Los países pobres quieren un nuevo orden económico internacional

El poder monopólico de que son dueños los países exportadores de tecnología; el ejercicio de los poderes sin límites que ejercen sobre ésta, y los precios irracionales que se cobra por la llamada transferencia tecnológica, conceptualmente es uno de los campos a que apunta el establecimiento de un «nuevo orden económico internacional», y en esa medida, otro de los «frentes de batalla» en que están enfrentados en el sistema de Naciones Unidas los países industrializados y los en desarrollo, o más gráficamente, calificados de pobres.

Este problema, que fue aludido internacionalmente por primera vez en Santiago de Chile en 1972 durante la segunda Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), adquirió en lo formal caracteres de una verdadera denuncia de los países pobres, que, en sucesivas reuniones sobre la materia, han demostrado que la tecnología «es el producto más caro del mundo», en circunstancias de que no existe un mercado, sino países exportadores de tecnología, que son unos pocos, y compradores, que constituyen la gran mayoría.

La "ética" de la tecnología

La solución, «un código de conducta de transferencia de tecnología», que regule el comercio de este producto, muchas veces invisible, es motivo de una reunión que se celebra en estos días en Ginebra, con la participación de expertos de más de cien países.El futuro código concebido por el grupo de los 77 (países en desarrollo), debería establecer normas mediante las cuales la empresa o el país exportador no podría imponer a la empresa o país importador, precios y cláusulas de contratos irracionales e ilimitados en el tiempo. Esto sobre la base de que la variante más abusiva aún, según los países pobres, es la imposición al importador de la utilización de determinados insumos que provienen de la misma fuente exportadora.

Voluminosos informes demuestran que, especialmente en los últimos años, la presión de las empresas extranjeras es tan grande, que resulta difícil o prácticamente imposible para un país mantener cierta independencia y adoptar relaciones justas, por la inexistencia de convención o código internacional.

Otro punto de discordia es si debe o no aplicarse este posible futuro convenio a las empresas matrices y sus subsidiarias, en otras palabras, a las multinacionales. Los países industrializados han planteado al respecto que ellos, como Gobierno, pueden adquirir ciertos compromisos, pero plantean la imposibilidad de obligar a las empresas privadas de sus países a adoptar actitudes similares.

Sin embargo, el principal obstáculo para que en el próximo mes de noviembre se cumpla la recomendación de la asamblea general de la ONU del año 1977 para que se establezca este «código de conducta de transferencia tecnológica», radica en que los países industrializados, con algunos matices, proponen que más que un código se acuerden directrices a seguir, pero que no «obliguen a los Estados». Mientras, los países en desarrollo mantienen su firme posición de un «código jurídico obligatorio», tal cual lo acordó este último grupo de países en la reunión de Manila en marzo de 1977.

Según los observadores, la actual reunión, que debe finalizar a más tardar el próximo sábado, constituirá un nuevo fracaso, que se sumará a los intentos frustrados de establecer un fondo común regulador de materias primas, o las negociaciones sin éxito que han celebrado los países ricos y pobres para la renegociación de las deudas externas de estos últimos.