Parte de los archivos políticos serán "hibernados" de acuerdo con criterios gubernativos

La anunciada destrucción de los archivos políticos de la Dirección General de Seguridad y del Servicio de Información de la Guardia Civil sobre el período franquista cuestiona los criterios de selección de los documentos históricos. El director general de Archivos, siguiendo pautas internacionales, es partidario de congelar parte del material según la oportunidad política. Para el historiador Angel Viñas se trata de establecer responsabilidades históricas. Angel L. Menés recoge también las opiniones del director del Archivo Histórico Nacional y del jefe del Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico.

Ante el anuncio de la destrucción de los documentos policiales, el senador Benet, al parecer a instancias de una nota difundida por la Asociación de Archiveros y Bibliotecarios, hizo una interpelación al ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, quien respondió que sólo se destruirían aquellos documentos que carecieran de valor histórico.Esta respuesta del señor Martín Villa plantea dos cuestiones claras: cómo se seleccionará la documentación a destruir y cuál será el criterio que seguirán para seleccionar la materia destinada a desaparecer. Según dijo el senador Benet, en su interpelación al ministro, el Cuerpo General de Archiveros, que en la actualidad consta de unos quinientos funcionarios, se encuentra incapacitado, por el volumen de la información acumulada, para realizarla de forma exhaustiva en un período de tiempo razonable. Por otro lado, siempre según el senador por Cataluña, dicho cuerpo carece de especialistas suficientemente cualificados para evaluar la importancia de la documentación a separar y dar a la luz pública.

Contestando a este segundo juicio, la Asociación de Archiveros y Bibliotecarios ha difundido una nota en la que, a la vez que se congratulaba por la denuncia de esta cuestión en el Senado, considera como «un insulto a los archiveros la argumentación del senador por la Entesa dels Catalans. Insulto gratuito, pues, para pedir la inclusión de historiadores, cuya opinión consideramos especialmente valiosa en la comisión de selección aludida, no hacía falta denigrar a los archiveros».

En otros países, la documentación de la Administración acumulada en los archivos ha sido sistemáticamente guardada en un período de tiempo razonable (variable según la incidencia que pudieran tener en dicho espacio de tiempo en las relaciones internas y externas de dicho país. En Italia, Francia e Inglaterra este período se cifra en los cincuenta años, como espacio general, pudiendo ampliarse para determinadas cuestiones).

Dichos países cuentan, además, con un cuerpo organizado exclusivamente dedicado a seleccionar los documentos, cuáles pueden salir inmediatamente a la luz pública y cuáles han de esperar cuarentena.

Sobre el problema de quién y de cómo se ha de realizar la selección de documentos, hemos hecho una pequeña encuesta entre varios de los estamentos afectados.

«El tema está completamente resuelto en el plano legislativo, por el decreto firmado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. El criterio, según el cual se llevará a cabo la selección de los documentos a conservar, será el de conservar todo aquello que no esté duplicado. Dentro de esta documentación conservada hay una parte que no se debe dar a la luz pública, debido a la oportunidad política. Así lo dispone el Ministerio del Interior, que tiene previsto esto en la Legislación General del Estado que regula los fondos documentales», declara Evelio Verdera, director general de Archivos. «En cuanto al personal que seleccionará el material, el decreto no define quiénes lo harán. Supongo que lo realizarán funcionarios facultativos de todas las direcciones generales implicadas en el hecho.»

«No quemar nada»

«Ante todo, no quemar nada. Todo lo relacionado con la destrucción de estos archivos es un problema político. Tenemos derecho a saber, como legítimo derecho, aquello que ha pasado. En la actualidad mucha de la documentación archivada daría, origen a que salieran a la luz una serie de cuestiones que podrían romper esa especie de equilibrio político existente. Por ello, han de ser las generaciones futuras las que decidan qué documentación es la que realmente tiene interés. Ahora no se trata de conocer responsabilidades, sino de establecer responsabilidades históricas.» Es la opinión del historiador Angel Viñas.«En cuanto a quiénes serían los encargados de seleccionar los documentos que pueden darse a la luz pública de forma inmediata, debería constituirse una comisión mixta entre funcionarios de la Administración, especialistas en conservación de documentos, especialistas en los servicios implicados, historiadores, etcétera. En fin, una comisión que contara con el personal adecuado para examinar de forma objetiva y con perspectiva histórica, todo el material archivado.»

«La cuestión de los archivos Policiales es un asunto politizado y pone en el tapete el problema de la desaparición de documentos, hecho que se ha realizado con frecuencia», declara Luis Sánchez Belda, director del Archivo Histórico Nacional.

«Dicha documentación, tiene un doble valor. Por un lado, la acción policial no ha trascendido, pudiendo existir documentos desconocidos de gran connotación política. Por otro lado, hablan de los métodos de investigación y sistemas policiales desconocidos por el gran público.»

«Políticamente, estos archivos nos harían ver quién en realidad ha soportado el peso de la oposición; qué ideas y actividades han sido las más perseguidas por el régimen de Franco.»

«Personalmente conservaría íntegramente toda esta documentación. Para que no fuera posible utilizarla como chantaje político, público y privado sería cuestión de establecer por parte de la Administración un plazo de tiempo durante el cual no se pudiera tocar. Sólo una vez transcurrido este período de tiempo, que en principio pudiera ser de 35 a cincuenta años podría realizarse una selección con un verdadero criterio objetivo. Es historia de España y, como tal, hay que conservarla en su integridad.»

Selección de hechos

«El problema que se plantea es de tipo histórico grave. Fundamentalmente se trata de discernir lo que es importante y realizar una selección de hechos basándose en la frecuencia con que se repite el hecho. Por ejemplo, el que hubiera habido una Matesa durante el período franquista es un hecho que históricamente carece de importancia. Pero el que hubiera un gran número de malesas evidentemente demuestra un grado de corrupción en un régimen que, obviamente, tiene su Importancia histórica», declara Justo García Morales, jefe del Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico.«Nos encontramos con un inmenso archivo. Con un exceso de documentación, de información y con una falta total de perspectiva histórica. Evidentemente existe un interés por conocer los trapos sucios de los partidos políticos hoy legalizados. De aquí que surja el problema de que esta información se pueda utilizar como palanca de fuerza política. Por ello, yo apuntaría el criterio de destrucción o de ocultación temporal de todos aquellos documentos que contribuyeran a no borrar las huellas de la guerra civil. En cuanto al personal encargado de la selección, ampliaría el cuerpo de funcionarios bibliotecarios y realizaría un índice donde figurara la temática de lo archivado.»