Auto de procesamiento contra Muntadas-Prim

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha dictado auto de procesamiento contra Juan Carlos Muntadas-Prim por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. El auto ratifica el mantenimiento en prisión del ahora procesado, sin establecer la posibilidad de libertad bajo fianza. El procedimiento criminal en el que ahora se inculpa formalmente a Muntadas-Prim fue iniciado por querella presentada por el Banco de Vizcaya, el cual se considera lesionado por el proceso por un total de cuarenta millones de pesetas. A aquella querella se adhirieron unos veinte afectados por otros conceptos similares.

Esta decisión en el terreno penal no paraliza los dos procedimientos concursales ya en marcha. Por un lado un concurso de acreedores -ya aceptado judicialmente y, por otro, una quiebra personal instada formalmente y que deberá ser aceptada o rechazada dentro de breves días. Gran parte del interés jurídico se centra en estos dos procedimientos concursales, radicalmente contradictorios, ya que el primero, el concurso de acreedores, es el equivalente a la quiebra cuando el concursado no es comerciante. Un procedimiento excluye al otro. Los bancos afectados están interesados en mantener el concurso de acreedores mientras que los inversores particulares son los que instan la quiebra. Esta contradicción puede generar importantes noticias en los próximos días.En fuentes muy solventes, EL PAÍS supo que la cantidad real de las presuntas irregularidades se sitúa alrededor de los setecientos u ochocientos millones de pesetas, si bien puede ser que existan títulos cuyo total sea de un importe próximo a los 1.500 millones de pesetas. Dichos títulos no corresponderían a la realidad.

Entre los afectados cabe establecer dos grandes bloques, entre los cuales ha aparecido un fuerte antagonismo. Por un lado se encuentran los bancos -interesados en mantener un concurso de acreedores, ya dictado- y por otro lado los particulares que confiaron sus capitales a Muntadas. Estos últimos han instado ya una quiebra personal ante el Juzgado número 10 de Barcelona, pendiente de resolución.

Como es sabido, la quiebra en el procedimiento de ejecución universal seguido contra los comerciantes insolventes y el concurso de acreedores es una figura jurídica que tiene la misma finalidad, pero aplicable a los no comerciantes. El problema jurídico estriba pues, en este momento procesal, en el terreno civil, en demostrar que Muntadas era o no era comerciante.

En cambio, en el terreno penal, se dan dos grandes temas. En primer lugar, si Muntadas obró dolosamente, es decir, si sus actos pueden ser tipificados de estafa, y, en segundo lugar, precisar la existencia de cheques sin fondo. Mientras que el primer problema es de difícil análisis en base a los complejos entresijos del tema, el segundo -la existencia de cheques sin fondo-, parece evidente. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS expresaron formalmente que tenían en su poder cheques sin fondos por importe de varios millones de pesetas y que, por tanto, consideraban seguro el procesamiento por este motivo, como mínimo.

Sesenta y ocho por ciento de intereses

A través de muy largas conversaciones con fuentes responsables y directas, EL PAÍS ha podido obtener una configuración de todo el intrincado problema. Según las fuentes, Muntadas-Prim empezó las operaciones que le han llevado a la cárcel hace unos dos años y medio. En un primer momento obtuvo dinero de sus amistades personales, que utilizó en inversiones. Algunas de estas primeras inversiones fueron rentables y, en consecuencia, atrajeron a otras personas.Según fuentes fidedignas, Muntadas-Prim ofrecía nada menos que el increíble 17% de intereses trimestral, equivalente pues al alucinante 68%. Más claro: dándole 100.000 pesetas, a los tres meses se podían tener 117.000 pesetas. Increíble, pero cierto.

