Los partidos políticos trasladaron sus intereses electorales al debate constitucional

La lucha de los partidos políticos por alcanzar o conservar el poder, a través de los votos, en las próximas elecciones generales fue ayer trasladada al debate parlamentario sobre la Constitución. La inclusión o no en la Constitución de la distribución de los escaños del Congreso de Diputados «en proporción» -he aquí el término en litigio- a la población, dividió a los grupos en dos bloques y puso de manifiesto las mayores expectativas electorales de la izquierda y de las fuerzas nacionalistas en las zonas industriales, más pobladas, y la mayor esperanza de voto por parte de UCD, y, sobre todo, de AP, en las zonas rurales y de menor densidad demográfica.La estrategia electoral e cada uno de los partidos subyacía en la mayoría de los planteamientos dialécticos mantenidos en la Comisión Constitucional, a pesar de las apelaciones patrióticas al interés general y a la consolidación de la democracia.

Por parte de UCD, que mientras continúe en el Gobierno y tenga a su derecha a AP tiene la llave del sistema electoral que pueda serle más propicio, las apelaciones a la neutralidad constitucional sobre este tema eran un «valor entendido» en favor de quedar con las manos abiertas para optar en su momento por el procedimiento que le sea más favorable. Ambos partidos reúnen en el Congreso la mayoría absoluta necesaria para hacer aprobar una nueva ley orgánica electoral.

Los socialistas, que habían presentado enmiendas propugnando el sistema proporcional, aceptaron transigir en el silencio constitucional sobre este tema, siempre que la Constitución establezca que cada diputado representará a un número sensiblemente igual de ciudadanos a fin de evitar la posibilidad de que en zonas rurales un diputado cueste varias veces menos votos que en una zona industrial.

Los líderes que Alianza Popular fueron los únicos en manifestarse públicamente en favor de un sistema mayoritario, aunque, según dijeron, no corresponde a su interés partidista. Alianza Popular podría estar interesada en este sistema, sin embargo, para forzar, a través de un procedimiento electoral, la formación de dos grandes bloques, es decir, su futura integración en UCD o en una coalición de derecha.

Es precisamente esta posibilidad de que el sistema electoral se instrumentalice para la decantación política del país en dos grandes bloques electorales la que preocupa a los socialistas, hasta el extremo de renunciar a su específico interés partidista que, en buena lógica, debía propugnar un sistema mayoritario.

El PSOE no está interesado, y así lo han manifestado sus líderes en diversas ocasiones, en verse forzado a una coalición con el Partido Comunista de España -a lo que le podría llevar un sistema mayoritario-, sino en ocupar un lugar hegemónico en la izquierda, sin que ésta se presente formalmente unida.

Felipe González manifestó a EL PAIS que la situación actual «demanda evitar la dialéctica política de dos bloques». De ello depende, a su juicio, la consolidación de la democracia. «Hay grupos parlamentarios pequeños que cumplen un gran papel -añadió-. Una ley electoral mayoritaria significaría su desaparición o su incorporación a otro partido o bloque electoral para subsistir.» Este es el argumento que exhibe el PSOE para apoyar la constitucionalización del sistema proporcional, aunque este punto podría ser negociado.

En lo que los socialistas no parecen dispuestos a transigir es en que la Constitución no establezca el principio de que cada diputado representará a un número sensiblemente igual de ciudadanos (fórmula que le ha sido ofrecida para evitar el término porporcionalidad), porque es la única garantía de que el voto de las zonas más pobladas -en las que su partido tiene fuerza- tendrá la representación parlamentaria adecuada.

Dos artículos aprobados

Los artículos 61 y 62, con los que se inicia el título III, «De las Cortes Generales», fueron aprobados por unanimidad. Una enmienda del señor López Rodó (AP), para que se modificara el epígrafe del título y pasara a denominarse sólo «De las Cortes» fue derrotada por dos votos a favor, veinte en contra y trece abstenciones (Socialistas y Grupo Mixto). Prosperó, por el contrario, por unanimidad una enmienda in voce de los Socialistas de Cataluña para añadir un nuevo apartado al artículo 61 en el que se dijera: «Las Cortes Generales son inviolables.» El señor Letamendia defendió una enmienda para que en el apartado dos del artículo 62 se afirmara que los miembros del Congreso «representan a los pueblos del Estado». Fue derrotada sin ningún voto a favor.