El Congreso pide al Gobierno que se interese por los desaparecidos chilenos

El Pleno del Congreso de Diputados acordó ayer, con la abstención del grupo parlamentario de Alianza Popular, pedir al Gobierno español que se Interese por las personas desaparecidas en Chile a raíz del golpe militar que instauró la dictadura en aquella República latinoamericana.La resolución parlamentaria se tomó a propuesta socialista, después de que la Cámara hubiera aprobado la alteración del orden del día del Pleno para introducir aquella moción, defendida por sus líderes y atacada por Manuel Fraga Iribarne, quien insistió en que Alianza Popular no votaba en contra, sino que se abstenía de votar.

En el texto aprobado por la Cámara se indica que entre los desaparecidos en Chile se hallan súbditos españoles y se pide al Gobierno que se interese «por su sometimiento a procesos regulares y por su liberación, en su caso. Igualmente -sigue la resolución parlamentaria- se solicita al Gobierno se dirija a las Naciones Unidas, para que, a través de sus órganos competentes, se inste al cumplimiento de las resoluciones en esta materia». La referencia a la ONU molestaría especialmente al señor Fraga, que pasó a justificar su abstención.

Manuel Fraga (AP). Mantenemos una larga práctica de aplicación de la doctrina Estrada sobre el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. La referencia a la ONU es absolutamente inadecuada, porque se trata de una organización de Estados y no de una entidad supranacional. La mentamos la discriminación con respecto a determinados países en los que ocurren procesos parecidos o más graves que los que aquí se citan, y sobre los que no se dice nada.

Gregorio Peces-Barba (PSOE). Una declaración parlamentaria de solidaridad con otro pueblo nunca es una pérdida de tiempo. Temas como el que tratamos no afectan al derecho interno de un país, sino que afecta a todos los ciudadanos, porque se refiere al derecho a la vida.

Enrique Tierno Galván (Grupo Mixto). Me ha sorprendido la abstención de Alianza Popular. Tengo que decir que defiendo esta moción, entre otras razones, por una cuestión de gratitud. El Parlamento chileno tomó, en 1965, una resolución de solidaridad conmigo cuando fui expulsado de la Universidad española. Cuando se trata de un problema ético, por otra parte, no se puede aludir a ningún derecho positivo para justificar un voto en contra o una abstención. (Tierno Galván fue el único diputado aplaudido durante este debate.)

Ramón Tamames (Partido Comunista). Hablamos de problemas derivados de un régimen que se instauró por la fuerza en 1973. Fuentes fidedignas señalan que aquel golpe militar costó la vida a cerca de 4.000 personas, produjo la detención de unos 20.000 individuos y mantiene desaparecidos a una multitud de ciudadanos. Sigue habiendo desaparecidos. Nuestra resolución no choca con la doctrina Estrada. Nos pronunciaremos en favor de los derechos humanos sea el país que sea aquel en el que se produzca su violación.

José Pedro Pérez Llorca (UCD). Entendemos que hablar de derechos humanos no es una pérdida de tiempo. Los derechos humanos, como la ciencia, no tienen ni padres ni fronteras. Los derechos humanos son patrimonio de los ciudadanos del mundo, y en este sentido se habla en el borrador constitucional que elaboramos en España. Los asuntos concernientes a los derechos humanos no contra dicen la doctrina Estrada.

José Ángel Cuerda (Minoría Vasca). La solidaridad con el pueblo chileno la pedimos desde el corazón de un pueblo que siempre fue bien acogido en América Latina y en Chile. Mientras todos los pueblos no sean libres, tampoco lo seremos nosotros.

Maciá Alavedra (Minoría Catalana). Tenemos la obligación moral de defender los derechos de las personas oprimidas. La teoría de no intervención ha sido útil a la dictadura española en los últimos años.

Marta Mata (Socialistas de Cataluña). Nos une con el pueblo chileno una fecha que es simbólica para Cataluña y para Chile: el 11 de septiembre. Nuestra solidaridad es total.

En base a esta promesa, el señor Guerra retiró la proposición de ley.

La mejor reserva natural de Europa

Seguidamente, Juan Colino (PSOE) defendió la proposición de ley sobre el parque nacional de Doñana, del que dijo que, a pesar de su excepcional importancia ecológica, como verdadera aula viva de naturaleza y como la reserva natural más destacada de Europa, se encuentra actualmente amenazado. Encuadró el descuido gubernaniental hacía el parque de Doñana dentro del enfoque general de los problemas ambientales que, en su opinión, requieren una firme voluntad política; un respaldo de la opinión pública; la movilización de los medios financieros necesarios, y la existencia de una administración apta para resolverlos.

El señor Colino aseguró que el balance del Gobierno es negativo en esta materia, y destacó especialmente el desprecio hacia las aves, «que no tiene precedentes -dijo- en los crímenes ecológicos de la Humanidad».

En nombre del Gobierno, el diputado de UCD Félix Manuel Pérez Miyares se refirió a la minuciosidad del proyecto de ley del Gobierno sobre el parque de Doñana, elaborado por la CIMA con intervención de numerosos organismos, y en el que se contienen todas las garantías y objetivos que pretende el grupo socialista.

De acuerdo con esta posición, UCD se abstuvo en la votación, gracias a lo cual la proposición de ley fue tomada en consideración y tal vez será discutida conjuntamente con el proyecto de ley del Gobierno en la Comisión Espácial de Medio Ambiente que preside el ucedista Juan Ignacio Sáenz Díez.

En la explicación de voto, José Sendra, por la Minoría Catalana, explicó el voto afirmativo de su grupo, que permanece atento al respeto hacia los valores naturales, perjudicados, en el caso del parque Doñana, por la industrialización y el turismo.

Concursos de traslados del profesorado

El Congreso de Diputados aprobó ayer por mayoría un dictamen del Ministerio de Educación y Ciencia por el que queda en suspenso el artículo 123 de la ley General de Educación, que obliga al profesorado a permanecer dos años en el mismo puesto. La vigencia de la suspensión es de cinco años. Según este dictamen aprobado, «el profesorado perteneciente a todos los cuerpos docentes podrá participar en los concursos de traslado, de acceso o de méritos, cualquiera que sea su permanencia activa en el destino anterior». La ley fue aprobada por 279 votos a favor y cuatro abstenciones.