Acusaciones mutuas de constructores-compradores en Fuenlabrada

Hoy se celebra un acto de conciliación, paso previo a la demanda en firme, de la inmobiliaria Chasa contra ocho compradores de viviendas en Fuenlabrada. El jueves otro grupo de vecinos de la misma urbanización pidió al gobernador civil que investigue las hipotéticas conexiones entre la inmobiliaria y el grupo de ultraderechistas que agredió a veinticinco mujeres. En un comunicado enviado a la opinión pública, Chasa afirma que los incidentes no beneficiaron los intereses de la empresa. En una acusación velada contra los propios vecinos.Las relaciones entre compradores y empresa se han ido deteriorando desde meses atrás. Según explican los vecinos, Chasa les obligó a firmar un segundo contrato de compraventa en el que se modificaban sustancialmente las condiciones de pago, se les incluía una hipoteca de 800.000 pesetas y, al descontarles las letras correspondientes a esa cantidad, se apercibieron que al final iban a tener que pagar 400.000 pesetas más del importe total del primer contrato.

«Todas las gestiones realizadas con la empresa no han conducido a nada. En numerosas ocasiones se han negado a recibirnos y, cuando lo han hecho, ha sido para mantener una postura intransigente y despectiva. Ante esta falta de salidas, los vecinos recurrimos a la difusión de octavillas previniendo a posibles compradores, así como a concentrarnos periódicamente ante el piso piloto de la urbanizacion.»

La empresa ofrece justamente la versión contraria. Según ésta, la operación de compraventa sería perfectamente legal, y serían los vecinos quienes en todo momento se han negado al diálogo y han preferido la vía de la coacción. Por entenderlo así, la empresa envió diversos escritos desde marzo de este año al Gobierno Civil, al juzgado de guardia, al juzgado de instrucción número 9, a la Delegación de Trabajo y al Ministerio del Interior. En todas ellas explica la interferencia que suponen las actividades de los compradores en su marcha normal, y piden que se les controle y obligue a deponer su actitud.

En la reunión que el jueves mantuvo un grupo de vecinos con el gobernador civil se solicitó una investigación oficial sobre la supuesta estafa de 400.000 pesetas, las hipotéticas conexiones de la empresa con el grupo agresor, y que se sancione con el máximo rigor a los detenidos.

Hoy se celebra en Leganés el acto de conciliación citado al principio. Chasa acusa al presidente de la comunidad del bloque de no haber pagado dos letras, y a otros siete de negarse a firmar la entrega de escrituras. Según los acusados, el retraso del pago de las letras se debió a un error burocrático de la Caja de Ahorros, y disponen de documentos demostrativos, y las escrituras se niegan a firmarlas porque quieren que se respeten las condiciones iniciales del contrato.