"Las políticas de ajustes no pueden olvidar nuestro horizonte a medio plazo"

Pregunta. ¿Cómo ve la OCDE las perspectivas de la economía internacional a medio plazo?Respuesta. La OCDE está preocupada por la situación económica y por las perspectivas que se manifiestan actualmente, que no hacen pensable un cambio espontáneo de tendencias. Por ello está cada vez más interesada en analizar el ámbito del medio plazo, explorando escenarios más allá del horizonte habitual de un año.

La preocupación fundamental estriba en la necesaria recuperación de la senda de crecimiento económico. Después del ajuste operado en las grandes economías de la OCDE, a raíz de la crisis del petróleo, se admitía que habría una recuperación de las tasas de crecimiento hasta cotas próximas a las de antes de 1973. De acuerdo con esto, la crisis del petróleo habría producido un escalón hacia abajo en términos del PIB, pero no modificaría la tendencia una vez corregido el desequilibrio. Tras los bajos crecimientos del 74 y 75, 1976 fue un año de esperanza (los cuatro grandes países de Europa occidental crecieron al 4,7%) y se suponía que las mejoras en el frente de la inflación permitirían en los años posteriores aumentar esta tasa. La realidad ha sido muy distinta. La inflación sigue remitiendo y los crecimientos de 1977, en esos mismos países; han sido muy bajos (alrededor del 2,2%). Las perspectivas de 1978 son similares y nada permite asegurar un cambio en esta situación. Todo ello sigue produciendo actitudes pesimistas en cuanto al crecimiento y, como consecuencia, en la inversión y en el empleo. En este último punto la situación es especialmente grave en toda el área de la OCDE.

Las posibilidades de una acción voluntarista para modificar este cuadro pasan, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, por un esfuerzo concertado de todas las economías del área, pero poniendo el énfasis en aquellos países sin desequilibrios (con baja inflación y sin problemas de balanza de pagos). En la cumbre de julio en Bonn, los Gobiernos de las siete grandes economías de la OCDE decidirán si están dispuestos o no a este es fuerzo coordinado. En este sentido, la teoría de las locomotoras (fundamentalmente Alemania y Japón, arrastrando a los demás países), se sustituye por la teoría del convoy, en donde, junto a los dos anteriores, apoyan el relanzamiento también otros países como los del Benelux, Suiza y, en menor medida, Francia e Italia.

Bajo estas condiciones podría aumentarse hasta algo más del 4% la tasa de crecimiento del conjunto de los países de la OCDE sin deteriorar sensiblemente sus balanzas de pagos.

P. ¿Qué opinión merece a la OCDE las perspectivas de la economía española a: medio plazo?

R. En un contexto internacional como el anterior, de mayor solidaridad entre los diferentes países, la OCDE considera que la economía española tiene un importante potencial de crecimiento, a una tasa media que se estima en el 5,5% hasta 1985. El crecimiento de empleo podría ser cercano al 1,5%, lo que significaría en el horizonte 1985 una importante absorción del desempleo, que, según nuestras previsiones, se colocaría alrededor del 3,5 % de la población activa.

En estas hipótesis el impacto que se produciría en términos de balanza de pagos por cuenta corriente es relativamente moderado, siendo en 1985 el déficit inferior al de 1977 en términos porcentuales respecto, del PIB. España es el único país del área de los menos industrializados de la OCDE, en donde la restricción al crecimiento a través de la balanza se atenúa en los próximos años de forma sensible.

P. ¿Qué papel debe jugar el medio plazo en la economía española?

R. El objetivo de crecimiento que la OCDE estima alcanzable a medio plazo por nuestro país ha de ponerse en marcha a medida que se reducen los desequilibrios de nuestra economía. Las políticas de ajuste, indispensables, si se quiere que el futuro crecimiento sea sano y, a la larga, viable, no pueden olvidar nuestro horizonte a medio plazo, ni los problemas más acuciantes, en particular el del empleo.

Para hacer todo esto hay que ir a tasas de crecimiento elevadas para el PIB, hay que reasignar recursos ,desde el consumo a la inversión y a la exportación y hay que hacer que las nuevas inversiones generen empleo más intensamente que en los años pasados. No se olvide que los crecimientos del producto indudablemente altos de los años sesenta fueron escasamente creadores de empleo, absorbiéndose sólo mediante emigración a la Europa industrial el gap entre población activa y puestos de trabajo. La España del «milagro» produjo ciertamente prosperidad, pero no produjo empleo al ritmo necesario para dar trabajo a las nuevas generaciones. La tendencia histórica en aquel período fue un crecimiento del empleo de alrededor del 0,8% anual, frente a un aumento del PIB cercano al 7%.

El futuro crecimiento de la economía tiene que hacerse bajo supuestos radicalmente distintos. El desempleo es hoy cercano al 7% de la población activa y cada, año alrededor de 180.000 nuevas personas se incorporan en términos netos a la oferta de trabajo.

