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Los consejos de administración de las empresas públicas/1

Cuarenta y un ex ministros mantienen cargos importantes en las empresas del Estado

La elaboración de un estatuto de la empresa pública constituye uno de los compromisos contraídos por el Gobierno en los pactos de la Moncloa. Pero la situación de las sociedades del sector público presenta un cuadro confuso y en ocasiones sorprendente. Sus consejos de administración continúan siendo refugio y retiro con que recompensar añejas lealtades, a base de. remuneración, influencias, privilegios y demás disfrutes. Esto contrasta fuertemente con una mayor profesionalización en las áreas de gestión que, sin embargo, suelen tropezar con problemas de actuación por la presencia en los consejos de personas que trascienden los habituales cometidos de los consejeros de sociedades, en base a su nunca eclipsada influencia política. El equipo de redacción del área de economía de EL PAÍS ha elaborado un informe sobre el tema. En su primer capítulo aparecen los numerosos ex ministros que, además de la remuneración establecida -60.000 pesetas mensuales- con carácter vitalicio, cuentan con recompensas superpuestas en pago a sacrificados cometidos.

Los nuevos aires que invaden -con tonos democráticos- la sociedad española no han alcanzado, en contra de lo previsto, a determinadas áreas de la Administración. Mientras el. Gobierno y los partidos políticos suscriben en los pactos de la Moncloa el compromiso firme de elaborar un estatuto democratizador de la empresa pública, persisten innumerables chollos y prebendas con las que el viejo régimen premiaba lealtades, consolaba ceses o complementaba remuneraciones reducidas a altos cargos.Casi dos centenares de ex ministros y otros altos cargos y notables de la Administración española y del antiguo régimen siguen disfrutando de puestos en consejos de administración de empresas estatales, uniendo en algunos casos a la dotación salarial y dieta por asistencia a reuniones del consejo y del comité ejecutivo los porcentajes de beneficios que corresponden al consejo según la ley de Sociedades Anónimas, que pueden alcanzar hasta el 5% del total. Algunas empresas ofrecen, además de esto, pingües disfrutes no dinerarios, como viajes, productos, recompensas y, en cualquier caso, influencias. Las empresas estatales conforman, en muchos casos, el mercado, o tienen en su poder el instrumento idóneo para contratar suministros, concertar operaciones, obtener información puntual y valiosa, y otras muchas cosas.

Uno de los problemas más graves con que se enfrenta un modelo que, como el español, pretende implantar un sistema de economía mixta, es sin duda la falta de efectividad del sector público, tanto en planificación e inversiones como en la gestión de las empresas estatales. En este último aspecto, la profesionalización de las áreas ejecutivas de las empresas y sus entes superiores parece básico.

De muy poco valen gestos como los de un grupo de altos cargos del Ministerio de Hacienda, cuando hacen pública su decisión de renunciar a las percepciones que les corresponden como consejeros, en razón de sus cargos, en determinadas empresas públicas. Lo importante, lo que prevalece, es el riesgo de que la efectividad quede abiertamente disminuida en base a una multiplicidad exagerada de funciones. Tal puede ser, por ejemplo, el caso del INI, cuyo consejo directivo está formado por una pléyade de subsecretarios que, en virtud de la escasa profesionalización sectorial de los cargos ministeriales y la dinámica política apenas tienen tiempo de contactar con los problemas antes de ser relevados.

El franquismo en la empresa pública

Ante el reto de futuro, España debe plantearse no sólo una eliminación radical y total de las prebendas y corruptelas sino, sobre todo, ir a una profesionalización de la empresa y el sector públicos en aras de la más elemental efectividad.

Era de prever que en la etapa democrática se procediera a una inmediata remodelación de todos los cargos empresariales derivados de reconocimientos y recompensas. Parece que, en principio, el presidente Suárez vetó el tema por evitar enfrentamientos frontales con los viejos franquistas. «Este es el mejor sistema para tenerles comprados», dijo entonces el presidente. Posteriormente, ya consolidados los resultados electorales que auparon a UCD al gobierno, los ministros encargados, básicamente los de Economía, Hacienda e In-

Cuarenta y un ex ministros mantienen cargos importantes en las empresas del Estado

dustria, han obviado el tema, salvo excepciones que no hacen regla general, a pesar de sus reiteradas manifestaciones previas. Así, bancos oficiales, empresas públicas y sectores clave en la actividad económica española siguen regentados por representantes de una clase política antigua aferrada a sus poltronas, y cuyo mérito empresarial fue estar al lado del franquismo en sus momentos estelares. La lista es tan impresionante como reveladora.300 empresas vinculadas al Estado

Más de tres centenares de empresas y no menos de dos mil puestos en sus consejos de administración dependen a la hora de designar titulares, de la decisión de los ministros de Hacienda, Industria, Economía, Comercio y Transportes, principalmente.

Los intereses del Estado, mayoritarios o minoritarios, en monopolios, empresas industriales y de servicios, se defienden en base a estas decisiones.

El INI participa directamente o indirectamente en centenar y medio de sociedades. El patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) participa en medio centenar de empresas que a su vez cuentan con múltiples filiales. Por estas dos vías se encauza más del 90% de los intereses empresariales del Estado.

Los sueldos que perciben los representantes del Estado en estas sociedades permanecen en el más riguroso secreto y pocas personas pueden llegar a conocerlos con precisión. En todo caso se completan verdades parciales que muy difícilmente llegan a sumarse en una verdad total cuantificable y sobre la que se puedan sacar conclusiones definitivas.

Un primer sondeo realizado por EL PAÍS entre los consejos de esas 300 sociedades ha permitido detectar, al menos, la presencia de 45 ex ministros y un centenar de notables del pasado que presiden o aconsejan los intereses del Estado desde poltronas discretas y generalmente bien remuneradas.

En muchos casos, lo importante no es la remuneración en sí. Pocos consejos merecen el calificativo de millonarios por alcanzar su retribución esa cifra anual. Al margen la información y otros beneficios (coche, despacho, secretaria, viajes, dietas...) completan perfectamente las ventajas de mantener un puesto en el consejo.

De los ministros vivos de los últimos cuarenta años, el 60% mantiene una posición en empresas públicas. La mayor parte de los demás no lo necesitan por su fuerte presencia en empresas privadas, en la política o incluso en cargos oficiales. Los señores López Bravo, Mortes, Fernández de la Mora, Garrigues, Villar Mir, Carriles y aIgún otro mantienen sólidas posiciones en la gran empresa. A otro nivel, Fernández Cuesta, Girón, Fraga, López Rodó, Areilza... se mantienen en primera línea política con mayor o menor (Girón y Areilza en el primer caso y Fraga en el segundo) dedicación a los negocios.

Cambio de actitud

En este primer capítulo de la serie, facilitamos únicamente la relación de ex ministros con posiciones en la empresa pública. EL PAÍS ha tratado de verificar en lo posible todos los datos que suministramos, aunque este chequeo no resulta nada fácil. Hemos podido detectar un cambio de actitud en numerosos organismos públicos a la hora de facilitar información, aunque también hemos comprobado que no se encuentra demasiado actualizada ni es completa.

En próximos capítulos señalaremos la posición de ex altos cargos y notables del pasado en los mismos consejos; el papel de los actuales altos cargos en la empresa pública; a nivel sectorial se planteará la representación del Estado en los monopolios, en las empresas del Patrimonio y finalmente en las del INI.

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