Sentencia contra la ITT de la justicia norteamericana

Un juez federal norteamericano rechazó el viernes la petición de la compañía multinacional International Telephone and Telegraph (ITT), que pretendía mantener en secreto los detalles de presuntos pagos ilegales efectuados en el extranjero, entre 1970 y 1975, por un importe aproximado de nueve millones de dólares (unos 720 millones de pesetas).

George Hart ,juez del distrito de Columbia, anunció que la compañía tiene un plazo de veinte días para presentar un recurso contra su decisión, antes de que proceda a hacer públicos los detalles contenidos en la demanda presentada por una agencia gubernamental contra la ITT, en base a presuntas prácticas comerciales corruptas.Los abogados de la empresa dijeron que piensan recurrir contra la decisión del juez Hart, porque quieren proteger a las personas, países y compañías filiales citadas en la acusación hecha por la Securities and Exchange Commission, la agencia del Gobierno Federal que investiga el comportamiento comercial de las compañías estadounidenses.

Según los abogados, la ITT no se opone a que la agencia gubernamental revela de forma genérica los presuntos sobornos, pero añadieron que si insiste en publicar los detalles concretos acudirán a los tribunales para desafiar la autoridad de la Securities and Exchange Commission en este campo, ya que, dicen, podría ser un caso de abuso de autoridad.

Por su parte, la agencia gubernamental insiste en que tiene pleno derecho a publicar su demanda, y recuerda que puede acusar a la ITT de desacato si la compañía se niega a facilitar los detalles que se le pidan. En caso de que, como parece probable, la multinacional acuda a los tribunales, la decísión judicial podría tardar un mes y medio.

Desde hace varios meses, la ITT viene negándose a revelar los datos concretos de presuntos pagos ilegales realizados por sus subsidiarias en el extranjero, alegando que tal información dañaría las ventas y podría, incluso, provocar la nacionalización de las compañías por parte de los Gobiernos de los países donde están basadas.

Hace dos semanas, el diario financiero Wall Street Journal informó que las cuatro empresas filiales que se negaban a facilitar datos a los investigadores norteamericanos estaban «aparentemente» basadas en España, Bélgica, Alemania Federal y Suiza.