Nuevo plazo para la legalización de las armas en manos de particulares

Un nuevo plazo hasta el 1 de mayo de este año para la regularización de la documentación de armas fue hecho público ayer por el Boletín Oficial del Estado. El decreto que otorga la tercera prórroga desde que, el 11 de noviembre, el Gobierno decidiera unificar las licencias y revisar la documentación de los poseedores de armas, completará un proceso administrativo que afecta a los tres millones de armas de fuego que se manejan en España en manos de particulares.

Según el decreto del pasado 11 de noviembre, las licencias afectadas eran las del tipo A, unas quinientas, conforme a los datos actuales de la Dirección General de la Guardia Civil; las del tipo C, unas 5.500, de la Federación Nacional de Tiro, y las del tipo D, unas 60.000, en manos de 10.000 policías municipales, 20.000 vigilantes jurados y otros tantos guardas jurados, aparte de los 10.000 funcionarios del Cuerpo de Prisiones. Todas ellas deberían sustituirse por una licencia única de tipo B, de las que en el momento en que fue tomada esta decisión existían unas 5.000.Además de esta sustitución de licencias, el decreto obligaba a la recogida de armas que no tuvieran en orden su documentación. Esta medida afectaba a las del tipo B; a las 16.500 licencias entre normales para arma larga de ánima rayada y licencias especiales para menores de veintiún años y a los permisos que daba el Gobierno Civil para armas de caza menor y que facultan para tener hasta doce armas.

«Por el momento, y hasta que se decida de una vez, existen unos problemas graves en la aplicación del decreto, ya que la licencia tipo B sólo da derecho a un arma, en tanto la C, por ejemplo, autorizaba hasta diez armas, cinco cortas y otras tantas largas como máximo. El cambio de una licencia por otra se podría interpretar como la retirada de todas las armas sobrantes, lo cual sería erróneo», manifestó a EL PAÍS el teniente coronel Ruiz, jefe de la Intervención Central de Armas.

«El resto de problemas se centraría en el uso que se da al arma. En la actualidad se dan unas autorizaciones provisionales, ya que se piensa en dar licencias de tipo B, digamos que con observaciones a aquellos señores que como los vigilantes, guardas y demás, sólo pueden utilizar su arma mientras se encuentren de servicio.»

Según el citado teniente coronel, la mayoría de las licencias y permisos que mantienen esos tres millones de armas han sido ya regularizadas. Entre las armas depositadas por sus propietarios por falta de una documentación en regla, hasta hace unos días, se habían ocupado en la intervención de armas de Madrid 2.700 entre pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas.

Asimismo, entre las armas retiradas se encuentran algunas, muy pocas, de las que poseían cargos de la Secretaria General del Movimiento, que no entregaron sus licencias después de que este organismo fuera disuelto. Por otra parte, varios parlamentarios, a través del presidente de las Cortes y otras autoridades civiles, judiciales y administrativas, a través del gobernador, han solicitado le renovación o la concesión de un arma tipo B.

Aunque en la actualidad se desconoce el número exacto de personas que quedan por regularizar su situación, en fuentes de la Guardia Civil se cree que este número no llega al 10 % del total. Según las mismas fuentes, una vez que se haya terminado la tramitación de licencias, que se realiza con un carácter restrictivo en cuanto al motivo por el que se concede el arma, comenzará un estudio sobre una nueva reglamentación de armas, ya que, según parece, el texto de la reglamentación sobre explosivos está terminado y a la espera de que se apruebe en un Consejo de Ministros. Esta reglamentación de armas haría un nuevo estudio de las sanciones para la pérdida del arma o de la documentación que ahora son de veinticinco a 250 pesetas por pérdida de un arma de calibre inferior a 6,35, y de 250 a quinientas pesetas por no pasar revista a las escopetas de caza, así como un estudio de las armas que poseen muchos militares en situación de retiro o en activo y cuyo número podría ser conocido en caso de que el archivo de guías del Ejército pase al registro general de guías que posee la Dirección de la Guardia Civil.