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Entrevista:

"El Estado no puede convertirse en un hospital o asilo de empresas"

Agustín Rodríguez Sahagún, 45 años, ocupa la cartera de Industria y Energía desde el reajuste ministerial del 24 de febrero pasado. Casado y padre de seis hijos, ha dedicado su actividad profesional al desempeño de puestos ejecutivos en la empresa privada, en diferentes ámbitos sectoriales. Algunos de ellos son, precisamente, los que en estos momentos presentan perfiles más críticos y a su departamento corresponde recomponer. Su incorporación al Gobierno representó su primera aparición en el elenco de los cargos públicos o políticos. Su faceta más notoria en los últimos tiempos ha sido la de promotor de asociaciones empresariales, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Hasta su designación ocupaba los cargos de presidente de CEPYME y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).En sus primeras declaraciones desde el Gobierno dialoga para EL PAIS con Fernando G. Urbaneja.

Pregunta: ¿Qué representa Agustín Rodríguez Sahagún en el actual Gabinete?Respuesta: Me alegra que me haga esa pregunta. Agustín Rodríguez Sahagún es un profesional que defiende los intereses que la nación tiene encomendados al Ministerio de Industria y Energía. Ni más ni menos. Durante casi veinticinco años de vida profesional he trabajado -dentro y fuera de nuestra patria- en el sector siderúrgico, el naval y el de bienes de equipo, así como en el campo financiero y en el del petróleo. Creo que conozco el mundo de la empresa, y con toda ilusión trataré de poner al servicio de España mi experiencia y toda mi capacidad de entrega para tratar de resolver los problemas actuales, especialmente los de nuestra industria, colaborando así dentro del equipo del Gobierno a la consolidación del modelo de sociedad de libertades que los españoles elegimos el pasado 15 de junio.

P.: ¿Cuál es el papel del Ministerio? ¿La representación de los sectores industriales ante el Gobierno? ¿Ser correa de transmisión de las decisiones del Gobierno a los sectores?

R.: España tuvo un fuerte intervencionismo estatal durante la etapa de reconstrucción industrial, intervencionismo que se mantuvo después bajo formas diversas y que ha durado demasiado. Ese intervencionismo debe dejar ahora paso a una política industrial de creación, reestructuración y coordinación:

- Creación para garantizar que nuestro país tendrá en las próximas décadas la capacidad adecuada para atender la demanda económica justificada.

- Reestructuración para asegurar que esa capacidad adecuada reduce los consumos energéticos, y de inputs importados, y crea los suficientes puestos de trabajo.

- Coordinación para hacer firme el cumplimiento de la política económica y general del Gobierno.

El Ministerio aplicará estas grandes líneas de política y marcará las reglas de juego en lo industrial, dejando, paulatinamente, que los sectores y las empresas definan y resuelvan sus estrategias y planes a plazo corto coherentes con esta política. España ha de reasignar sus recursos, y ha de reasignarlos mediante el mercado, y el mercado para todos. No tendría sentido que el Ministerio de Industria y Energía defendiese ni dejase de defender a los sectores, que son muy libres y capaces de defenderse por sí solos.

Ha habido quizá un exceso de paternalismo por parte de todos, y los partícipes del sistema económico tenemos que ir poco a poco asumiendo las responsabilidades que a cada uno nos corresponden en el marco de la economía social de mercado.

La reasignación de recursos a través de la correspondiente reconversión de nuestro modelo es fundamental para poder tener un crecimiento estable que haga frente a las necesidades sociales de nuestro pueblo. Hay que ir a una utilización más intensiva de la mano de obra, un mejor aprovechamiento de la energía, un saneamiento definitivo de nuestro déficit exterior y un mejor equilibrio sectorial y regional. Esto implicará una política diferente de costes, eliminando el encarecimiento o subvención artificial de algunos de ellos.

