El fiscal de Madrid, contra el Sindicato balear de Administración de Justicia

Después de diversas reuniones mantenidas por miembros de la administración de justicia de Baleares durante el último trimestre del pasado año, en el mes de diciembre se formuló el acta de constitución del Sindicato de Administración de Justicia (SAJ) de Baleares, remitiéndola para su inscripción y legalización a la Dirección General de la Función Pública de la Presidencia del Gobierno. Tras emitirse un informe no desfavorable al sindicato por parte de la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con las disposiciones procesales, el expediente fue remitido al fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, el cual ha interpuesto demanda de procedimiento incidental contra el SAJ de Baleares. Los miembros de este sindicato, por unanimidad, han decidido no allanarse a la demanda, sino defender su derecho a la sindicación, habiendo designado para su defensa como letrado al rector de la Universidad a Distancia, catedrático de Derecho Administrativo y conocido publicista, Tomás Ramón Fernández, quien ha aceptado hacerse cargo de la defensa del SAJ de Baleares, del que forman parte miembros de los distintos cuerpos de la administración de justicia, como magistrados, fiscales, jueces de primera instancia e instrucción, jueces de distrito, médicos forenses, secretarios de las diversas ramas de la administración de justicia y magistrados del Trabajo.

El sindicato balear, como el de Cataluña, se concibe como unitario y democrático, independiente de los partidos políticos de la Administración Pública y de las centrales sindicales. Su afiliación es voluntaria, al igual que su separación, teniendo como finalidades además de las reivindicaciones para la mejora de la calidad de justicia, la democratización de la misma. Aunque el ámbito inicial de carácter territorial es el del archipiélago balear, se concibe como voluntad de unirse a otros sindicatos españoles y constituir un SAJ de toda España.

El acta constitucional que en su día fue remitida a Madrid está firmada por un miembro de cada una de las carreras citadas, que son las personas que han sido demandadas por el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid.