Críticas a los aspectos económicos y sindicales del anteproyecto

El análisis del marco constitucional de las fuerzas políticas, sociales y económicas estuvo encomendado a economistas y sindicalistas de la izquierda, así como a un empresario, moderados todos ellos por Enrique Miret Magdalena, vicepresidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Los ataques más duros al anteproyecto de Constitución fueron dirigidos a los aspectos sindicales y laborales que contiene.El socialista Raúl Morodo intervino sobre el tema «Constitucionalización de los partidos políticos». Consideró que la democracia representativa y pluralista ha de ser definida como democracia de partidos, y añadió que su legalización, incorporación y constitucionalización no se ha producido hasta el siglo XX.

Sin embargo, estimó que el anteproyecto omite la garantía de la democracia interna de los partidos; el derecho a la fiscalización estatal de dicha democracia, en correspondencia a la financiación de los partidos por la Administración; y, por último, el sometimiento al control judicial de estos principios democráticos, así como de los controles y apoyos estatales establecidos. El órgano adecuado para este control es, según el profesor Morodo, el tribunal constitucional.

El socialista Jerónimo Saavedra criticó las deficiencias del anteproyecto en materia sindical, y concretamente las limitaciones respecto a la afiliación en general, sindicación de los funcionarios y derecho de huelga. Estimó que el intento de una enmienda de UCD de restringir este derecho a la defensa de los intereses «profesionales» suponía un peligro. Asimismo, consideró la constitucionalización del cierre patronal como contrario a los principios de las Constituciones democráticas.

El comunista y líder de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius manifestó que, teniendo en cuenta la vigente legislación laboral y sindical Je la dictadura, habría que realizar un proceso constituyente de las relaciones laborales y sindicales paralelo al político. Señaló que la inclusión de los derechos laborales y sindicales influirá en que se democraticen las relaciones laborales.

El señor Sartorius manifestó que la Constitución no debe enunciar principios, sino establecer un marco real de aplicación de derechos, y recordó que sólo cuatro artículos de los 159 del anteproyecto se refieren específicamente a esta materia. Aludió a la falta de regulación del derecho de los parados y emigrantes, así como del derecho de los trabajadores en la empresa a la seguridad social, mientras que, en cambio, están redactados defectuosamente, entre otros, los artículos relativos a la negociación colectiva, la sindicación y el derecho de huelga.

El economista del PCE Ramón Tamames se manifestó contrario a la entelequia economía social de mercado, propia de regímenes como Chile. El señor Tamames, que habló sobre «Banca, fiscalidad y crédito», estimó que el anteproyecto no tiene elementos muy criticables en esta materia, regulada en pocos artículos, por lo que ha de entenderse que lo que no está prohibido, está permitido.

Señaló que el sistema crediticio, suficientemente democratizado en los pactos de la Moncloa, es recogido en el anteproyecto de forma que permitirá una socialización del mismo. Asimismo, consideró adecuado el tratamiento constitucional de la fiscalidad y manifestó al señor Sartorius que los presupuestos de la Seguridad Social serán controlados parlamentariamente. Aludió a la enmienda comunista que solicita, en cambio, un mayor control del gasto público.

Se refirió a la posibilidad de una reforma agraria cuando haya un Gobierno de izquierda, «un Gobierno donde esté toda la izquierda», puntualizó, y propugnó una Constitución no ideológica que permita un «socialismo en libertad».

El economista del PSOE Miguel Boyer estimó regresivo el anteproyecto de Constitución en aspectos como la previa indemnización en caso de expropiación, y en la excesiva presencia privada en los servicios públicos. Defendió una mayor claridad en la Constitución sobre la planificación indicativa o imperativa, y estimó necesario corregir la acción del mercado.

Finalmente, el presidente del Círculo de Empresarios, Santiago Foncillas, disertó sobre «La empresa y las relaciones laborales en el proyecto constitucional». Manifestó que los empresarios esperan de la Constitución que les permita seguir siéndolo «nada más, pero tampoco nada menos». Declaró que todas las afirmaciones que contiene el anteproyecto como exponente de la voluntad social de los poderes públicos «ni escandalizan, ni sorprenden, ni asustan a ningún empresario moderno».

Más adelante señaló que si la, Constitución va a ser neutral y no. va dibujar con claridad un sistema económico para dejar abiertos todos los caminos hacia cualquier tipo de transformación -en función del programa del Gobierno en el poder- no es aventurado suponer que en esa incertidumbre «descenderá la inversión, decaerá la iniciativa, aumentará el desempleo y, en definitiva, se abultarán todos los problemas». «Si no se dan pruebas contundentes -añadió- de que se va a proteger la economía de mercado, es preferible escoger, sin eufemismos, modelos socialistas.»

El consenso constitucional sobre la enseñanza está roto

La enmienda de UCD al anteproyecto de Constitución, mediante la cual se pretende constitucionalizar las subvenciones estatales a los centros de enseñanza, sin exigirles ningún requisito para tener derecho a ello, ha roto el consenso parlamentario en materia educativa, según manifestó ayer el diputado del PSOE y vicepresidente primero del Congreso, Luis Gómez Llorente.

El señor Gómez Llorente disertó sobre «el problema de la enseñanza y la familia a nivel social, religioso y político», tema que no pudo abordar en la sesión anterior de La Constitución, a debate, debido a la «agitada sesión del Congreso», como la calificó el propio orador. Su intervención estuvo centrada en el análisis del artículo 28 del anteproyecto, mejorado, en su opinión, en el texto definitivo elaborado por la ponencia constitucional.

La intervención de los profesores, padres y alumnos «en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos» la consideró el señor Gómez Llorente como el fundamento sobre el que ha de edificarse la democratización del sistema docente de nuestro país. En este sentido hizo una crítica muy dura a la enmienda formulada por su colega en la vicepresidencia del Congreso, María Victoria Fernández España (AP), que pretende limitar el control de los padres a la distribución de los fondos públicos, por rechazar, desde una perspectiva netamente derechista -dijo el señor Gómez Llorente- lo que ella denomina «la argumentación colectivista de la intervención de profesores, padres y alumnos» en el control y gestión de los centros.

El señor Gómez Llorente defendió la necesidad de la participación ciudadana en campos de la actividad pública tan decisivos como la enseñanza, a fin de no caer en una democracia impropia de hoy y adecuada al liberalismo burgués de otra época.

Sobre el derecho a la enseñanza religiosa aludió al deseo socialista de evitar que la Constitución provoque una guerra de conciencia, como podría ocurrir si se estableciera el principio de la Constitución de la República: «La enseñanza será laica.» Por el contrario, defendió el derecho de los padres, especificado en el anteproyecto, de que sus hijos reciban «la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero añadió en seguida que tal derecho, como todos, ha de ser ejercido libremente por parte de los profesores que imparten la enseñanza y de los alumnos que la reciben, y sin que dé lugar a la creación de escuelas que sean ghetos católicos o de otras confesiones.

El señor Gómez Llorente aceptó en líneas generales los distintos puntos del artículo 28 del anteproyecto, pero advirtió del peligro de que se desencadene la guerra de conciencia que los socialistas han pretendido evitar si UCID no se conforma con que la Constitución diga que «los pode res públicos ayudarán (el PCE propone que se diga "podrán ayudar") a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca", e insiste en su enmienda por la que se suprime la última parte condicionadora de las subvenciones.