El coronel de la Guardia Civil de Tenerife ordenó abrir fuego durante los "sucesos de La Laguna"

El día 12 de diciembre del pasado año cayó muerto en el recinto universitario de La Laguna (Tenerife), alcanzado por una bala presuntamente disparada por la Guardia Civil, el joven Javier Fernández Quesada. A raíz de este acontecimiento, el Congreso de Diputados designó una comisión investigadora, que se desplazó a Tenerife y realizó un informe de 59 folios. El informe dio origen a unas conclusiones, aprobadas el pasado 29 de junio por la Comisión de Interior de la Cámara, en una sesión que se celebró a puerta cerrada. El Diario de sesiones, en el que quedaron recogidas las intervenciones de los miembros de la comisión, fue retirado por orden de la presidencia del Congreso, y la edición íntegra, de 2.000 a 4.000 ejemplares, se encuentra almacenada bajo llave fuera del alcance de los propios diputados.

Una propuesta socialista, derrotada

EL PAÍS ha reconstruido las intervenciones que se produjeron en aquella sesión y ha tenido acceso a las conclusiones aprobadas. Lo más destacado de la sesión fue la derrota, con abstención del representante comunista, de una enmienda socialista que decía textualmente: «Ha quedado probado que la Guardia Civil abrió fuego real con sus armas reglamentarias en el recinto universitario, bajo las órdenes de su responsable y sin que mediara agresión previa que justificara su empleo, según declaración de los testigos presenciales. No ha quedado probado, en cambio, que alguien más tuviera o hiciera uso de armas de fuego.» Según se puso de manifiesto en aquella sesión de la Comisión de Interior, las fuerzas de la Guardia Civil estaban mandadas por un coronel que reconoció haber dado la orden de abrir el fuego.La primera conclusión sometida a fa comisión hace referencia a la difícil situación socioeconómica por la que atraviesa el archipiélago canario y «al clima de disgusto que existe en amplias capas de la sociedad y que se extiende a todos los isleños, al sumarse la intranquilidad por los actos terroristas».

La segunda conclusión, aprobada también por unanimidad, sin que prácticamente hubiera debate, dice: «La ponencia ha llegado a la conclusión de que pequeños grupos automarginados de la normal actividad democrática, sin que tengamos conocimiento de quiénes lo integran ni a qué tendencia política pertenecen, tratan de aprovechar la situación de disgusto provocando acciones desestabilizadoras que constituyen un atentado contra la consolidación de la democracia. En los sucesos objeto de nuestra investigación hemos llegado al convencimiento de que actuaron esos desestabilizadores. Pedimos al Gobierno que se adopten las medidas precisas para impedir su actuación al tiempo que hacemos un llamamiento a los partidos políticos y a la población de Tenerife para que, consecuente con su comportamiento cívico, no secunde esas acciones y aumente su colaboración con las autoridades para desenmascararlas. »

La tercera conclusión, aprobada por diecinueve votos a favor y una abstención, hace referencia a la necesidad de que la comunidad nacional apoye solidariamente a las islas Canarias y que el Gobierno tome medidas urgentes para mejorar la situación socioeconómica.

Más medios antidisturbios para las FOP

El cuarto punto señala que se debe dotar en cantidad y calidad suficientes de medios antidisturbios a las FOP y de una manera especial a las unidades de la Guardia Civil, que pueden verse obligadas a intervenir frente a desórdenes públicos. Este extremo dio origen a cierto debate en el seno de la Comisión de Interior, a propósito de si en el caso concreto de Tenerife la fuerza pública disparó con fuego real porque se le hubieran acabado los materiales antidisturbios. Según los socialistas, la Guardia Civil tenía encomendado únicamente dejar expeditas las vías de comunicación, y su intervención posterior correspondió a una apreciación personal del responsable de las fuerzas.Un debate similar se produjo a propósito de la conclusión quinta, en la que se dice que por vía judicial se sancionará adecuadamente a los culpables por las responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir. Los socialistas, que habían propuesto que todo el material reunido por la comisión investigadora fuera puesto a disposición del juez competente, retiraron su enmienda.

La sexta conclusión dice que por vía disciplinaria se abrirá una investigación pormenorizada de la actuación seguida por las fuerzas actuantes en el campus de La Laguna y que se exigirán las responsabilidades personales en que se pueda haber incurrido. Según un diputado socialista, las fuerzas especiales antidisturbios actuaron con gran dureza y pusieron en peligro, según testimonios recogidos, la vida de algunas personas. La conclusión sexta fue aprobada por unanimidad, así como la séptima, en la que se solicita que «el Gobierno someta al Congreso las leyes pertinentes en materia de orden público, para dar respuesta a las necesidades de la España democrática siguiendo las líneas marcadas en los pactos de la Moncloa».

Según los socialistas, no se debió abrir fuego

El debate más tenso se produjo en relación con la enmienda socialista ya aludida, en la que se afirma que la Guardia Civil abrió fuego en La Laguna sin causa suficiente que lo justificara. En cuanto a la trayectoria seguida por la bala que causó la muerte al joven estudiante, y que va de arriba a abajo, los diputados del PSOE estimaron que debía tenerse en consideración que Javier Fernández debía estar huyendo o tirándose al suelo cuando fue alcanzado por el proyectil. Para el representante de AP, por el contrario, esta trayectoria podría indicar que la bala fue disparada desde las escaleras del colegio universitario o, incluso, desde su interior, es decir, desde un lugar donde no había fuerzas de la policía.AP no se negó a que se afirmara expresamente que la Guardia Civil había hecho uso dé las armas de fuego, pero siempre que se añadiera que lo hizo cuando se le acabó el material antidisturbios. UCD defendió otra versión de los hechos. Según el señor Martínez Villaseñor, las fuerzas de la Guardia Civil que habían ido a retirar unas barricadas fueron impotentes para ello, y reclamaron en dos ocasiones refuerzos. El coronel que mandaba la unidad procedió a enviarlos y, además, acudió personalmente para comprobar la gravedad de la situación. Hostigados desde el recinto universitario, dio orden de que se dispararan botes de humo y balas de goma, unas doscientas, y como la multitud no cejaba en su actitud dio orden de que se efectuaran disparos al aire, diez concretamente, pese a todo el grupo de estudiantes reincidió, por lo que se volvió a dar orden de disparar al aire, momento en que cayó mortalmente herido Fernández Quesada.

Los socialistas estimaron que la situación no podía ser tan grave, cuando hacía sólo diez minutos que la Policía Armada se había retirado, lo que no hubiera hecho, sin duda, si la situación hubiera sido caótica. Señalaron que existían impactos de bala en la fachada del colegio y en la puerta del jardín del mismo, y que según los testimonios recogidos, la Guardia Civil disparó contra, los escalones del colegio, el suelo y el aire. Se comprobó incluso que una bala había llegado hasta la puerta del dormitorio de la directora y que otras se estrellaron contra casas de vecindad próximas.

Sometida a votación la enmienda, y derrotada, los comunistas explicaron su abstención. UCD propuso una enmienda in voce en la que se venía a decir que la bala que mató al estudiante había sido disparada por persona ajena a la Guardia Civil, a lo que se opusieron los comunistas, por considerar que todos los que habían participado en la comisión tenían la evidencia moral y el convencimiento pleno de que Javier Fernández había muerto por bala salida de una metralleta de la Guardia Civil. UCD terminó retirando su proposición.