El Ayuntamiento de Burgos, contra la escolarización de los gitanos

Para los primeros días de junio se prepara en Burgos una Jornada de Vergüenza Provincial, en la que, entre manifestaciones, mítines y propaganda escrita, los gitanos harán notar su protesta por la discriminación a que se somete a esta minoría étnica. Un hecho calificado por la Federación de Asociaciones Gitanas como presuntamente delictivo y gravemente discriminatorio para con los ciudadanos del pueblo gitano ha servido de espoleta al escándalo: la suspensión de las obras de una escuela para niños gitanos que se estaba construyendo en la calle de Cabestreros, de la ciudad de Burgos, por parte del Ayuntamiento, que ha escuchado la campaña antigitana de la asociación de vecinos de dicha calle.

El pasado 11 de mayo, el Ayuntamiento de Burgos ordenaba la suspensión de las obras de una escuela para niños gitanos, que tras varios meses de negociación, papeleos y permisos, se había conseguido instalar en la calle de Cabestreros, cerca de la catedral y cerca también del más numeroso asentamiento gitano de la ciudad de Burgos. En esta escuela, propiciada por la Asociación Civil de Promoción Gitana, se iba a resolver de manera parcial y finalmente separada, algunos de los problemas de escolaridad de los pequeños gitanos en esa ciudad. Efectivamente, aunque son trescientos los niños no escolarizados de las comunidades gitanas, estos barracones de material prefabricado, acogerían a unos cien chicos en edad escolar.La historia comenzó el pasado mes de octubre, cuando tras un estudio detallado de la situación, la Asociación Civil de Promoción Gitana llegó a la conclusión de la necesidad de escuelas y puestos escolares. Aunque por principio se negaban los gitanos al apartheid, aceptaron como mal menor una escuela sólo para niños gitanos, y comenzaron los trámites.

A primeros de abril de 1978, la asociación completaba la larga tarea de permisos, que incluían desde el de la Dirección General del Patrimonio Artístico hasta los municipales. El del Ayuntamiento de la ciudad, que daba luz verde al proyecto, lo condicionaba a que en los alrededores de la escuela se plantasen árboles y verde, y a contar con el permiso acreditativo del arquitecto. La cesión municipal del terreno era gratuita pero temporal.

Las obras, en base a prefabricados, se aceleraron. Y justo entonces comenzó la acción de los vecinos de la calle Cabestreros, y de la calle de Fernán González, dónde está el más numeroso de los asentamientos gitanos burgaleses. Por la noche, unos desconocidos arrancaron las ventanas de la escuela en construcción, mientras los organizadores comenzaban a recibí amenazas anónimas, llamadas e insultos de personajes sin nombre que exigían el abandono de la zona por la población gitana.

Por último, comenzó la recogida de firmas entre los vecinos, para conseguir la prohibición de la escuela. Y, efectivamente, una comisión pide al Ayuntamiento y a la prensa la demolición del nonato edificio escolar, con un escrito en el que constan tres razones que han resultado definitivas hasta el momento: la primera, que el Ayuntamiento había prometido hacer jardines en ese solar. Hay que decir que el barracón destinado a escuela mide veinticinco metros de largo por tres de ancho. La segunda razón es que en el proyecto de escuela, el Ayuntamiento dice que habrá árboles, y los vecinos objetan que los árboles mermarán la luz del barrio, ya de por sí oscuro. Por fin, la tercera es que, «a sólo 150 metros de la catedral», «es imposible convivir con esa gente indeseada y dedicada al robo y demás delitos».

Así las cosas, cuando el concejo burgalés decide, en la reunión del pasado día 10, bajo la presidencia del primer teniente de alcalde, tomar en consideración las razones del vecindario, y detener, al margen de las decisiones anteriormente tomadas, la construcción de la escuela. Mientras, la asociación, atenta a la campaña de prensa y reaccionando contra las amenazas y, los ataques físicos a la escuela, pide protección. al Gobierno Civil, que el día 12 de mayo, firma una orden en la que apoya moralmente a los gitanos, y ordena vigilar especialmente «los lugares indicados, a los fines de evitar toda molestia que les puedan ocasionar aquellas personas que se sientan afectadas indebidamente por la colocación de las citadas aulas». Con todo, y pese al oficio del gobernador civil, son los ciudadanos gitanos mismos los que tienen que defender su escuela de noche y en piquetes.

Aunque, posteriormente, la Asociación de Vecinos de Cabestreros, unida a la de otras calles con asentamientos gitanos, haya dulcificado sus expresiones públicas en la prensa -particularmente en el Diario de Burgos-, la Federación de Asociaciones Gitanas les acusa de racismo. Asimismo, considera la Federación, a la que pertenece la asociación burgalesa promotora de la escuela, que el escrito de los vecinos a la alcaldía es clara y descaradamente delictivo, pues presupone delito en terceros, en este caso, en un pueblo entero. Y, por fin, considera la asociación que la actitud del concejo es igualmente delictiva, no sólo por haber aceptado y dado curso a un escrito calumnioso, sino incluso, haber escuchado y resuelto a favor de este tipo de argumentaciones.

Según recientes estadísticas, la población gitana burgalesa asciende a las 3.000 personas, la mitad de las cuales viven en la capital. De la población paya, el 50 % de los adultos discrimina conscientemente a los gitanos.