Piden la urgente promulgación del estatuto del refugiado político

Representantes de UCD, PSOE y PCE expresaron ayer su preocupación ante una circular de la Dirección General de Asuntos Consulares en la que se afirma que, salvo casos excepcionales, los extranjeros que residan en España desde hace cinco años o menos verán cancelados sus permisos de permanencia o residencia. Bajo esta circular, los representantes de los partidos mencionados temen que en los próximos meses veraniegos se inicie la expulsión de cientos de refugiados políticos, especialmente latinoamericanos, asilados de hecho, que no de derecho, en nuestro país.La circular mencionada fue dada a conocer en un acto celebrado ayer en el Club Internacional de Prensa bajo la organización de la asociación de Estudios y Solidaridad con América Latina (AESLA). Asistieron al mismo el diputado de UCD Antonio Vázquez Guillén, el senador socialista José Federico de Carvajal, el abogado comunista José María Mohedano, así como José Antonio Martín Pallín, de Justicia Democrática, y los señores Carballo y Roca, abogados uruguayo y argentino.

Los representantes de AESLA, entre ellos el abogado Tomás Quadra Salcedo, sugirieron la creación de una comisión de vigilancia para impedir que mientras se elabora el estatuto del refugiado político (de cuya urgencia todos se mostraron de acuerdo) se impidiera que simples medidas gubernativas deterioren la situación y causen daños irreparables.

El señor Mohedano propuso que, al calor del consenso, todos los grupos parlamentarios formulen una proposición no de ley o de interpelación para comprometer al Gobierno en el reconocimiento de las actuales situaciones de hecho. Por el momento, se acordó dirigir una comunicación en este sentido al ministro del Interior, «cuya hostilidad hacia los refugiados latinoamericanos -según se dijo- es patente».

Los señores Carballo y Roca recordaron que todos los países europeos occidentales tienen estatutos para los refugiados políticos y «tenemos derecho a reclamar no al pueblo español, cuya solidaridad es absoluta, sino a los partidos y al Gobierno, que se acabe con la actual situación de inseguridad jurídica», dijo Gustavo Roca.