La "promesa" del Gobierno no impresionó a la izquierda

La promesa formal y solemne del Gobierno Suárez, por la boca autorizada de su ministro del Interior, declarando la intención del Gabinete de convocar elecciones a los treinta días de aprobada la Constitución, no impresionó a la izquierda ni fue prenda suficiente de reconciliación de la UCD con el PSOE.La impresión recogida por EL PAIS en la madrugada de ayer, cuando algunos diputados socialistas se dirigían a tornar churros con chocolate -eran casi las cinco de la mañana- fue la de que la promesa gubernamental no va a evitar las movilizaciones populares previstas en favor de una rápida convocatoria electoral. Los diputados del PSOE, que no participaron en el aplauso con que la parte derecha y central del hemiciclo acogió la promesa gubernamental, consideraban que las promesas no tienen valor para este Gobierno.

Por lo demás, la concesión que se contiene en la promesa difiere las elecciones a finales de año, si no a 1979. Baste tener en cuenta los dos meses largos que establece la propia ley aprobada ayer entre la fecha de la convocatoria de la celebración de las elecciones locales para llegar a la conclusión de que la novedad de la promesa gubernamental reside más en la declaración de que el Gobierno tiene intención de convocarlas que en el plazo preconstitucional prefijado.

¿Contentó la promesa a los grupos parlamentarios no socialistas? Desde luego que a Alianza Popular sí, triunfadora del Pleno, junto a la otra minoría de segundo grado, la comunista. Pero el gozo político de las minorías comunista y autonomistas se debía a la modificación del sistema de elección de los alcaldes. La promesa gubernamental no cambió, en realidad, nada para nadie. Los comunistas no habían amenazado en ningún momento, a diferencia de los socialistas, con movilizaciones populares, y la minoría catalana, por boca de Miguel Roca, renunció con énfasis a ellas, circunscribiendo la actuación de su grupo al ámeito parlamentario.

La carencia de eficacia práctica de la promesa gubernamental no le quita, sin embargo, valor político. Ante la opinión pública, el Gobierno ha logrado que las reivindicaciones que claman por unas rápidas elecciones locales puedan volverse contra los mismos que las invocan, en un hábil efecto boomerang. Cuando los grupos parlamentarios se detengan en el debate constitucional, el Gobierno siempre tendrá pendiente sobre sus cabezas la espada de Damocles de las elecciones pendientes. «Si ustedes quieren de verdad unas rápidas elecciones municipales -dirá, sin decirlo, el Gobierno-, apruébenme rápidamente la Constitución.» Y en ese ámbito, el regreso socialista a la ponencia constitucional obtiene una nueva presión: contribuiría a acelerar las elecciones municipales... Claro está que aquí se parte de dos concepciones distintas, que estuvieron presentes en el Pleno y en las dos conversciones Suárez-Felipe a lo largo de las dieciocho horas de sesión: para el PSOE, el debate constitucional es compatible con el proceso electoral a nivel local; pata el Gobierno, no.

Pero en este punto, Adolfo Suárez ha tenido la habilidad de rodearse de nuevas adhesiones a su criterio: la de Alianza Popular resultó evidente y explicitada ayer en la explicación de voto que hizo Martínez Emperador, mientras que las restantes minorías, si no la solidaridad, sí parece seguro que el Gobierno ha obtenido la seguridad de un no excesivo hostigamiento.

El precio, ya se sabe, fue la fórmula comunista de elección de alcaldes, en virtud de la cual las fuerzas políticas tendrán que contar en los ayuntamientos, sobre todo en los de grandes ciudades, copn el voto en ocasiones decisorio, de los concejales aliancistas y comunistas.