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Entrevista:

"El fraude fiscal ha sido fruto de la connivencia de la sociedad y la Administración"

A los representantes de los grupos mayoritarios del Congreso -UCD y PSOE-, que han expuesto los martes y jueves de esta misma semana su postura ante los debates sobre el proyecto de ley de Impuesto sobre la Renta, que comenzarán en la tarde del próximo lunes, sigue hoy Ramón Trias Fargas, ponente en la Comisión por la Minoría Catalana. Consciente del papel asignado a los grupos minoritarios en la actual mecánica parlamentaria, el diputado catalán expresa, no obstante, sus dudas y temores respecto al ritmo de aplicación de la reforma, aunque se muestra conforme con la generalidad de los fundamentos técnicos del proyecto. Escribe Enrique Badía.

Pregunta. ¿Qué grado de consenso se ha alcanzado entre los miembros de la ponencia que redactó el informe del proyecto de ley remitido por el Gobierno, cara al inicio de los debates en el seno de la Comisión de Hacienda del Congreso?Respuesta. Debo decirle que, desde un punto de vista estrictamente técnico, es decir, si nos halláramos ante un grupo de estudiantes en la Universidad, las discrepancias no serían muchas, pero en la realidad de las cosas se pueden hacer varias observaciones. En primer lugar, es irritante que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo siempre que haga falta, prescindiendo de los demás. Y todavía resulta más irritante darse cuenta de que las minorías sólo son escuchadas a veces por aquello de los buenos modales y de lo que diría la calle, más que porque se piense tener en cuenta sus argumentos. En segundo lugar, me parece que la reforma fiscal, pero sobre todo el proyecto de impuesto sobre la renta que hemos tenido estas últimas semanas sobre la mesa, es lo que yo llamaría humanamente un impuesto sin misericordia y, políticamente, un impuesto sin posibilidades futuras. Me parece un impuesto sin misericordia porque persigue fiscalmente los rincones más inverosímiles, con un criterio detectivesco que más parece el de un inquisidor judicial que el de un fiscalista constructivo. Por lo demás, lleva las cosas al límite teórico dentro de una economía de libre iniciativa, hasta tal punto que si un día mandara la izquierda en este país, poco podría añadir a los textos que se van a aprobar, como no fuera tocar las tarifas marginales. Llevamos, pues, a la oposición a programas que trascienden del campo fiscal para entrar, por falta de otra cosa, en el terreno del modelo de sociedad.

P. Su valoración personal del proyecto parece ser, por tanto, la de que se ha ido demasiado lejos...

R. Se ha dicho con razón que un buen sistema fiscal es aquel que se adapta a la sociedad, cuya colaboración económica pretende obtener y es más capaz de conseguir el asentimiento voluntario del público. Como es lógico, esto requiere tiempo, como lo requiere el derecho consuetudinario, para que la sociedad haga suyos los postulados fiscales. Por eso se ha dicho también que los impuestos, antiguos o viejos, de largo plazo de aplicación, suelen ser buenos impuestos. Y lo suelen ser, no porque necesariamente sean buenos en sí, sino porque el público los entiende y acepta. Por eso creo que toda reforma fiscal, y esta es la experiencia de los países civilizados de Occidente, debe ser paulatina, pausada en su ritmo y firme en la toma de las cotas que se vayan presentando. Lo que menos me gusta de la actual reforma fiscal es su ritmo acelerado global. La introducción radical de un sistema totalmente nuevo que va a preocupar al país y le va a introducir de nuevo en los mecanismos del fraude, todo ello en pocos meses.

P. ¿Qué ritmo de aplicación de la reforma hubiera aconsejado usted?

R. Creo que lo primero que habría tenido que hacerse es modificar la moral del contribuyente español, acostumbrado a defraudar; para ello, el primer paso es convencerle de que efectivamente ha cambiado la moral del Estado español, cosa de lo que todavía no se ha dado ninguna prueba. No hay que olvidar que en el fraude colaboraron, más o menos durante cuarenta años, más o menos alegremente, la Administración pública y los ciudadanos. Volviendo a su primera pregunta, verá que el consenso existe probablemente en lo que a la técnica se refiere, al menos por mi parte, pero no lo hay en cuanto a una serie de aspectos más generales y muy importantes que entraña toda reforma fiscal.

P. ¿Respecto a qué puntos concretos y en qué grados existe discrepancia por parte de su grupo frente al texto que será debatido en la comisión parlamentaria? Estoy pensando en aspectos como las plusvalías, el tratamiento de la familia y otros.