De forma especial, la política industrial que se aplique debe tener presente el apoyo necesario a la política de empleo a corto, medio y largo plazo, para proporcionar puestos de trabajo suficientes para las nuevas generaciones.

P.: ¿Considera adecuada y suficiente la dotación actual del ministerio? ¿Ha pensado en alguna reestructuración orgánica del mismo?

R.: La dotación actual del ministerio, como consecuencia de lo que decía antes, no es, quizá, totalmente adecuada, porque responde más a la época intervencionista del pasado que a la época creativa que hay que potenciar al máximo en el futuro. La base del Ministerio, por tanto, debe responder, y a ello irá encaminada la reestructuración que se estudie, a dos líneas de acción: la primera es llevar la iniciativa para definir las estrategias económica, a la que tan dados hesentido económico global y a plazo largo que evite los parches y las medidas parciales. La segunda línea de acción es consolidar y racionalizar cada vez más la legislación actual, para adaptarla a lo que queremos que nuestras estructuras industriales sean en el futuro.

Todo ello implica la inserción de las políticas sectoriales en la necesaria visión macroeconómica a largo plazo y la supresión de contemplaciones parciales de los diversos aspectos de la problemática económica a la que tan dados hemos sido los españoles en el pasado. Resumo en dos palabras: visión global y estrategia, en lugar de parches y puras tácticas.

P: ¿Cree que es el momento de ir a un cierto relanzamiento de la economía? ¿Por qué? ¿En qué condiciones?

R.: La crisis que estamos atravesando es de larga duración y se agrava por la coincidencia de una débil coyuntura nacional e internacional con los defectos conocidos de nuestras estructuras.

El programa económico del Gobierno en el marco de los acuerdos de la Moncloa ha abordado prioritariamente la corrección de los desequilibrios interno y externo (inflación y déficit de la balanza), y en este terreno se han conseguido logros importantes, que hay ahora que consolidar para poder ir a un relanzamiento de la economía desde una posición de equilibrio. Son todavía grandes los esfuerzos que tendremos que realizar y los sacrificios que todos los españoles tendremos que compartir, pero los logros antes aludidos nos van a permitir una mejor posición; la tasa anual equivalente de inflación, aunque aún será de dos dígitos a finales de año, permite ya a los inversores afinar sus perspectivas de costes y beneficios; y la demanda doméstica y exterior, después del bache que ya dura desde el año pasado, comenzará a alegrar el panorama. Mientras llega el momento óptimo de relanzar la economía, el sector público puede aumentar sus posiciones de gasto, para compensar la atonía inversora del sector privado. Aunque también aquí espero una mejoría de perspectivas, para el segundo semestre de este año, en algunos sectores importantes, como se deduce de los últimos resultados de la, encuesta de coyuntura industrial, lo que ayudará a recobrar la ilusión y confianza de ahorradores e inversionistas.

P.: ¿Qué papel cree que debe jugar el INI en estos momentos?

R.: El INI debe ser el instrumento de la política industrial pública en tres campos:

- Primero, ser el ejecutor de la política económica del Gobierno, en lo que al sector industrial se refiere; por ejemplo, impulsando los efectos multiplicadores a nivel regional, promoviendo y coordinando la utilización de sectores con tecnología avanzada, promocionando al máximo la creación de puestos de trabajo y fomentando la exportación.

Segundo, ayudar a la reestructaración de los sectores en los que el Instituto tenga una influencia y participación sustancial y en los que el Ministerio base su política de reconversión y consiguiente reasignación de recursos.

- Tercero, saneando y consolidando la cartera que actualmente lleva de manera que no se subvencionen empresas ineficientes ni se prive de una sana competencia a las empresas eficaces. Es decir, que exista una verdadera igualdad de oportunidades y una gestión eficaz en todos los aspectos de la empresa.

P.: ¿Cree que debe hacerse cargo el Estado de empresas privadas que pasen por una situación grave? ¿En qué términos?

