Los partidos políticos, contra el Tribunal de Cuentas como ente de control del gasto público

«El pleno del Tribunal de Cuentas del Reino no es un órgano democrático y está excesivamente politizado, por lo que está incapacitado para cumplir con su misión, que consiste en controlar la actividad económica del sector público», dijo Ramón Tamames en el curso de una mesa redonda celebrada ayer tarde en Madrid sobre El control económico del sector público en una sociedad democrática.Esta reunión ha sido organizada por funcionarios del Tribunal de Cuentas, y en la misma han intervenido representantes de los cuatro partidos políticos mayoritarios. Por el Partido Comunista, Ramón Tamames; por el PSOE, Enrique Barón; por UCD, Santiago Rodríguez Miranda, y por AP, Manuel Fraga.

Existió unanimidad entre los participantes en la reunión, excepto Fraga Iribarne, en criticar la situación actual de este organismo, y los tres ponentes propugnaron una mayor independencia política, con objeto de que el Tribunal de Cuentas pueda asesorar con mayor eficacia al poder legislativo.

El señor Rodríguez Miranda, de UCD, planteó la necesidad de un control posterior a la ejecución de los gastos públicos, control que debe ser efectuado por un órgano externo al propio poder ejecutivo, ya que es muy difícil, incluso en el contexto de una sociedad democrática, que la Administración sea capaz de controlarse a sí misma. Insistió sobre la necesidad de la independencia política del Tribunal de Cuentas y en que este organismo permanezca al margen de los vaivenes políticos para que no suceda lo que ya pasó durante la República.

El diputado socialista Enrique Barón calificó al Tribunal de Cuentas de «archivo mayor del Reino», al que van a parar todas las cuentas del Estado, pero debido a su falta de independencia política respecto al Ministerio de Hacienda -ya que sus cargos son de designación política- es incapaz de cumplir una función de auténtica fiscalización del gasto público.

El diputado de Alianza Popular Fraga Iribarne se manifestó contrario a un aumento excesivo del sector público, lo que considera incompatible con una economía de mercado, y propugnó la necesidad de que el sector público tenga el menor tamaño posible, porque, a la larga, será imposible controlar su gestión a partir de un cierto tamaño.

El control político de la actividad económica del sector público -dijo Fraga- debe corresponder exclusivamente al Parlamento, y señaló la necesidad de no provocar una ruptura con el pasado de este organismo, que ha sido enormemente eficaz dado los medios de que disponía. Reconoció, no obstante, que en una sociedad democrática es imprescindible un control público representativo de la gestión económica del Estado, y propugnó una mayor dotación de medios para el Tribunal de Cuentas en el futuro.

Para Ramón Tamames, el Tribunal no cuenta con el suficiente grado de independencia, y su labor de revisión de las cuentas del Estado no puede realizarla eficazmente por falta de medios materiales y de profesionalización.