El Congreso aprueba la derogación de la ley de Bases de Régimen Local

El Pleno del Congreso de Diputados se inició ayer bajo el signo de la unanimidad, con el que continuó durante gran parte de la sesión, de gran eficacia en el orden legislativo. La condena al asesinato de Aldo Moro fue expresada a propuesta del presidente de la Cámara, con unos instantes de silencio por parte de todos los diputados asistentes, puestos en pie. La primera confrontación de criterios se produjo a propósito de la acusación que Marcelino Camacho hizo al Gobierno de defender el amarillismo sindical. El ministro de Trabajo rechazó la acusación, y en su apoyo intervino Manuel Fraga, con su energía habitual.El presidente del Congreso, Fernando Alvarez de Miranda, se hizo eco del dolor e indignación que invade «a los espíritus y ánimas europeos ante el asesinato del parlamentario italiano Aldo Moro, asesinado -dijo- de la forma más vil y torpe posible». Aludió también a los guardias civiles muertos recientemente en nuestro país, «víctimas del terrorismo y en defensa de la democracia». Pidió a los diputados que se pusieran en pie y guardaran unos segundos de luto silencioso como muestra de repulsa por el asesinato de Aldo Moro. Todos los diputados -incluido el de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendía-, siguieron la invitación del presidente de la Cámara.

La primera cuestión polémica planteada lo fue a propósito de la derogación de la ley de Bases de Régimen Local, procedente de la época frustradamente aperturista del espíritu del 12 de febrero de 1974, como recordó el comunista Ramón Tamames, quien anunció una proposición de ley de su grupo para que los ayuntamientos surgidos de las próximas elecciones locales no apliquen la legislación pericliticada que aquella ley, ahora derogada, vino a reformar.

El socialista Carlos San Juan señaló que si eso llevaba consigo un nuevo retraso de las elecciones locales, no estaba de acuerdo con la propuesta.

Elogios al presidente de las Cortes

Una segunda cuestión, el establecimiento del adulterio como causa justa para desheredar, pero no como causa de indignidad automática para suceder, dio origen a que los diversos grupos -y con más razón lo hacían los socialistas- pugnaran por apuntarse el tanto de ,una regulación jurídica más perfeccionada técnicamente que la inicialmente aprobada por el propio Congreso. Sin embargo, sólo el ucedista José Luis Ruiz Navarro aludió, de pasada, al artífice del acuerdo final en el seno de la comisión mixta creada para resolver la discrepancia entre el Congreso y el Senado, mediante un dictamen que mereció en su día grandes elogios técnico-jurídicos: el civilista y presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, que asistía a la sesión desde la tribuna central del público.

Más tarde, la conversión en una propuesta de moción, por parte del líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, de una interpelación sobre los resultados de las elecciones sindicales dio pie el ministro de Trabajo para una intervención en la que afianzó el prestigio que, al menos a nivel parlamentario, viene ganándose desde que sustituyó a Manuel Jiménez de Parga en la citada cartera. La acusación del señor Camacho de que el Gobierno', a través de su política electoral sindical, está protegiendo el sindicalismo amarillo, fue categóricamente negada por el señor Calvo. La respuesta del señor Camacho, insistiendo en su tesis, suscitó rumores en la parte centro-derecha de la Cámara, a los que el líder sindical contestó afirmando el carácter de Comisiones Obreras y UGT como sindicatos de clase, «que han triunfado en las elecciones, mientras que los amarillos han fracasado», alusión que despertó un aplauso no muy intenso de una parte de la izquierda del hemiciclo.

Manuel Fraga, dentro del trámite de la explicación del voto de Alianza Popular, desfavorable para la moción comunista, acusó al señor Camacho de ir contra la libertad sindical, ya que ésta reconoce la libertad de afiliación y de no afiliación. El señor Fraga dijo que cada uno puede atribuir.a su opción sindical el color que quiera, «incluso el rojo -dijo-, pero no es nadie para ponerle colores, ni amarillos ni de ningún otro tono, a los demás». «Ya es hora de terminar con los piquetes y con las amenazas cuando no salen las cosas a nuestro gusto.»

De nuevo se reconstruyó la unanimidad al aprobar el Pleno la moción presentada por la socialista María Izquierdo Rojo para lograr que la amnistía llegue hasta sus ultimas consecuencias para los maestros depurados.

Alianza Popular se unió a la propuesta. El diputado de este grupo Juan Luis de la Vallina reconoció que el propósito de la moción era de justicia, y la sensibilidad política de AP les inclinaba a sumarse a ella.

Propuesta de modificación del artículo 100 del Código Penal

Finalmente el Congreso tomó en consideración la proposición de ley de m odificacíón del artículo 100 del Código Penal relativa a la posibilidad de que la redención de penas por el trabajo de los presos se inicie antes de que la sentencia sea firme. Esta modificación fue propuesta por el diputado ucedista Emilio Martín Villa y apoyada por el diputado del mismo partido Joaquín García Romanillos y por el portavoz del PSOE, Gregorio Peces-Barba, quien destacó la posición de su partido en defensa de la iniciativa legislativa de todos los grupos.