apoyo financiero truncó las escasas posibilidades que ya de antemano concedían los promotores y constructores a su viabilidad.

Las nuevas disposiciones en materia de vivienda pretenden modificar los esquemas de financiación de forma radical. mediante, la utilización de un mercado hipotecario consolidado, que aporte los flujos financieros necesarios para reactivar la construcción de viviendas. Las estimaciones realizadas por los expertos se cifran en unos 300.000 millones de pesetas anuales, con unos tipos de interés de entre el 11 y el 13% y unas amortizaciones de quince anos. Dado que este mercado hipotecario no existe en la actualidad, a pesar de los esfuerzos que está realizando el Banco Hipotecarlo (banco oficial) por ponerlo en marcha. sería necesario poner en marcha un sistema puente hasta que el mercado hipotecario adquiera una importancia y una capacidad reales, lo que podría suceder en dos o tres anos, según estimaciones solventes.

Para financiar el programa de viviendas en el período puente, los responsables del Ministerio estiman necesaria la creación de coeficientes en la banca y en las cajas, que podrían computarse como créditos hipotecarios, lo que redundaría en un más rápido desarrollo de este mercado financiero que ya funciona con gran fluidez en otros países de economía de mercado.

La financiación para la adquisición de viviendas en los estratos menos elevados de renta requeriría la presencia de la banca oficial y de los presupuestos del Estado, que deberían alcanzar hasta una cifra de 20.000 millones de pesetas anuales, complementados con los 45.000 millones con que cuenta el Instituto Nacional de la Vivienda para las construcciones directas.

La demanda anual que necesita algún tipo de protección por parte del Estade se estima en unas 270.000 viviendas anuales.

De esta cifra, unas 30.000 viviendas anuales deberían ser acometidas directamente por organismos oficiales y serían destinadas a aquellas familias con ingresos inferiores al del salarlo minimo. Un segundo grupo de ingresos familiares es el de las familias que cobran más que el salario mínimo aunque menos de 2,5 veces dicho salario, la demanda de este sector social sería de unas 100.000 viviendas anuales, para las que se establecería un sistema que permitiera financiar el 70% del precio de la vivienda mediante créditos a largo plazo de la banca o de las cajas y complementos de crédito o subvenciones para cubrir el resto. Finalmente, para las familias con ingresos por encima de 2,5 veces el salario mínimo habría que construir anualmente unas 140.000 viviendas de protección más (50.000 libres con financiación a largo plazo.

Oferta más ágil

La nueva regulación de la política de vivienda pretende agilizar la oferta, simplificando la farragosa legislación exisiente en la materia. La financiación al constructor se prevé que cubra alrededor del 40% del coste de la vivienda. Finalmente, la reforma de la ley de arrendamientos urhanos permitirá una paulatina instauración de la libertad de rentas, lo que podría ser un estímulo adicional muy importante para relanzar la construcción de viviendas, evitando simultáneamente el deterioro de los patrimonios inmobiliarios, que ha sido muy elevado en estos últimos años a causa de la congelación de las rentas y el proceso inflacionario.El relanzamiento de la construcción de viviendas, si se consigue instrumentar de acuerdo con estas líneas de acción, podría tener un impacto muy positivo sobre los niveles de empleo del sector de la construcción, en donde el paro alcanza actualmente a unos 250.000 trabajadores.