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Solicitan ayuda para la prensa privada

Una comisión de empresarios de prensa diaria, representantes de las 73 empresas titulares de todos los periódicos existentes actualmente en España, expusieron ayer por la mañana al presidente Suárez la índole de medidas urgentes que del Estado demanda la prensa, «que atraviesa hoy la crisis económica más grave de su historia», en palabras de Pedro Crespo de Lara, secretario general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

El señor Crespo de Lara explicó posteriormente en una rueda de prensa convocada por AEDE la favorable acogida dispensada por el señor Suárez a las demandas de los empresarios, concretadas éstas, en una primera etapa, en ayudas crediticias y en una regularización de las medidas de compensación necesaria para cubrir la diferencia entre el precio del papel prensa del mercado interior y el del mercado internacional.«Cada seis meses nos vemos obligados -añadió el señor Crespo- a iniciar unas agotadoras negociaciones con la Administración para revisar las únicas medidas arbitradas hasta ahora por el Estado con ayudas indirectas a las empresas periodísticas: la compensación a que hemos aludido y la reducción de aranceles para la importación de papel. Lo que pedimos es que estas medidas, que se vienen aplicando desde hace dos años, queden establecidas con carácter permanente y, en consecuencia, que finalice esa revisión semestral.»

La mayoría de las empresas periodísticas necesitan renovarse y modernizar sus equipamientos técnicos, y ello es imposible desde el actual estado de descapitalización en que se encuentran.

Los representantes de AEDE manifestaron que el presidente Suárez conoce perfectamente las dificultades y aspiraciones del sector, hacia las que el Gobierno se encuentra en la mejor disposición y, en tanto que las iniciativas y estudios de los empresarios puedan llegar a convertirse en un proyecto formal de ley de ayuda a la prensa, el Gabinete del señor Suárez se muestra dispuesto a atender por la vía de decretos y disposiciones las medidas urgentes que aquéllos reclaman. Es muy posible que algunas de estas medidas sean ya estudiadas en inmediatas reuniones del Consejo de Ministros.

En relación a las fórmulas de ayuda del Estado que el futuro proyecto de ley podría concretar, el señor Crespo de Lara señaló aquellas que se practican desde hace treinta años en la mayoría de los países del mundo occidental: créditos, ayudas directas y desgravaciones fiscales.

«La fórmula -añadió- está ya inventada y no hace falta sino aplicarla entre nosotros.» Para el secretario general de AEDE, el porqué de esta ayuda del Estado a la prensa es obvio: las sociedades democráticas de Occidente son conscientes de que dependen de una prensa pluralista e independiente. España ha elegido claramente inscribirse en ese modelo de sociedad. Nadie puede poner en duda, por otra parte, el papel desempeñado por la prensa en el proceso de avance de España hacia ese modelo y la necesidad que va a seguir teniendo de ella en su consolidación.

Dijo más adelante el señor Crespo que no hay pluralismo posible en la prensa cuando su crisis económica obliga a una concentracíón de títulos en grandes cadenas que devienen inevitablemente en monopolios informativos. Asimismo no puede haber independencia si las empresas periodísticas no pueden desarrollarse dentro de una economía saneada.

Desde estas bases expuso AEDE al presidente Suárez sus aspiraciones. De modo inevitable los empresarios de prensa expusieron también al jefe del Gobierno los conocidos argumentos sobre la competencia desleal que para los periódicos representa la publicidad en la televisión y la de los periódicos dependientes del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.

A este último respecto, y a preguntas de los informadores, expresaron su total solidaridad con los trabajadores integrados en los periódicos del Estado, cuyos intereses y aspiraciones legítimas apoyarán siempre. Pero al mismo tiempo manifestaron su absoluta disconformidad con la pervivencia de la actual fórmula de una prensa del Estado, absolutamente incompatible con los postulados de una sociedad democrática.

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