R.: El Estado no puede convertirse en un hospital o asilo de empresas, porque los asilos no tienen sentido en economía. Dicho esto, los términos de la intervención del Estado no pueden ser más claros: sólo debe intervenir como protagonista cuando lo exijan razones de interés estratégico general, o cuando el mercado falla, y el mercado puede fallar en tres situaciones. La primera es cuando hay monopolios naturales que podrían perjudicar los intereses de los consumidores. La segunda es cuando al mercado le vienen excesivamente grandes los volúmenes de una actividad. Este es el caso en que el país necesita un producto o un servicio al menor coste, pero las enormes necesidades de financiación exceden la capacidad de cualquier fuente privada de fondos; en esta circunstancias, solamente el Estado puede coordinar el reparto de los costes de reestructuración, y financiación, entre consumidores domésticos y exteriores, entre sector privado y público, y ahorro, además de establecer una estrategia nacional a plazo largo que ¡in pida que vuelvan a repetirse los mismos problemas dentro de algún tiempo. La tercera situación es cuando los representantes soberanos de los ciudadanos deciden hacer intervenir al Estado para que se haga cargo de empresas de interés nacional por motivos de defensa, sociales, etcétera. Por supuesto que esas excepciones están sujetas a una ley elemental: no hay más cera que la que arde, no hay más recursos reales y financiación que los que el país tiene. En otras palabras, la intervención del Estado debe disminuir algunos costes, y resultar en beneficios, pero no debe servir en ningún caso para perpetuar situaciones ineficientes que de todas maneras habría que solucionar algún día.

Las decisiones para que una empresa esté en el sector público deben ser de orden estratégico y sectorial, consecuencia del interés general del pueblo español, como antes aludía, y no de puras circunstancias coyunturales.

Es decir, creo que cuando existan problemas de gestión en una empresa del sector privado, la solución de éstos debe abordarse desde el propio sector y con un planteamiento muy realista de buscar salidas verdaderamente viables, negociadas y asumidas por las partes que garanticen la supervivencia del proyecto. No me parece admisible como sistema la política de sociabilización de pérdidas y de intentar trasladar los problemas a la Administración.

Eso no obsta para que la Administración propicie soluciones -como acabamos de hacer en varios casos muy conocidos-, pero actuando sólo como catalizador y, como usted sabe muy bien, un catalizador facilita una reacción, pero no interviene en ella. Nuestro papel debe ser apoyar, pero no sustituir a los protagonistas. Espero, en este sentido, que pronto dispondremos de un modelo ensayado que nos podrá servir de pauta para el tratamiento de las empresas industriales en crisis. Incluso diría que espero pronto pueda estar montada una estructura con independencia, credibilidad y capacidad de gestión suficiente para desarrollar esa función, al estilo de los entes que existen con éxito en otros países europeos.

P.: Desde hace muchos meses se espera que Industria proponga medidas de reestructuración de sectores como el siderúrgico, naval, bienes de equipo y textil. ¿En qué fase se encuentran los proyectos? ¿Cuál es su criterio sobre este punto?

R.: El Ministerio y partes interesadas están trabajando sin parar para poner a punto planes de acción concretos de reestructuración de los sectores mayormente afectados por la crisis que resulten en el mínimo coste social.

En lo que se refiere al sector siderúrgico, contemplamos un conjunto de medidas urgentes económicas, financieras e industriales que superen la grave situación del sector a corto plazo y pretendemos estudiar un programa de acción industrial a cuatro años que consolide la solución.

El contenido de esas medidas está siendo objeto de conversaciones en este momento con las partes interesadas.

En lo que se refiere al sector naval, estoy hondamente preocupado por el coste social que puede entrañar la necesaria reestructuración. Espero tener terminados los estudios en un plazó de dos semanas y pasar a verlos con las partes interesadas, así como presentarlos en un próximo Consejo de Ministros. Estoy tratando con todos mis colaboradores, los trabajadores y los empresarios del sector, de buscar fórmulas imaginativas que nos ayuden a reducir este coste social, ,que preveo puede ser elevado y, repito, me tiene seriamente preocupado.