R. Como usted comprenderá, no podemos descender a los mil y un detalles sobre los que podríamos discrepar. Ya le he dicho que en términos generales consideramos que es un proyecto técnicamente adecuado, sobre todo si lo completamos con las ya promulgadas medidas de urgencia fiscal. El ritmo es lo que a mí me parece más importante, y en eso no estoy de acuerdo. Considero que con la tipificación del delito fiscal y la supresión del secreto bancario se han dado pasos de gigante, con vistas a lograr una modernización de la relación fiscal entre contribuyente y fisco, que no quiere decir pugna y antagonismo. Ello hubiera sido suficiente y hubiéramos podido mantener un par de años más el sistema fiscal vigente. De alguna manera, hubiese sido interesante observar el comportamiento del sistema sin fraude fiscal. Ahora bien, también comprendo que el sistema anterior adolecía de importantes defectos, especialmente en lo que se refiere a su evidente regresividad y que algo había que hacer para modificar la situación. Está bien un impuesto sobre la renta, universal y sintético, pero yo habría puesto a la familia por lo menos en igualdad de condiciones con las uniones irregulares y no en inferioridad como se ha hecho. Habría admitido los incrementos de patrimonio, pero para empezar hubiera procurado que no fuesen retroactivos, en vez de buscar fórmulas más o menos tramposillas a estos efectos. Hubiera buscado también unas tarifas especiales para estos incrementos y, en general, las habría introducido poco a poco; no habría tratado de aplicar al máximo lo recomendado por la Comisión Carter de Canadá, aceptando nuestro Gobierno lo que no aceptó el canadiense. En toda la ley hubiera tenido en cuenta los efectos inflacionarios, tanto para las rentas directas como para los incrementos de patrimonio, con correcciones automáticas y no discrecionales, por no decir arbitrarias, del Gobierno, como pretende el proyecto. En un terreno más concreto, habría eximido de imposición la vivienda propia que tanto hemos procurado entre todos popularizar. En cambio, hubiera incluido entre las rentas la Lotería Nacional y las quinielas balompédicas, que algún funcionario de Hacienda ha tenido tanto interés en proteger. En general, hubiera procurado tener más en cuenta ese equilibrio que debe existir entre una mayor igualdad y justicia sociales que todos deseamos y una mayor eficiencia del sistema frente al ahorro y la inversión, sin los que la sociedad no progresará. Me temo que el proyecto tal como ha quedado redactado se inclina, de una manera un tanto frívola, a favor del primer postulado y olvida, con consecuencias que no tardarán en manifestarse, el segundo aspecto de la cuestión. Y sobre todo, si lo que se ha querido es tener la coquetería de la modernidad en lo técnico y de una puesta al día rabiosa de nuestra fiscalidad, creo que podríamos haber dedicado más tiempo al informe del profesor Meade, del que podríamos haber aprendido muchas cosas a la hora de equilibrar los impuestos entre renta y consumo. No con el antiguo sentido de regresividad que conferían los impuestos indirectos, sino con el moderno criterio de que la desigualdad de los ingresos debe producirse para que el ahorro y la inversión sigan siendo individuales y, por tanto, libres, mientras que el consumo debe ser fuertemente igualitario, entre todos para que se produzca la justicia. Así, de memoria, no se me ocurre nada más al respecto.

P. Partiendo de la hipótesis de que fuera su partido y no UCD el que ocupara el Gobierno, ¿qué proyecto hubiera remitido a las Cortes? ¿Cuáles serían sus diferencias sustanciales con el que comenzará a debatirse el lunes?

R. Resumiendo lo anterior, lo único que puedo añadirle es que si nosotros hubiéramos estado en el Gobierno no habríamos discrepado radicalmente de las tesis de UCD, pero sí hubiéramos adoptado actitudes dispares en cuanto al ritmo y algunos aspectos singulares de importancia.

P. Suponiendo que el proyecto es aprobado, ¿considera usted que la Administración tributaria española está en condiciones de hacer cumplir sus normas?

R. La verdad es que esas son interioridades del aparato burocrático que no conozco demasiado bien, pero tengo la impresión de que si en otros países es posible administrar bien el fisco, también podría ser posible en España. De todas formas, tengo mis dudas de que esto se produzca a corto plazo, porque no hay que olvidar que cuando nuestra Administración fiscal fue un auténtico desbarajuste en los tiempos del franquismo, los encargados de impedir que perpetuara no eran personas demasiado distintas de las que ahora aseguran que todo va a funcionar muy bien. Ya he dicho antes que es muy cómodo tratar a los españoles como si fuéramos un atajo de delincuentes. La primera que debe demostrar un cambio técnico y moral en profundidad es la Administración pública. Veremos si es capaz de hacerlo. Personalmente, espero que sí.

P. Ya para concluir. ¿Qué considera usted que debe esperar el contribuyente español de la reforma y, concretamente, de la nueva ley del Impuesto sobre la Renta?

R. Creo que el contribuyente debe sentir el deber de pagar bastante más de lo que paga hasta ahora en todos los escalones de ingresos. A cambio, eso sí, de unos servicios públicos adecuados, de los que nadie habla. El hecho de que hayan reducido un poco las tarifas no nos debe llevar a engaño. Supongamos que la inflación continúa en este año a un ritmo medio del 18 %. Una simple regla de tres demostrará que la renta disponible, o sea la resultante después de pagar los impuestos, será la misma o ligeramente inferior a la que teníamos a comienzos del período. A no ser que cada año se vayan reduciendo las tarifas en cuantías que compensen la inflación, eso de que el contribuyente pagará menos con la ley en la mano no tiene ningún fundamento. No basta con decirle la verdad al ciudadano, hay que decirle toda la verdad. Ocurre lo mismo con la publicación de las declaraciones de renta. Se limita su acceso a los diputados y senadores de las comisiones de Hacienda, que podrán utilizarlas con fines parlamentarios; es decir, podrán exponerlas en comisión o pleno. De ahí a que aparezcan en la prensa no media más que un paso. De lo que sí quiero dejar constancia, con independencia de lo que vaya a suceder realmente, es de que la reforma fiscal representa un cambio técnico radical, que implica unos conocimientos a fondo de las técnicas fiscales por parte de los autores del proyecto y una gran ilusión por su parte de que España entre en el camino de una fiscafidad moderna. Desde 1963, vengo diciendo y escribiendo que sin una fiscalidad fuerte y progresiva la libertad y la democracia no son posibles. De lo único que no estoy seguro es de que la impaciencia en alcanzar los objetivos sea el mejor camino para asegurarlos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de junio de 1978

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