Aprobadas las cuentas del Estado para 1974 y 1975

La primera parte de la sesión concluyó con la toma en consideración de una proposición de ley de la Minoría Catalana en favor de los derechos de la mujer en el matrimonio, en lo que se refiere a la vecindad civil. La citada proposición de ley, que defendió Miguel Roca y sobre cuyas imperfecciones advirtió el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, pasa a la Comisión de Justicia para su debate pqrmenorizado.El marco del Pleno fue un hemiciclo con escasa presencia de diputados, excepto en los momentos en que, a través de los micrófonos interiores, los secretarios de la Cámara avisaban de la proximidad de las votaciones. En varias ocasiones los diputados, sin excluir a los miembros del Gobierno, llegaban materialmente corriendo, con el tiempo justo para emitir su voto por el procedimiento electrónico ,durante los treinta segundos de plazo previstos para ello.

Los primeros proyectos de ley sometidos a votación fueron los que aprueban la cuenta general del Estado correspondiente a los ejercicios de 1974 y 1975. Ambos fueron aprobados con 111 votos socialistas en contra y veintidós abstenciones, la mayoría de ellas comunistas. El primero de los proyectos de ley citados obtuvo 156 votos favorables (UCD, Alianza Popular y restantes minorías) y el segundo con un voto favorable menos.

Por el Grupo Comunista, Ramón Tamames recordó que los dos elementos básicos para la aprobación de las citadas cuentas generales del Estado son la memoria y la certificación, ninguno de los cuales estaba a disposición de los diputados en el momento oportuno, por lo que su grupo presentó una enmienda. Según explicó el diputado comunista, el motivo de la omisión, más tarde subsanada era el hecho de que en las Cortes orgánicas se traspapelaron en al guna ocasión estos documentos, y la Administración había decidido no mandarlos si no eran solicitados expresamente por la Cámara.

El señor Tamames denunció la corruptela que ello significaba y, entrando en el fondo de la cuenta general de 1974, aludió al ingente aumento del gasto público producido.

Calificó al Tribunal de Cuentas, encargado de verificar la cuenta general del Estado, como un vestigio del pasado por la forma de su nombramiento, ya que la mayoría de sus miembros proceden de la misma Administración a la que tienen que controlar: el Ministerio de Hacienda. Declaró a tal tribunal como panteón de las cuentas del Estado español, aprobadas sin los debidos controles ni censuras y con mecanismos arcaicos.

Finalmente, el señor Tamames dijo que el Gobierno debería haber presentado ya un proyecto de reorganización del Tribunal de Cuentas, y señaló que éste, como la mayoría de los pactos de la Moncloa que no tienen fecha, ha sido dejado por el Gobierno para las calendas griegas.

El socialista Félix Pons hizo suyos los argumentos del señor Tamames -que había anunciado la abstención de su grupo- y se refirió al voto contrario de los socialístas por la desviación de poder permanente en la utilización de los fondos públicos que las cuentas generales citadas ponían de manifiesto, a magen y semejanza del antiguo régimen.

Por UCD, Juan José Rovira Tarazona se refirió al voto favorable de su grupo y a la incoherencia de los que, habiendo aceptado el dictamen de la Comisión, ahora expresaban un criterio distinto.

El señor Rovira se congratuló de que por primera vez hubiera un debate sobre las cuentas generales del Estado, previsto legalmente desde 1911, pero que en la realidad no se había producido ni durante la Monarquía, ni en tiempo de la dictadura ni de la República. Por último expresó su máximo respeto para los miembros del Tribunal de Cuentas.

Manuel Fraga, por Alianza Popular, se mostró más contundente, al calificar los ataques al Tribunal de Cuentas como inoportunos. Añadió que decir que se trata de un vestigio del pasado no es, en su opinión, una acusación.

Al margen de estas consideraciones, el señor Fraga pidió que en el año actual la Administración debe llevar a las Cortes las cuentas generales del Estado de 1976 y 1977, a Fin de que en el próximo año la Cárnara pueda ejercer sobre la cuenta de 1978 una función paralela a la que le corresponde respecto a los presupuestos.

Insistió en la continuidad necesarla del Estado, por encima de cambios políticos, a través de las instituciones militares, educativas y financieras, «aunque algunos grupos lo olviden ».

Dinero para los ayuntamientos

El proyecto de ley de elevación del importe máximo de las opera ciones de crédito a concertar por las corporaciones locales para finan ciación de presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas al 31 de diciembre de 1976 fue aprobado por 178 votos a favor, tres en contra y 102 abstenciones, estas últimas correspondientes a los socialistas, así como los votos en contra.

En defensa del proyecto de ley intervino, por UCD, Baudilio Tomé, quien manifestó la necesidad de dotar de medios a las haciendas locales, al margen de consideraciones partidistas.

En la explicación de voto, el socialista Luis Fajardo justificó la actitud abstencionista de su grupo en el objetivo del proyecto de ley de continuar proporcionando medios financieros a unas corporaciones no democráticas, a causa del retraso en las elecciones, imputable a la derecha y concretamente -según dijo- a Unión de Centro Democrático y Alianza Popular. Insistió en la inconveniencia de hipotecar a las corporaciones democráticas que han de venir, mediante la dotación económica a unos concejales no representativos que en su mayoría son franquistas confesados, supernumerarios o excedencia, o nuevos cuadros de UCD colocados en la Administración local para una situación transitoria que se va haciendo muy larga.

Dirigiéndose al ministro del interior, que se encontraba en su escaño y sonrió ante la alusión, el señor Fajardo recordó la frase pronunciada recientemente en el extranjero por el señor Martín Villa de que hará todo lo posible por que el PSOE no acceda al poder.

El señor Tamames explicó en esta ocasión el voto comunista favorable al proyecto de ley, al margen de la situación política predemocrática en la que se encuentran los ayuntamIentos. El señor Tamames calificó al Banco de Crédito Local como «agencia de crédito prestiglosa» y señaló que no parecen existir situaciones anómalas en el proyecto de ley citado.

En igual sentido se expresó el diputado de la Minoría Catalana Macía Alavedra, quien justificó el voto afirmativo de su grupo en el hecho de tratarse de gastos ya producidos.