Los inversionistas, en los primeros tiempos se convertían en cuentapartícipes de la sociedad Proecsa (Promoción y Estudios Comerciales, SA). Todas estas operaciones eran avaladas solidariamente, a nivel personal, por el propio Muntadas. Como precaución lógica, muchos inversores solicitaban informes bancarios a reputadas entidades -Banco de Bilbao, Banca Mas-Sarda, Banco Occidental- donde se les afirmaba que Muntadas-Prim cumplía rigurosamente con sus pagos, lo cual, en aquellos tiempos, era cierto.

Con los primeros cincuenta millones todo fue bien. Muntadas-Prim compró terrenos que revendió con excelentes plusvalías. Ello atrajo a más inversiones y desbordó totalmente al hoy encarcelado. Entonces, en vez de rechazar a nuevos inversores, entró en un terreno que debía llevarle a la actual situación.

En efecto, Muntadas-Prim empieza a suscribir pólizas de crédito con importantes bancos, los cuales, como es habitual, solicitan garantías, en este concepto ofrecen bienes de sociedades, bienes personales y bienes de su madre y de su suegra. Estas pólizas de crédito llegan a superar los doscientos millones de pesetas, que destina a pagar intereses de otros créditos, intereses de inversores y en parte a la compra de inmuebles.

Crea también una nueva sociedad, Igafisa, con un capital de sólo cinco millones, que luego se amplia a veinte, mediante letras que están por vencer. En esta sociedad, Muntadas-Prim tiene como socio, según fuentes jurídicas solventes, a un director del Banco Occidental, Luis Massana, persona cuyo papel es considerado importante por fuentes consultadas por EL PAÍS. Esta sociedad es la que aparece ahora con mayor patrimonio y, en cambio, está afectada por una suspensión de pagos.

El papel de la banca

El gran tema judicial se plantea el pasado 26 de junio, en que ante el Juzgado número 2 se insta el concurso de acreedores. Solicitud que es atendida con rapidez extrema, al dictarse su procedencia al día siguiente. Esta medida favorece en extremo a los bancos afectados, los cuales pueden realizar el activo, cobrándose unos 150 millones de pesetas, un centenar en efectivo y otros cincuenta millones en valores depositados como garantía.Paralelamente un abogado y un procurador de los inversores, Damián Tellez de Peralta y Jorge Sola Serra, presentaron, en otro juzgado, una solicitud de quiebra personal de Muntadas-Prim. Los bancos afirmaron que el huído no era comerciante y ahora los segundos están aún probando -no tan sólo afirmando- que era comerciante. En esta discusión está el eje de la cuestión planteada hoy.

De poder acordarse la quiebra -decisión que se debería dictar en los muy próximos días- se daría una clara incompatibilidad entre esta situación procesal y el concurso de acreedores. La discrepancia debería ser resuelta por la Audiencia de Barcelona y sería apelable ante el Supremo, con lo cual puede ya afirmarse que, por lo menos en el terreno civil, el caso Muntadas-Prim puede durar un par de años. Añadamos, también, que hoy los abogados de los inversores formularán su oposición legal al concurso de acreedores ante el juzgado competente.

El interés de los inversores es claro; con la quiebra logran la retroacción de las actuaciones mercantiles, es decir, la nulidad de los cobros efectuados por los bancos sobre el activo del encarcelado, el cual pasaría a la masa, es decir, a ser repartido entre bancos e inversores.

Paralelamente, se da otra actuación no menos significativa. Se trata del intento de la suegra de Muntadas-Prim de lograr establecer la presunta responsabilidad de cinco directivos de otros tantos bancos y, en consecuencia, la responsabilidad civil subsidiaria de dichas entidades. El tema es de alcance y puede ser la principal noticia de los próximos días.

El malestar de los inversores en contra de los bancos afectados parte de que la madre de Muntadas-Prim firmó un convenio con un grupo de entidades bancarias ofreciendo sus bienes personales como garantía. Dejó fuera del convenio a dos bancos, el de Vizcaya y el Bankisur. El de Vizcaya es el único banco que inició acciones penales.