Desmilitarizar la marina mercante

Hace unas semanas salió de la prisión Modelo de Barcelona, un marinero procesado por la jurisdicción militar, y al que se le acusa de uno de los delitos tipificados en la vigente ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante (LPDMM). No se sabe de qué delito concreto se le acusa, pero se ha pasado ya nueve meses en la cárcel. De los hechos que se conocen podemos deducir que el «delito» del marinero Ramiro Lago Mato fue discutir, con toda la violencia acumulada en un pesquero que lleva más de un mes alejado de su patria y donde el trabajo está organizado por, un implacable destajo, con el patrón de pesca del barco. Simplemente una discusión en horas de trabajo entre obrero y capataz. Por orden de la Comandancia de Marina de Barcelona, el marinero ingresó en prisión el 28 de julio de 1977. Ni él ni su abogado saben todavía por qué le procesa la jurisdicción militar...No se trata de una excepción, como en el célebre caso de Albert Boadella y Els Joglars. Aquí estamos ante la aplicación de una norma mediante la cual un trabajador de la mar, cualquiera que sea su puesto de trabajo a bordo, puede ser juzgado en consejo de guerra por supuestos delitos que nada, absolutamente nada, tienen que ver con lo militar.

La LPDMM, promulgada en 1955 e inspirada en el código fascista italiano de navegación, está basada sobre una serie de valores que se consideran superiores y a los que se subordina la vida a bordo: disciplina a ultranza hacia los superiores -incluso, aunque el capitán o el patrón del buque se haya equivocado. el artículo 92 de la ley recomienda a las autoridades de marina sostener sus decisiones-, elitismo de un sector de la tripulación, la oficialidad, frente al resto de los trabajadores (insultar o maltratar a un contramaestre, en vez de a un piloto, constituye circunstancia atenuante, el insulto a superior se castiga con pena de prisión menor, hasta seis años, mientras el insulto a inferior recibe sólo la de arresto hasta seis meses).

La ley, concebida con criterios corporativistas y totalitarios, considera el trabajo a bordo como un deber y un servicio, no como un derecho y una fuente de ingresos. Toda la problemática sociolaboral es reducida prácticamente a una simple cuestión disciplinaria. Su utilidad ha sido clara para el beneficio sin tasa de los armadores: la marina mercante ha callado hasta muy recientemente sus gravísimos problemas laborales por el temor a la ley y a un consejo de guerra.

Por si esto fuera poco, todos los servicios civiles de la marina mercante en relación con los trabajadores están a cargo de las Comandancias de Marina y del personal militar que las ocupa.

La situación de permanente militarización de la marina mercante es grave y resulta lastimoso contemplar la importancia que se concede a ciertos casos individuales mientras se olvida -o no se pone el suficiente interés- en cambiár una situación que afecta a decenas de miles de trabajadores. Cierto es que la mayor responsabilidad en la lucha por acabar con el militarismo en el sector nos corresponde a nosotros, los trabajadores de la mar, y es por ello que en la última coordinadora del Sindicato Libre de la Marina Mercante -que agrupa al 80 % de los trabajadores del sector- se decidió la preparación de una huelga general si la Administración (¿se cumplen o no se! cumplen los pactos de la Moncloa?) no satisface con urgencia nuestras exigencias.

La LPDMM debe ser abolida de inmediato y sustituida por un código de conducta a bordo que penalice tan sólo aquellas conductas que pongan en peligro la seguridad de la navegación y de los tripulantes, y que contemple las facultades disciplinarias de los capitanes desde una nueva óptica democrática. La jurisdicción militar ha de ser borrada del mundo laboral marítimo: como cualesquiera otros ciudadanos. En cuanto a las Comandancias de Marina, el actual Ministerio de Transportes debiera iniciar los estudios pertinentes para, en plazo máximo de un año, sustituirlas por órganos civiles no militares, revisando, naturalmente, las excesivas facultades, sobre todo de tipo sancionador, que tienen hoy las Comandancias.

La nueva situación de marcha hacia la democracia exige que estas reformas se acometan de inmediato.. Y que nuestra voz, sea escuchada y tenida en cuenta.