Toda reforma debe partir de la lucha contra la corrupción

De cualquier forma, revisada la causa por un juez federal, al señor Méndez Docurro se le declaró formalmente preso y quedó tras las rejas de un reclusorio de la capital. Ahora bien, las condiciones físicas y morales de una prisión resultan poco agradables a un hombre con los antecedentes de don Eugenio, ingeniero civil de cierto renombre, ocupante de varios puestos públicos en los últimos veinte años y hasta patrocinador conocido de las artes. La Administración del presidente José López Portillo se dio perfecta cuenta de ello e invocó una disposición legal hasta entonces poco aplicada: la libertad bajo fianza, en principio vedada al acusado por la naturaleza de los cargos en su contra, podría ser concedida siempre y citando él tuviera a bien restituir al fisco las sumas enajenadas ilícitamente.El caso Méndez no fue el primero de la estirpe: unas cuantas semanas antes, agentes judiciales de la República. se habían hecho cargo en Miami del ex secretario de la Reforma Agraria del Gobierno Echeverría, cedido a ellos por la justicia norteamericana al acoger una demanda mexicana de extradición. Junto con dos antiguos subalternos, ya estuvo preso, acusados los tres de un gigantesco fraide en perjuicio de varios centena, es de ejidatarios (agricultores de granjas -colectivas). Aun así, poca gente tomaba en serio la llamada campaña anticorrupción. Para comprender esa resistencia generalizada, hay que conocer un poco de la historia política reciente del país.

La larga dictadura de Porfirio Díaz (1876-1911), estaba poblada, sobre todo en sus dos últimos decenios, de funcionarios profundamente corrompidos. vendido mayormente a las entidades extranjeras que Díaz había atraído para promover el progreso material de México -y el suyo propio-. Al triunfar la revolución que estalló en 19 10, los nuevos gobernantes -que tardaron casi diez años más en definir la hegemonía entre sí- se encontraron con una economía dominada poco menos que totalmente por intereses ajenos, que buscaban ante todo proteger sus inversiones en el país. Evidentemente, la manera más eficaz de lograr ese fin era la de continuar con el sistema establecido, «comprando» a los empleados de un Gobierno que apenas podía cubrir los míseros sueldos de sus escalas secundarias.

La «mordida», deporte nacional

Así se prolongó e institucionalizó la tristemente célebre tradición de la «mordida», la cual poco a poco fue extendiéndose a todos los niveles de la gestión administrativa. Desde el policía de tránsito, el jefe de aduana de un puesto fronterizo o el funcionario de Hacienda, todo en México llegaba a ser negociable. Durante algunos Gobiernos anteriores, se habían montado vistosas campañas publicitarias contra la corrupción, todas las cuales surtían poco o ningún efecto, debido principalmente a la falta de apoyo ciudadano.

Pero hace poco menos de dos años surgió un escándalo de tal magnitud, lcance que impresionó hasta al más cínico. Un policía, detenido por aceptar un soborno en circunstancias tan flagrantes que no hubo manera de taparlo, decidió cantar. El desenlace de sus declaraciones detalladas y la investigación resultante fue el encarcelamiento del jefe y el subjefe de la unidad capitalina de detectives -corazón y cerebro de las fuerzas del orden- por haber chantajeado en más de dos millones de pesos (siete millones de pesetas) a varios altos ejecutivos de firmas industriales que falseaban sus libros de contabilidad, con el fin de evadir el pago de impuestos por unas cincuenta veces esa cantidad.

El señor López Portillo, a la sazón candidato único a la presidencia, acababa de renunciar como secretario de Hacienda. Se indignó ante la revelación de esos hechos delictivos, tanto o más por la evasión de tributos como por la acción de los comandantes policíacos. Al realizar entrevistas para seleccionar a sus colaboradores más cercanos, una pregunta clave que López dirigía a cada candidato versó sobre la voluntad del hombre para cooperar activamente en una campaña a fondo, destinada a extirpar la corrupción de la vida pública en forma definitiva.

Por otra parte, la preocupación del nuevo mandatario por las maniobras sucias no se limitaba al ambiente oficial. Pocas semanas después de tomar posesión del cargo, llamó a reunirse en Los Pinos, la residencia presidencial, a los más destacados dirigentes de las diversas agrupaciones empresariales y les conminó a que emprendieran un esfuerzo igual al suyo contra la corrupción entre los afiliados a sus respectivas organizaciones. La idea se recibió, por la mayoría de los presentes, con un escepticismo cortésmente disimulado, fruto de su desconfianza de que semejante campaña a nivel gubernamental pudiera resultar verídica o duradera.

Sólo a raíz de la serie de detenciones de funcionarios pasados y actuales (una de las más recientes ha sido la del director del Instituto Mexicano del Café, agencia descentralizada), varios de aquellos señores han reconocido públicamente que existen irregularidades también dentro de las filas de la empresa privada.

Campaña personal de Portillo

Hay diversas causas que promueven este brote súbito de moralización en la vida mexicana. Se ha incrementado la sensibilidad por la imagen del país en el exterior: las quejas de los visitantes, referentes a las «mordidas» y otros abusos, se habían vuelto coro embarazoso. Entran, asimismo, motivos puramente pragmáticos: el monto de los fraudes y robos llegaba a representar una merma grave del erario. Mas quizá el impulso fundamental al crackdown provenía del carácter mismo de las últimas fechorías, netamente de rapiña. Los funcionarios robaban y metieron lo sustraído en bancos extranjeros, o lo invertían en coches sustuosos, viajes de lujo y otros gastos de fastuosidad.

Todo esto violaba una tradición oficiosa: el hombre público que se hacía de los fondos públicos los empleaba 'en obras que, a la vez que le reportaban pingües utilidades, beneficiaban al público. Así, fue común ver a algún miembro de Gabinete, establecer una hacienda, emprender una urbanización o construir un centro turístico. dando empleo a un buen número de trabajadores y a menudo estimulando la economía de toda una región.

En síntesis, el lema no escrito era: «Si robas, hazlo con espíritu social.» Hace 35 años, el general Maximino Avila Camacho, secretario de Obras Públicas y hermano mayor del entonces presidente de la República, dotaba a México de su primera red de carreteras modernas. En el proceso, él se, enriqueció enormemente. Una vez un periodista, conocedor de la condición económica anterior de don Maximino, poco holgada, le retó abiertamente a explicar todas las muestras de tren de vida opulenta que se daba en la actualidad.

En tono enérgico y sin inmutarse, el fornido militar replicó:

-¡Carajo, hombre! De cada tres pesos que pasan por mis manos, al menos uno llega al pueblo. ¿Qué más quieres?