Finalizan los trabajos de la ponencia constitucional

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En relación con otros puntos conflictivos, subsiste la posibilidad del cierre empresarial, aunque con una nueva redacción que suaviza el lock-out; se incluye la mención expresa de la Iglesia católica, y se modifica levemente el artículo relativo a la enseñanza.

La expectación en torno a la finalización de los trabajos por parte de la ponencia constitucional congregó anoche a numerosos informadores -unos 30- en el palacio de las Cortes. Al filo de las diez de la noche, los seis ponentes se reunieron con los periodistas, a quienes el presidente, el diputado comunista Jordi Solé Turá, siguiendo el orden rotatorio establecido, expresó su satisfacción por haber terminado la labor encomendada y explicó el calendario de trabajo, según el cual el día 5 de abril estará redactado el informe, y unos días después será publicado, momento en el que comenzará el plazo de quince días hasta la iniciación de los debates en la Comisión Constitucional del Congreso.

El señor Solé Turá declaró que se había procurado mantener el propósito inicial de consenso, que ha experimentado -según dijo- serios embates, y lamentó que no estuviera presente el señor Peces-Barba. Expresó su esperanza de que todavía se reintegre al trabajo de la ponencia, y manifestó que, en todo caso, había sido muy útil seguir trabajando.

Más tarde, el representante de la minoría catalana, Miguel Roca, destacó como hecho importante que el diálogo en los últimos días ha sido positivo, y ha servido para revisar criterios.

Enjuiciando el trabajo global de la ponencia, el señor Solé Turá manifestó que en unos aspectos el texto habla sido mejorado y en otros simplemente cambiado. Explicó que el consenso no significa un acuerdo al cien por cien, sino el propósito de elaborar una Constitución que no sea de unos contra otros, sino «en la que todos nos veamos interpretados». «Creo -añadió- que esto se ha conseguido, y por eso nos encontramos tranquilos. Hemos procurado hacer lo máximo posible.»

Preguntado sobre si mantenía el calificativo de Constitución «liberal progresista» atribuido hace meses al borrador inicial, el señor Solé Turá contestó, sonriendo, que creía que sí. Le apuntó Manuel Fraga (AP), y estuvieron de acuerdo los demás ponentes presentes, que, en todo caso, no se trataba de «la más reaccionaria del mundo» (calificativo que le aplicó recientemente el ponente disidente Peces-Barba).

Novedades

A preguntas de los informadores, el portavoz de la ponencia, con la colaboración de los restantes ponentes, dio cuenta de las principales modificaciones introducidas.

En relación con el número dos del artículo 32, declararon que se había simplificado la redacción, manteniendo la posibilidad empresarial de plantear conflicto colectivo, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley y sin que, en ningún caso, pueda afectar a los servicios públicos. Se ha suprimido la facultad empresarial relativa a la regulación de las condiciones de empleo.

El título octavo, que regula las autonomías, se ha mantenido en lo sustancial, con algunas variaciones que los ponentes calificaron de técnicas. Las entidades surgidas de la aplicación de este texto se denominarán «comunidades autónomas». El Estado no podrá establecer centros docentes en los territorios autónomos.

La constitución de comunidades autónomas se ajustará a una diversa graduación. Las que históricamente han plebiscitado un estatuto de autonomía (Cataluña, Euskadi y Galicia), así como las que lo soliciten mediante quorum muy cualificado, formarán un primer grado. En los demás casos, durante cinco años existirá una lista de competencias delegadas del Estado central y posteriormente iniciarán otra fase. En definitiva, lo que se hace con las comunidades autónomas de primer grado es eximirlas de determinados requisitos, en función de su tradición histórica.

El texto del artículo segundo, anteriormente citado íntegramente, contó con el voto en contra del representante de Alianza Popular, y, según el portavoz de la ponencia, coincide con el espíritu de la enmienda socialista.

La Constitución no incluirá, si prospera el anteproyecto, la abolición de la pena de muerte.

Respecto al artículo 16, continuará con su redacción anterior -regula la libertad religiosa-, pero incluirá de forma expresa la alusión a la Iglesia católica y demás confesiones religiosas, mención que cuenta con la reserva de los ponentes socialista y comunista.

El artículo 28 -que regula el derecho a la enseñanza- quedó redactado, y en esto pusieron mucho énfasis los ponentes, tal y como se encontraba cuando se retiró el ponente socialista. La única modificación sustancial introducida fue la alusión, junto a la creación, al derecho a la promoción de centros docentes.

La elección del presidente del Gobierno ha quedado fundamentalmente igual que en el anteproyecto y las atribuciones del Senado también permanecen inalteradas respecto a las que figuraban en el anteproyecto.

Por mayoría ha sido aceptada la disposición transitoria propuesta por UCD según la cual las dos Cámaras actuales asumirían el mandato del Congreso y Senado configurado por la Constitución, así como la facultad de disolución de ambas Cámaras.

Por último, los ponentes coincidieron en que los contactos últimamente mantenidos por el Rey con los líderes de UCD y del PSOE no han incidido en el trabajo de la ponencia.