Enmiendas de AP y PCE a los textos fiscales

Alianza Popular y el Partido Comunista presentaron ayer al Congreso diferentes enmiendas a los proyectos de ley del paquete de la Reforma Fiscal remitido por el Gobierno.Por lo que respecta a Alianza Popular, las enmiendas se dirigen contra el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Según declaró a EL PAÍS el señor Fernández de la Mora, la justificación de la primera de sus enmiendas reside en que el Gobierno pretende gravar con el impuesto sobre el patrimonio no lo que se ha heredado, sino lo que se conserva de la herencia.

Respecto a la otra enmienda, señaló que el concepto de plusvalía se proyecta aplicar en términos monetarios y no reales, lo que no parece lo más justo cuando el proceso inflacionario ha seguido un desarrollo alcista en los últimos años.

El PC, por su parte, ha presentado un total de 32 enmiendas respecto del proyecto de ley de renta de las personas físicas, veinte en relación con el impuesto sobre el patrimonio neto, trece al impuesto de sucesiones y donaciones y una a la proyectada reducción de tarifa del impuesto de las personas físicas para 1977.

El común denominador de las enmiendas del grupo parlamentario comunista reside en la búsqueda de una mayor precisión terminológica que trata de evitar posibles casos de elusión fiscal por mantenimiento de aspectos normativos inadecuados y de lograr un conjunto de figuras impositivas verdaderamente progresivas, teniendo en cuenta las actuales circunstancias y capacidades de la economía española.

En lo relativo al impuesto sobre el patrimonio, el Partido Comunista considera que deben tenerse en cuenta muchos de los aspectos que ya fueron discutidos con ocasión del debate de la que ya hoy es ley de Medidas de Urgencia Fiscal. En cuanto al impuesto sobre sucesiones, se prevé una mayor progresividad para las líneas hereditarias que no sean las relativas a los cónyuges e hijos. Sobre la tarifa del impuesto sobre la renta que propone el Gobierno, notablemente menor a la todavía vigente, el PC considera que es razonable en el contexto de la preocupación, que debe ser prioritaria, de eliminar el fraude para que la distribución de la carga tributaria sea efectivamente más justa.