Solicitan la inhabilitación temporal de Dragados

La Comunidad de Municipios del Bajo Bierzo ha pedido a la Presidencia del Gobierno la inhabilítación de Dragados y Construcciones SA, como contratistas de obras y servicios públicos. Al mismo tiempo, la mancomunidad ha decidido rescindir el contrato firmado hace un año con la citada empresa, según el cual ésta se comprometía a realizar en un período de treinta meses, y por un importe de 174 millones de pesetas, las obras de saneamiento y abastecimiento de aguas a ocho municipios de la zona. El número de los afectados por las obras es superior a 50.000 distribuidos en cuarenta núcleos de población, entre ellos los de la periferia de Ponferrada.Las obras, según el presidente de la mancomunidad, Ovidio González Canedo, fueron sacadas a concurso, en 1976, por un importe máximo de 194 millones de pesetas, siéndole adjudicadas a Dragados por 164 millones, de acuerdo con el proyecto presentado por esta empresa. Los trabajos dieron comienzo en febrero de 1977 y en septiembre del mismo año aparecieron las primeras complicacíones, al alegar Dragados y Construcciones errores de cálculo en el presupuesto que, según ella, sólo cubría una tercera parte de las obras. En caso de no concedérseles una cantidad suplementaria, la empresa amenazaba con ralentizar los trabajos en espera de un momento propicio para pedir la rescisión del contrato. La mancomunidad no aceptó estas condiciones y finalmente, tras las vacaciones de Navidad, las obras quedaron paradas el 7 de enero de este año, cuando sólo había sido ejecutado el 17 %de las mismas.

Finalmente y después de una serie de trámites legales, la mancomunidad ha decidido la inhabilitación de Dragados como contratista en su ámbito territorial por incumplimiento de contrato, pidiendo a la Administración que tal medida sea hecha extensiva al resto del país. Del mismo modo, a la citada empresa le ha sido retirada la fianza depositada en el momento de adjudicación de las obras -alrededor de cuatro millones de pesetas, según las mismas fuentes- y será demandada por daños y perjuicios, a la vez que se le reclamarán la diferencia entre los 174 millones ofertados y el coste de las obras en un futuro.