El esquema de crecimiento tendría que basarse en un crecimiento moderado del consumo y, por tanto, de las rentas, junto con una fuerte expansión por vía de inversiones -generadoras de empleo y de exportaciones- para impedir que los desequilibrios del sector exterior frenen el crecimiento económico. El sector público tendría un papel importante en la formación de capital, particularmente en la creación del equipamiento colectivo (educación, servicios urbanos), que la sociedad española demanda cada vez con mayor urgencia. Estas actuaciones públicas tendrían un impacto muy positivo en el empleo y cubrirían los evidentes déficit actuales, de servicios públicos. El trasvase gradual de desempleados a la población ocupada contribuiría a mantener una tasa razonable de aumento de la demanda de consumo, junto con el crecimiento de las rentas que, en este esquema, tendría que ser moderado si se quiere generar empleo.

Para crear inversión y que ésta sea generadora de empleo hay que crear, por tanto, unas condiciones distintas de crecimiento. Hay que producir una relación distinta de precios de factores. En buena parte, el crecimiento de los años sesenta se hizo subsidiando al capital y gravando al factor trabajo. Los incrementos salariales por encima de los incrementos de productividad han creado una transferencia muy fuerte de, margen de las empresas a rentas salariales, y ello trae consigo una caída de las inversiones de las empresas y una reorientación de éstas encaminada a sustituir trabajo. El resultado final de todo ello es que los incrementos de salarios mejoran el nivel de la población ya ocupada y crean al tiempo una barrera cada vez más alta a la entrada de nuevos activos en el empleo.

Además de generar más empleo las nuevas inversiones y, en general, toda la actividad económica, tendrán que utilizar menos energía por unidad de producto. La era de la energía barata se terminó en 1973. Para la mayor parte de las materias primas no energéticas estamos ante una situación parecida.

Es también preciso el empleo de una tecnología que responda mejor a la escasez relativa de factores de nuestra economía. Nuestro crecimiento pasado se apoyó en gran medida en procesos comprados a países de un nivel industrial y técnico muy superior y no en la tecnología generada internamente, más adecuada a nuestras condiciones. Los efectos de todo ello en la baja creación de empleo han sido indudables. La promoción de tecnología propia y la adaptación de la adquirida es, por tanto, una condición importante de nuestro futuro esquema de crecimiento.

Es necesario contar con una fiscalidad que no penalice la reinversión de beneficios ni el ahorro, que contribuya a capitalizar las empresas y que sea generosa en términos de amortizaciones, aunque sea por la via de gravar más fuertemente los beneficios repartidos y el gasto.

Finalmente, para conseguir un aumento sensible de formación de capital, se precisará contar con una financiación más abundante a medio y largo plazo, que llegue, además, al mayor número de empresas, y no sólo a las más grandes. Sin esta condición no es sensato suponer que se van a realizar nuevas inversiones.

El papel de las empresas públicas en la formación de capital tiene que pensarse como uno de los instrumentos clave en una política económica de medio plazo, que devuelva a nuestra economía a una senda fuerte de crecimiento. Las prioridades de generación de empleo, conservación de energía, exportación, promoción de tecnología, tienen que estar presentes en las inversiones públicas. Mal puede el Estado predicar estos principios a la sociedad si no es capaz de aplicarlos en su propia casa.

La reasignación de recursos tiene también una vertiente necesariamente sectorial. En temas sectoriales hay que trabajar a un nivel muy grande de desagregación, si no se quiere caer en simplificaciones peligrosas pretendiendo aplicar la misma medicina a enfermos en muy distintas circunstancias. Las crisis que atraviesan algunas actividades son consecuencia no sólo del deterioro general de la economía, sino también de la pérdida a veces irreversible de ventajas comparativas frente a otros países. Las reestructuraciones industriales, hoy necesarias, no pueden olvidar este hecho. En caso contrario, se estarán subvencionando indefinidamente estructuras productivas sin futuro, o empresas mal gestionadas, gastando, en ello recursos que estamos detrayendo a actividades con potencial de crecimiento. Por esto, las ayudas concedidas a los sectores en dificultades tienen que partir de compromisos ineludibles de reconversión por parte de éstos, llegando cuando sea preciso a suprimir actividades sin posibilidades de futuro y concentrándose en tal caso las ayudas en las personas afectadas, buscando su reintegración en sectores con mayor potencial. Hay que ayudar (y subvencionar si hace falta) a las personas, no a las piedras.

Todos estos puntos: crecimiento, inversión, generación de empleo, proceso de reasignación de recursos, constituyen los grandes temas cara al futuro. Su análisis no puede hacerse a espaldas de la sociedad, hay que abrir el debate entre las fuerzas sociales con una perspectiva de medio plazo para que éstas definan los objetivos, establezcan las opciones que se presentan y tracen las grandes líneas de acción que van a configurar a la economía y a la sociedad española en los próximos años.