En todo caso, en las reuniones que con unos y otros hemos mantenido, estamos todos decididos a evitar los parches y a ir a soluciones en profundidad, planteadas desde posiciones realistas y con un espíritu de diálogo abierto.

Estamos estudiando también otros sectores industriales, como el de bienes de equipo, etcétera, cuyos planteamientos espero estén concluidos en esta primavera. Sin embargo, diría que lo que más me preocupa es definir la filosofla y los criterios básicos a sustentar dentro de una gran flexibilidad, pero evitando la improvisación.

En todo caso, deseo aclarar que el Ministerio aportará su trabajo para coordinar y guiar el de las partes interesadas de los sectores, que son los que tienen que definir, finalmente, la estrategia. El Ministerio tiene que saber hacer preguntas y ordenar las respuestas que se le den en el contexto de la política económica del Gobierno. El Ministerio también apoyará con me didas legales las acciones de reestructuración, siempre que las em presas que las soliciten acepten los términos de apoyo del Estado. Y llevaré adelante, por supuesto, la acciones necesarias en las empre sas que están bajo su órbita.

P.: El plan enegértico ocupó buena parte del esfuerzo de su predecesor. ¿Cuáles son sus criterios sobre este punto?

R.: Confío, que, en un plazo muy breve, me será posible presentar al Gobierno una planificación adecuada para el sector energético, dentro de la cual las empresas de los distintos subsectores habrán de encajar ordenamente sus planes respectivos. En este sentido puedo confirmarle que ya he iniciado los necesarios contactos con mis colegas de otros departamentos, con objeto de perfilar aquellos aspectos que han de ser resueltos en estrecha colaboración interministerial.

La planificación energética y la correspondiente ordenación administrativa y sectorial habrá de responder a la consideración básica de que la energía es un elemento fundamental para el desarrollo de la nación y, por ello, la programación de las actuaciones de los distintos subsectores, y no digamos de las empresas que se enmarcan en cada uno de ellos, debe estar rigurosamente supeditada al Plan Energético Nacional y, a su vez, éste ha de ser perfectamente coherente con la planificación económica.

En cuanto a los objetivos que se persiguen, son ya conocidos y, en definitiva, comunes con las políticas energéticas de todos los países desarrollados, cuyos abastecimientos dependen fuertemente del exterior. Esto lleva consigo la aplicación de medidas de mejor utilización de la energía, el fomento, por tanto, de las inversiones que mejoren la eficiencia de los procesos productivos, la activación de los planes de aprovechamiento de los recursos energéticos propios, la diversificación de nuestros abastecimientos, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino mediante la introducción de formas de energía convencionales que, como la nuclear, sustituyan directamente importaciones de petróleo; el desarrollo tecnológico que permita el aprovechamiento de nuevas fuentes, y me refiero particularmente a la energía solar, geotérmica y la utilización energética de los residuos, tanto industriales como urbanos, y todo ello, naturalmente, dentro de una aplicación cada vez más exigente de las normas de protección ambiental.

El ordenamiento que acompañará el plan comprenderá también el necesario refuerzo de la actuación administrativa de control y el seguimiento continuado de las actuaciones sectoriales y empresariales en todos sus aspectos, buscando la adecuada coordinación y poniendo un énfasis especial en los temas de seguridad y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales. En algunos casos, de notoria importancia, se modificarán en todo lo necesario los esquemas vigentes, así, por ejemplo, la energía nuclear, área en que la supervisión sobre el diseño, construcción y explotación de las instalaciones va a intensificarse reorganizando y dotando para ello los órganos competentes.

En fin, espero que en ese plazo muy breve a que aludía al principio, tendremos debidamente a punto todos los planteamientos necesarios y podremos volver a charlar largamente sobre esta cuestión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de abril de 1978

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