Fórmulas de nacionalización e inversiones, controversia esencial del plan siderúrgico

La incidencia de otros temas en la agenda de trabajo del equipo económico del Gobierno está retrasando la resolución definitiva de las incógnitas planteadas en torno al proyecto de Plan de Apoyo y Reestructuración del sector siderúrgico español, que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos se comprometió a ultimar antes del próximo 1 de marzo.

El punto más conflictivo sobre el que se concitan mayor numero de discrepancias entre las distintas esferas de interés en el tema, continúa siendo la posible nacionalización de toda la siderurgia integral y, en su caso, los métodos jurídico-legales mediante los cuales se efectuaría. La unanimidad existente sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo de Altos Hornos del Mediterráneo se diluye a la hora de estimar si la otra empresa privada, Altos Hornos de Vizcaya -principal accionista de AHM-, debe pasar también a manos estatales. La tercera siderurgia integral, Ensidesa, es propiedad del Instituto Nacional de Industria.Básicamente, todos los expertos coinciden en considerar que la crisis que padece la siderurgia a escala mundial tardará muchos años en resolverse y que, de una u otra forma, las aportaciones estatales al sector -necesarias y generalizadas en todo el mundo- difícilmente podrán ser restituidas por las empresas. Al mismo tiempo, también existe consenso en considerar que, antes o después, la demanda de acero se relanzará a escala mundial y es necesario proveer los medios necesarios para, en un momento adecuado y en base a una minuciosa planificación, estar en condiciones de acometer inversiones que permitan incrementar la capacidad productiva española, evitando posibles limitaciones al desarrollo industrial del país. En función de todos estos factores, el caso de Altos Hornos del Mediterráneo y sus instalaciones de Sagunto se contempla como peculiar y de una extrema gravedad. La única alternativa es -se dice- su paso al sector público, aunque existen notables discrepancias respecto a los mecanismos mediante los cuales se instrumentaría la estatalización y el programa inversor a desarrollar posteriormente. En ambos casos, subyace el importante tema de la valoración, que puede llegar a ser el elemento sustancial a considerar por los responsables de la política económica, antes de adoptar una decisión definitiva.

Opciones para AHM

En el tema de la desprivatización de AHM, las alternativas planteadas son tres: nacionalización, a partir de una valoración de la sociedad y pago a sus accionistas; entrada del sector público, mediante ampliaciones de capital suscritas íntegramente por el INI; y posibilidad de incautar las instalaciones de Sagunto, sin alterar la titularidad de las acciones de la empresa. Conectada con estas tres opciones se plantea la posibilidad de que AHM declare suspensión de pagos; juristas expertos de la Administración están considerando la posible incidencia de ello en los préstamos internacionales concertados, especialmente en lo que se refiere a la cláusula mediante la cual podrían hacerse exigibles de inmediato. Ni que decir tiene, las tres opciones nacionalizadoras son consideradas igualmente para el caso de que se decidiera desprivatizar todo el sector integral. Frente a esta idea, persisten las de planificar estatalmente el sector o financiar directamente a las empresas, sin contrapartida.La futura utilización de la cuarta planta de Sagunto tampoco escapa de la discrepancia. Mientras un proyecto contempla la adición de un tren de laminación en caliente (TLC) al actualmente instalado en frío (TLF) y la incorporación de una colada continua, suprimiendo los proyectados hornos altos y el convertidor LD, otra alternativa se inclina por paralizar la inversión en su estado actual, dejando exclusivamente el TLF y posponiendo todo el resto de instalaciones hasta una coyuntura más óptima, de relanzamiento de la demanda. El primero de los proyectos contempla la utilización de las actuales instalaciones de la acería vieja de Sagunto -tres hornos- para abastecer uno de los dos millones de toneladas anuales que serían capaces de transformar los dos trenes, aportando el restante desde las instalaciones de Ensidesa, en Avilés. Los defensores de la segunda alternativa entienden que carece de racionalidad sostener los tres hornos viejos de Sagunto, cuyas instalaciones son obsoletas y jamás han sido capaces de superar una producción anual de 600.000 toneladas, así corno montar un TLC de tal capacidad -un millón de toneladas anuales- en las actuales circunstancias de mercado y con los importantes costos energéticos que el recalentamiento de slabs conlleva. Según esta idea, la acería vieja de Sagunto debería ser objeto de un plan de chatarraje a un plazo de cuatro o cinco años; previsiblemente los mismos necesarios para replantear los objetivos de inversión de la cuarta planta. En este contexto, finalmente, sería Ensidesa, a partir de un incremento a siete millones de toneladas anuales de capacidad productiva, la que proporcionaría los slabs necesarios -un millón de toneladas al año- para su transformación en el TLF de Sagunto, preveyendo la instalación de un TLC, a medio plazo, en Avilés.

Problemas de tesorería

Con todo, el tema de resolución más urgente es, según fuentes del sector, básicamente de tesorería. Altos Hornos del Mediterráneo asegura no estar en disposición de abonar la nómina de sus trabajadores -más de 5.500- correspondiente al presente mes de febrero. Altos Hornos de Vizcaya, por su parte, parece que no podrá rebasar el verano, en el mejor de los casos, con lo que más de 20.000 trabajadores no podrían percibir sus salarios en otoño. Fuentes cercanas a Ensidesa, por su parte, han asegurado a EL PAÍS que no se contempla en ningún caso la posibilidad de proceder a un desmantelamiento de la empresa, aunque sí puede hacerse necesario el cierre de determinadas instalaciones -concretamente los hornos Simmens-, lo que obligaría a trasladar a los ochocientos trabajadores que los atienden a otras factorías de la empresa. En ningún caso -señalaron las mismas fuentes- se ha pensado en despidos o planes de jubilación anticipada. Si la situación general se agravara, podría procederse a una ralentización de los ritmos productivos, mediante reducción de una jornada semanal y otras alternativas a negociar entre trabajadores y dirigentes de la sociedad. En cualquier caso, los medios consultados insistieron en señalar que el carácter público de Ensidesa obligaría a ésta a acatar las directrices emanadas del Gobierno.El último aspecto, pendiente todavía de examen por los ministros económicos, es la decisión a adoptar con respecto a la siderurgia no integral, cuya capacidad de producción es aproximadamente de la misma magnitud que la del sector integral -seis millones de toneladas anuales-, dispersa en más de doscientas empresas. En este ámbito, expertos de la Administración estiman muy complejo e improbable lograr que las directrices pudieran ser obligatoriamente impuestas a los empresarios. Sin embargo, se considera imprescindible que la siderurgia no integral sea también objeto de reestructuración, revisando objetivos, dada la previsible evolución del mercado de chatarra a escala mundial, y las dificultades que tradicionalmente encuentra España para abastecerse, dadas sus carencias de minerales de hierro y gas natural.