Capitanía General y letrados dan versiones distintas

La Capitanía General de la IV Región Militar hizo pública una nota, a última hora de la tarde de ayer, en relación con el consejo de guerra que debía haberse celebrado contra el grupo teatral Els Joglars. Según la citada nota, el presidente del tribunal militar ordenó la suspensión del consejo a las 9.10 horas «en uso de, las facultades que le asigna el artículo 770 del Código de Justicia Militar».«Resulta conveniente señalar -decía también la nota- que antes de constituirse el tribunal por tres veces se leyeron por un oficial los nombres de los citados defensores y de los procesados, instándoles a pasar a la sala donde el juicio había de celebrarse.»

La Capitanía General añadía que María de Maeztu, Andréu Solsona y Arnau Vilardebó «han quedado en situación de prisión preventiva por haber incumplido los requisitos que condicionaron su libertad provisional de la que disfrutaban, todo ello de acuerdo con el artículo 693 en relación con el 680 del Código de Justicia Militar».

Los abogados de los tres miembros de Els Joglars encarcelados ayer redactaron una denuncia por considerar que los hechos registrados pueden constituir un delito de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones, previsto en el articulo 334 del Código de Justicia Militar, así como también un delito de detención ilegal, ya que sus clientes fueron encarcelados sin que se hubiera dictado previamente el correspondiente auto de prisión. Los abogados dijeron en una rueda de prensa, recogida por Europa Press, que solicitarían la nulidad de actuaciones de ayer por la mañana y, por tanto, la reposición de los tres joglars encarcelados en su situación procesal de libertad condicional.

Con respecto a la nota de la Capitanía General, los letrados dijeron que estaba llena de imprecisiones e inexactitudes. La suspensión del consejo de guerra -afirmaron- no se acordó a las 9.10 horas, sino a las 9.03, y no es cierto que se leyeran los nombres de los letrados y procesados. Estos dos extremos fueron corroborados por varios políticos y periodistas. Los defensores manifestaron que tampoco es cierto que los tres encarcelados hubieran incumplido los requisitos que condicionan su libertad provisional.