Críticas generalizadas por el retraso en el tema naval

Representantes de las empresas de construcción naval, de los comités de empresas y sindicatos representados en las mismas y de la Administración, se reunieron ayer durante varias horas en el INI con objeto de comenzar una nueva ronda de negociaciones y estudio de los problemas del sector. En principio se pretenden plantear los que afectan a las tres grandes empresas (AESA, Astano y Bazán), en las que el INI tiene posición predominante. La reunión de ayer puede calificarse de informativa sobre la situación actual. El próximo jueves se mantendrá otro contacto formal de todas las partes, en el que se abordarán ya estudios concretos y sectorializados sobre lo que puede hacerse a corto y medio plazo. De forma inmediata el problema de Astilleros Españoles es el que centra las preocupaciones más acuciantes.

La situación de Astilleros Españoles y de la zona en donde esta empresa desarrolla parte importante de su actividad, la provincia de Cádiz, viene siendo considerada como explosiva incluso por las autoridades locales desde hace varios meses. La actuación del presidente de AESA, Fernando Benzo, diputado de UCD por Madrid, ha sido calificada a lo largo de estos últimos meses como «irresponsable, imprudente, temeraria e inoportuna», calificativos en los que existe una amplia coincidencia entre diversos sectores sociales y políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, en la Administración central y en la periférica.Hace unos días, la dirección de la empresa leyó una nota a los comités de empresa de Astilleros Españoles de Puerto Real y Astilleros de Cádiz, que, posteriormente, colocó en el tablón de anuncios.

La nota explica ampliamente la crítica situación de la empresa, culpando al Gobierno de falta de decisiones para ayudarla a superar la crisis. Según dicho documento, las pérdidas de AESA en el año actual ascenderán a 6.800 millones de pesetas, lo que supone reducir casi acero el valor del patrimonio. De acuerdo con estos datos, Astilleros iría a la quiebra en el curso del presente año.

Ante esta situación, la empresa expresaba su intención de solicitar un expediente del regulación temporal de empleo hasta diciembre de 1978, a menos que «se produjesen las tantas veces prometidas ayudas al sector o éste fuese objeto de la reestructuración que se anunció oficialmente en el pasado mes de noviembre», en cuyo caso «la situación podría variar».

La decisión de la empresa y de su presidente, señor Benzo Mestre, causó un profundo impacto en el sector laboral gaditano y en medios oficiales, ya que una empresa perteneciente al Instituto Nacional de Industria, que depende, a su vez, del Ministerio de Industria y Energía, «no puede tomar decisiones de tal trascendencia política, social y económica, sin consultar a superiores instancias, por muy, crítica que sea la situación de la empresa», manifestó a EL PAIS un funcionario de un ministerio económico. «En todo caso, la presentación de este tema como desafío al Gobierno por parte de una empresa pública y de un presidente que es diputado de UCD es, cuando menos, inadmisible», agregó,

En medios solventes se ha señalado también que la actitud de la empresa a lo largo de todo este proceso debe ser calificada de bastante torpe, por su escasa capacidad de diálogo con los representantes de los trabajadores, a los que se debería haber explicado más directamente la crisis.

Por otra parte, la responsabilidad del Gobierno en el tema tampoco es descartable. Desde hace meses se vienen anunciando medidas de apoyo, saneamiento y reestructuración en un sector como este, que se encuentra afectado por la crisis económica desde hace años, agravada en el otoño del año pasado, cuando se elevaron los tipos de interés para la compra de barcos a los armadores españoles, lo que motivó una fuerte reducción de pedidos. Aquellas medidas de índole financiera, elaboradas por el equipo de Fuentes Quintana, tenían por objeto liberalizar el sistema financiero, pero sin calcular el coste económico y social, que está demostrando ser demasiado elevado. Esto, unido a los sucesivos aplazamientos en la adopción de medidas industriales, ha dejado a la empresa pública en una situación tan delicada como comprometida en su futuro. Puestos a buscar responsables, las fuentes consultadas por EL PAIS estos últimos días han proporcionado una larga lista de responsables, de la que no está ausente prácticamente ninguno de los protagonistas del tema.