Archiveros y bibliotecarios: "Es necesaria una política cultural coherente"

En España, donde el patrimonio cultural es tan rico como inexplorado, hay quinientas personas que se dedican profesionalmente a atender archivos. Según las cifras consideradas como buenas por los países cultos occidentales, nos faltan 13.500 titulados al frente de nuestras bibliotecas. Entre los quinientos archiveros mencionados, la mitad es personal contratado.En este contexto, la Administración ha convocado oposiciones a funcionarios del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas, actualmente dependiente de dos direcciones generales: la del Libro y Bibliotecas, y la del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, con un programa en el que, en función de las necesidades sociales, y para dar mayor flexibilidad al personal capaz de dedicarse a estos temas, se han eliminado determinadas materias -como la Paleografía o el Latín- que se consideraban selectivas en exceso, e innecesarias en determinados centros que trabajan con lecturas modernas. La convocatoria y el programa han despertado las iras de diversos sectores relacionados con el tema: de un lado, un grupo de funcionarios del cuerpo, apoyados por el 75% del personal numerario, protestan por el bajo nivel que prevén en el nuevo personal. Y han impugnado las oposiciones que, salvo suspensión a última hora, se celebrarán el próximo día 17. Por otra parte, alumnos de las escuelas de documentación y personal contratado de Archivos y Bibliotecas, plantean la clave del tema en la falta de reconocimiento profesional de los archiveros y documentalistas, por parte de la Administración. Las escuelas de distintos niveles existentes en Madrid y Barcelona, que son las únicas que imparten los conocimientos específicos para pasar las oposiciones al Cuerpo, no son reconocidas, capaces de dar un carnet profesional. En lo único que coinciden unos y otros es en remarcar las carencias y en reclamar una política de archivos y bibliotecas coherente.

En España funcionan actualmente 143 archivos. De ellos, cinco son históricos generales, cuatro regionales, dos de distrito, 43 provinciales, veinte son los de la Administración, uno pertenece al Tribunal Supremo, quince a las Audiencias territoriales y 53 a las delegaciones de Hacienda de cada administración provincial. En ellos se recoge la documentación y expedientes que dan fe de lo que va ocurriendo cada día, y su valor es claro: son los datos concretos que permitirán hacer historia, generalizar y comprender una época. Existen, además, fuera de todo control, archivos particulares, de propiedad privada, cuya conservación y acceso depende de la buena voluntad de los dueños.

Escaso personal

Los 142 archivos estatales están, atendidos por una plantilla de 182 archiveros, 146 auxiliares y un número de contratados variable, pero que no llega a la centena. Este exiguo personal debe estudiar, catalogar, redactar guías y atender las consultas, servir la información.El volumen de la información y lo repetitivo de ésta obliga, sobre todo en los archivos de la Administración, a expurgar la mole informativa, lo que genera una nueva fuente de conflictos: desde distintas corrientes de opinión, y en estos mismos días son muchos los que se preguntan quién ha de realizar el expurgo, con qué criterios, en beneficio de quién. Se acusa a determinados gestores de la anterior Administración de haber ocultado, por vía de la destrucción, datos comprometedores, que podrían llegar a la opinión pública pese a los tortuosos caminos que los documentos de la Administración pública han de recorrer hasta pasar a ser capaces de ser estudiados por los interesados.

Por su parte, según datos oficiales de 1975, de las 6.623 personas que trabajan en bibliotecas españolas, 1.068 eran diplomadas, de las cuales 666 son universitarios; 339, bachilleres, y 94 tenían los que antes se llamaba bachiller elemental -el equivalente a la actual EGB-. Las normas internacionales pedían un mínimo de un bibliotecario diplomado por cada 2.500 habitantes, lo que en España haría necesarios 14.000.

Por otro lado, sigue candente el problema de la distribución de las bibliotecas públicas, que cada vez tienden más a descentralizarse y distribuirse por los barrios. Tanto el Colectivo de Bibliotecarios -formado por miembros del Cuerpo Facultativo- como el Colectivo de Profesionales de Archivos y Bibliotecas -formado por alumnos de la Escuela de Documentalistas y por contratados de la Administración- señalan la necesidad de la creación de bibliotecas, en una red coherente, y por los barrios. Los segundos señalan, asimismo, la necesidad de que su gestión sea controlada por las asociaciones de vecinos, que deberían tener, asimismo, iniciativa en su creación y mantenimiento. En este sentido se ha planteado el problema de los funcionarios que venían de la Jefatura del Movimiento y que, tras la desaparición de este organismo, han quedado adscritos a varios ministerios, siendo un buen número de ellos -especialmente de la Sección Femenina- los que pasan al mundo de las bibliotecas.