Actitud retardatoria

Secretario general de FETAP-UGT

Suele denunciarse por las Centrales Sindicales democráticas que los distintos Gobierno Suárez han retardado lo más posible la normalización de la vida sindical. El marco en que el Gobierno está colocando las elecciones sindicales es la última prueba de ello. Pues bien, en la Administración Pública este papel retardatario ha sido jugado con una perfecta y sincronizada planificación, en un intento último y desesperado de que la UCD pudiera ganar las elecciones sindicales en alguna rama de la producción.

La actitud del Gobierno en el campo del sindicalismo de la Función Pública comenzó con el retraso en la legalización de los sindicatos de funcionarios (sólo quedaron después de nosotros los partidos trotskistas) y continúa ahora con la falta de una convocatoria para las elecciones sindicales en los servicios y administraciones públicas.

Pero en el intermedio hay que señalar las graves limitaciones a la libertad sindical que se vienen produciendo en nuestro ámbito, como son: a) la existencia de colectivos que no tienen reconocido el derecho a la libre sindicación, así todo el personal civil al servicio de la administración militar o aquellos funcionarios que en el desempeño de su función llevan armas (aunque sea una carabina contra los jabalíes, como la guardería forestal) y a los que una restrictiva interpretación de los fiscales está añadiendo ahora determinado personal de la Administración de Justicia; b) las graves limitaciones en númerosos centros de trabajo y por imposíción autoritaria de jefes y jefecillos del antiguo régimen, a la libre acción sindical, incluso a los elementalísimos derechos de propaganda, reunión y representación que con carácter general ha reconocido la circular número tres de la Secretaría de Estado para la Administración Pública; c) la potenciación y creación de sindicatos amarillos por parte de las propias autoridades administrativas y a los que se concede todo tipo de ventajas incluidas la del uso de la franquicia postal oficial para su propaganda.

Esta política no va a tener, no obstante, éxito alguno, y los funcionarios cuando puedan votar van a apoyar a las mismas centrales que están ahora triunfando en el sector privado. Eso sí, este comportamiento, que impide la normalización de la vida sindical en la Administración Pública, está ocasionando graves perjuicios a la consolidación de la democracia, pues no hay duda de que ésta pasa por una modernización y racionalización de la Administración, que no va a ser posible -en el supuesto improbable de que el Gobierno tuviera intención de acometerla- sin el concurso de las centrales sindicales democráticas representativas de los trabajadores del sector.

Sólo la negociación, como en los países europeos de nuestro entorno entré el Gobierno y los sindicatos que representan a los funcionarios, va a hacer posible que la maquinaria administrativa se convierta en el instrumento eficaz al servicio de todos los ciudadanos, que los funcionarios somos los primeros en descas. Porque FETAP-UGT está convencida, y con esta convicción influye entre sus afiliados y simpatizantes, que los derechos laborales de los trabajadores de la Administración Pública producirán un mayor beneficio colectivo que los privilegios que, como migajas del poder, puedan otorgársenos, y que cambiando privilegios por derechos, saldrá muy mejorada la propia Administración Pública y los que la sirven.

En la Administración necesitamos también clarificar el panorama sindical y que, sin cifras cabalísticas como las de las actuales elecciones, el Gobierno pueda perfectamente conocer cuáles son los sindicatos que representan a los funcionarios y llamarlos a negociar inmediatamente. Sin negociación no podemos continuar un solo minuto más. Urge, por tanto, la convocatoria de tales elecciones en base a un sistema electoral democrático del que puedan salir unos órganos de representación adecuados. Pero un sistema electoral democrático sólo puede querer decir un sistema no corporativo en el que participen -en paridad de derechos- todos los que trabajan en la Administración Pública, cualquiera que sea su estatuto jurídico, incluido el personal laboral que también cobra de los presupuestos generales del Estado.

Y unos órganos de representación adecuados deben constituirse por los representantes de los trabajadores de la administración, libremente elegidos y no paritariamente. Dichos órganos tendrán competencias negociadoras de las condiciones de trabajo de sus representados.

De los anteriores representantes saldrán, en los niveles superiores, órganos formados por los sindicatos que han obtenido mejores resultados electorales y que seran los encargados de negociar las condiciones generales de empleo para toda la Administración Pública.

No se puede seguir aplicando una política autoritaria e ineficaz de personal que, además de no dar ninguna solución a los problemas, desconoce completamente a los trabajadores del sector. Las elecciones sindicales permitirán que las centrales puedan sentarse a negociar los grandes temas que se avecinan y que o tienen una solución urgente o terminarán por poner en peor estado la cuestión. Tales son: el estatuto de la Función Pública, que el Gobierno debe remitir a las Cortes antes del 30 de abril, y en el que sería imprescindible la consulta previa a los representantes de los funcionarios; las retribuciones, que siguen estando manejadas por un órgano administrativo -la Junta de Retribucíones- de composición oligárquica, cuya desaparición resulta imperiosa; la carrera administrativa, que frustra cualquier posibilidad de desarrollo profesional e impide a la Administración utilizar los recursos que tienen sus propios trabajadores; la inestabilidad en el empleo de contratados e interinos, tantas veces denunciada; los salarios de hambre de los contratados laborales; las injusticias y arbitrariedades en la asignación de puestos y gratificaciones; el descuido lamentable de la Función Pública en los servicios provinciales, etcétera.

Sólo así será posible la normafizacíón democrática de la Administración y la solución a los innumerables problemas que los funcionarios como trabajadores tenemos.

La potenciación de los sindicatos amarillos sólo puede conducir a que los problemas queden sin resolver y la Administración siga como hasta ahora. Los funcionarios públicos no van, sin duda, a soportarlo un solo día más, y por ello van a dar su respaldo a los sindicatos que, corno la FETAP-UGT, detienden auténticamente sus derechos y representan un sindicalismo moderno y democrático.