"Somos víctimas de la incoherencia administrativa y del juego político"

El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes decidió imponer a los promotores de la sociedad constructora de Villafontana II, en Móstoles, una multa de siete millones de pesetas por incumplimiento del plazo fijado por la Administración para que resolvieran los problemas de su competencia surgidos en la urbanización. Los promotores de la sociedad han decidido recurrir contra esta decisión.

«Somos víctimas de la incoherencia administrativa. Las empresas afectadas por esta multa se han convertido en un muñeco, utilizado para un juego político que se viene desarrollando en una de las zonas más conflictivas del país, Móstoles, tal como lo demuestran los recientes acontecimientos allí acaecidos, sin que se tenga para nada en cuenta los intereses de los trabajadores afectos a las empresas. » Esta opinión de los directivos de la constructora acerca de la manipulación política de que son víctimas se pretende fundamentar en la serie de incidentes públicos surgidos con motivo del deficiente equipamiento sanitario de la zona Suroeste.Según la empresa, las viviendas de Villafontana II son de protección oficial, calificadas por el Ministerio de la Vivienda entre el 3 de junto de 1975 y el 10 de octubre de 1977.

«Un año después de construidas las viviendas -dicen los directivos de la empresa- se inició una intensa campaña de desprestigio de la urbanización por parte de un reducido grupo de vecinos, cuya intensa actividad desembocó en repetidas denuncias que se presentaron siguiendo modelos preestablecidos. Como consecuencia de las mismas, el 15 de septiembre de 1976 la Dirección General de la Vivienda impuso la primera sanción.

La Delegación Provincial de la Vivienda propuso una nueva sanción por incumplimiento de los plazos fijados para reparación y acondicionamiento de las viviendas, con fecha 12 de diciembre de 1977. «Contra esta sanción presentamos las alegaciones correspondientes, que, aunque fueron estimadas en parte, produjeron el extraño efecto de que la Dirección General de la Vivienda elevase incomprensiblemente el importe de dicha sanción a 6.700.000 pesetas. Todo esto sucedió mientras en el mismo departamento se concedían calificaciones definitivas a las mismas viviendas y en la misma urbanización.»

Tras esta sanción, y, antes de que se impusiera la del viernes pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo multó a la constructora con 944.000 pesetas más.

Según el grupo de empresas de Villafontana II, los expedientes del Ministerio de la Vivienda «adolecen de vicio de nulidad radical, por cuanto las sanciones impuestas se apartan sustancialmente de las correspondientes propuestas de resolución, sin concederse a las empresas expedientadas las más elementales garantías procedimentales de audiencia y trámite de alegaciones». Para los promotores, la serie de deficiencias que se imputan carecen de las precisiones que permitan su identificación. «No concurren en ellas las exigencias legales que condicionan la sanción administrativa de las mismas. Algunas se reputan como normales en los propios informes de la Administración y en algún caso, como en el de las humedades sancionadas, las brigadas de mantenimiento de las empresas se cansan de recorrer inútilmente las viviendas sin poder localizar la mayoría de las veces las supuestas deficiencias.»

Todos los pisos de la urbanización Villafontana II están vendidos, aunque la última fase se demoró en parte, debido precisamente a las primeras protestas vecinales, de las que se hicieron eco los medios de difusión. Según ha podido saber EL PAIS, al parecer fue una persona íntimamente ligada a la vida municipal de Móstoles quien compró los pisos que aún quedaban por vender, alguno de los cuales ha sido puesto a la venta posteriormente.