El drama del campo

Miembro del Consejo Superior de Agricultura

No se necesita cargar las tintas en los titulares para ser conscientes de la delicada y difícil situación que atraviesa el sector agrario. La situación no es nueva para esos más de ocho millones de españoles que pueblan el medio rural, para esos más de tres millones que constituyen la población activa agraria. La problemática también es antigua, la soledad de los titulares de Agricultura para llevar adelante sus propuestas es algo tradicional aquí y en todas las partes del mundo.

En estos momentos la situación socioeconómica es dificil y grave, y en mayor medida para el campo. Y todavía es mucho más doloroso si se tiene en cuenta que han transcurrido pocos meses de las primeras elecciones democráticas, donde se cansaron de escuchar a los partidos políticos toda clase de promesas y hasta se creyeron el horizonte rosa que se les pintaba.

La insolidaridad

No puede echarse toda la culpa a lo que ya es tradicional en la actividad agraria, es decir, a la insolidaridad del campo, al aislamiento que hace que sus reivindicaciones carezcan de fuerza, a la situación secular de abandono en que se encuentran, sino que, en parte, son responsables de la situación que atraviesan, ya que en las pasadas elecciones se dejaron manejar por quienes, atendiendo a tácticas caciquiles y apelando a los elementos más susceptibles de presionar, lograron canalizar el voto del campo para sus intereses políticos, precisamente quienes una vez finalizadas las elecciones no tardaron en olvidar sus promesas, por estar en la seguridad, en la confianza, de que, por mucho que se margine y se humille a los agricultores, éstos, en la próxima contienda electoral, volverán a votarles.

Así no resulta extraño comprobar que una cosa es el objetivo del pacto de la Moncloa, conseguir que el coste de la grave situación socioeconómica se reparta justamente entre todos los españoles, y otra, cómo se lleva adelante por los responsables, a quienes les resulta más cómodo cargarlo sobre los sectores incapaces de organizarse para protestar y reclamar en justicia lo que les corresponde. Y, precisamente, uno de estos sectores es el agrario.

De lo recogido en el pacto de la Moncloa no es de esperar mucho a la hora de su articulación, pese a los esfuerzos que lleve a cabo el equipo del departamento agrario, y de los beneficiosos efectos sociales que podrían lograrse a través de avanzadas leyes de arrendamientos, cooperativas, seguros y reforma agraria, ya que la composición de la Cámara Legislativa así lo hace suponer. Pero, dejando las especulaciones y entrando en el terreno de lo concreto, analicemos lo que, hasta ahora, ha tenido traducción efectiva.

Desde el punto de vista presupuestario, el trato dado al sector agrario es indignante; no sólo no ha aumentado la atención del sector público al campo en el mismo porcentaje en que se ha incrementado el Presupuesto de 1978 sobre el de 1977, que ya de por sí sería injusto para este sector deprimido, sino que las inversiones públicas agrarias en 1978, aunque los precios durante todo el año no se modificasen (quimera inalcanzable), serían inferiores en más de un 30% a las de 1977, pese a ese «regalo» de última hora de incrementar las cifras en 2.000 millones con financiación anterior.

Situación decepcionante

Desde el punto de vista de precios y comercialización, la situación todavía es más decepcionante.

Basta seguir la prensa y leer con interés los temas que van a ser considerados por el Consejo de Ministros, a propuesta del FORPPA, y lo que resulta aprobado. Puede así comprenderse y adivinarse la falta de apoyo al Departamento de Agricultura, que tiene que conformarse con ver modificadas sus propuestas probablemente por una rígida interpretación del pacto de la Moncloa. Y quien lo paga es el agricultor y el ganadero. Quien lo sufre es el campo.

Mientras, el sindicalismo agrario sigue sin organizarse, las distintas organizaciones surgidas no terminan de ponerse de acuerdo, se empeñan en poner el norte de sus actuaciones en instancias que no se solidarizan con sus pretensiones. Y en esta situación, próximamente serán discutidos el conjunto de los nuevos precios agrarios y sólo el acuerdo de todas las organizaciones sindicales agrarias en apoyo de una propuesta que resulte satisfactoria para el sector, en este año difícil, podrá cambiar la actual situación crítica de la agricultura.

Algo más que cambios

Hay que acallar las voces de quienes creen que la solución consiste en cambiar periódicamente los equipos directivos del Departamento agrario. La experiencia de los últimos años demuestra que equipos formados por profesionales cualificados no han podido resolver la situación del sector agrario, y ello es debido a que sólo con las instancias del Departamento es imposible afrontar los graves problemas del sector, por carecer de medios y competencias para ello.

Si el sindicalismo agrario y la Administración no toman conciencia de abordar los problemas conjuntamente, con mutuo apoyo y con generosidad, la situación del campo seguirá agravándose, y llegará el momento que, de tanto estirar la cuerda, se rompa. Cuando el sufrido campesino y ganadero termine por explotar y abandone la actividad, como no sean sustituidos al frente del arado o del tractor por quienes son responsables de su situación, ¿de qué comerán los españoles?

No debe ser necesario llegar a esa situación para que los agricultores dejen de ser españoles de segunda clase, y es de esperar que meditarán más su voto en el futuro para hacerlo posible.