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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un año de Cortes democráticas

AYER HIZO un año de la constitución formal de las primeras Cortes elegidas por sufragio universal desde 1936 en España. Suele ser habitual, en estos trances, realizar un balance de la actividad realizada por los representantes dé la soberanía popular, tanto en lo que se refiere al contenido sustantivo de su labor como en lo que concierne a las expectativas de¡ electorado en el momento en que los eligió y el trabajo llevado a cabo.La fragilidad e inmadurez de las instituciones democráticas en nuestro país, consecuencia lógica de¡ largo interregno ocupado por la dictadura, obliga a los observadores a extremar la prudencia a la hora de formular juicios que puedan ser utilizados por los nostálgicos del anterior régimen para desprestigiar el sistema pluralista o embellecer retrospectivamente -como hacen los autores de best-sellers a la moda- cuatro décadas de totalitarismo, corrupción, indignidad y colonización exterior. Años a los que sirvió de cobertura únicamente el crecimiento económico inducido por la prosperidad europea y de la que nuestro país se benefició por el incremento de los intercambios internacionales, la dura emigración de nuestros trabajadores a Europa y el maná del turismo. Frente a los involucionistas que rezan por la resurrección de todo lo que está enterrado y frente a los terroristas que afirman que aquí no ha cambiado nada parece necesario, todavía, hacer explícitas cosas en sí mismas tan obvias que sería inútil recordarlas si no existieran todavía grupos propensos a ponerlo en duda a base de bombas y pistolas.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 se realizaron en el clima de libertad e información suficiente y con la limpieza bastante como para que puedan ser consideradas la expresión significativa y auténtica de la soberanía popular en el momento en que fueron realizadas. La extrema izquierda -desde Euskadiko Eskerra hasta la coalición del PT- considera que los «aparatos ideológicos» impidieron el año pasado una exteriorización veraz de las corrientes dominantes en las capas populares; pero los partidos de ese género sólo considerarán válidas y legítimas las -elecciones que se realicen cuando ellos controlen, desde el Estado, los mecanismos que les permitan ganarlas de una vez y para siempre. En el lado opuesto del espectro, los eurofascistas piensan, simétricamente, que las únicas urnas que no deben ser rotas son aquellas destinadas a recolectar los votos de los referenda hitlerianos, franquistas o pinochetistas. Pero entre esos extremos se extiende la simple opinión del pueblo llano, que elige como representantes a los candidatos de los partidos que les merecen mayor crédito y que acepta, sin embargo, cualesquiera que sean los resultados de las elecciones, el veredicto de las urnas.

Estos son los diputados y senadores que, desde hace un año, asumen la responsabilidad de elaborar el texto de la Constitución, de hacer las leyes, de aprobar los presupuestos y, de controlar las actuaciones de un poder ejecutivo que gobierna y administra en su nombre. Los juicios sobre las medidas concretas y sobre el ritmo de trabajo de los parlamentarios pueden ser elogiosos o adversos. Pero las alabanzas o las críticas que se hacen desde dentro del campo democrático a la actuación de los diputados y senadores descansan sobre el principio básico de que el sistema parlamentario de gobierno es el único conocido que puede garantizar debidamente las libertades individuales y cívicas, el control de la Administración y la participación de los ciudadanos en la vida pública.

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En esta perspectiva es donde cobra toda su significación la labor realizada por estas primeras Cortes democráticas. Diputados y senadores han recibido de sus ciudadanos un mandato que los legitima y que sólo ellos, en unas nuevas elecciones, pueden confirmar o anular. Si los energúmenos de turno trataran de impugnar o destruir la existencia del Parlamento habría que proclamar, imitando el viejo dicho anglosajón, la necesidad de defenderlo, con razón o sin ella. Lo cual no supone, sin embargo, que los ciudadanos y los electores extiendan esa incondicional apuesta en favor del régimen parlamentario hasta el extremo de silenciar las críticas hacia los miembros de las Cámaras. El apoyo de las Cortes democráticas no sólo no excluye, sino que implica el juicio sobre la actuación de diputados y senadores.

La excesiva demora en los trabajos preparatorios de la Constitución, el abuso de los cabildeos y de los pactos secretos entre los estados mayores de los partidos, la dictadura de la Junta de Portavoces sobre el Congreso, el injustificado retraso en la promulgación de leyes básicas para la materialización de valores democráticos (desde la reforma del régimen penitenciario y del Código de Justicia Militar hasta el estatuto de refugiados políticos o la ley de Policía Nacional) o en tareas de control (desde la seguridad social hasta la empresa pública) y la desproporcionada atención prestada a la defensa de los intereses de su propio gremio son aspectos del trabajo de las Cortes cuya crítica en modo alguno apunta hacia el corazón del sistema representativo, sino que, por el contrario, trata de defenderlo incluso de quienes lo protagonizan hasta las próximas elecciones.

En cualquier caso, los esfuerzos por conseguir una Constitución viable para todos y aprobada por consenso pueden situarse en el otro platillo de la balanza para contrapesar el retraso en terminarla. Y aunque el resultado de los trabajos no haya desembocado en el Pleno del Congreso, algunas comisiones han realizado una estimable laboren bastantes terrenos de la reforma política. Sólo estamos al comienzo de una larga andadura. El aprendizaje de los procedimientos y del talante democráticos exige tiempo. Y es de esperar que la experiencia de esta legislatura enseñe a los partidos, antes de las próximas. elecciones, que los diputados y senadores incluidos en sus listas deben tener, además de espíritu de disciplina y destreza para manejar la llave del mecanismo de votación electrónico, capacidades suficientes para intervenir de forma activa y positiva en los trabajos de la política.

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