La prensa venezolana cuestiona las inversiones españolas por favoritismo

Desde hace una semana, periódicos y revistas venezolanas han comenzado a cuestionar algunos de los aspectos de los acuerdos económicos suscritos entre Venezuela y España con ocasión de la reciente visita del rey Juan Carlos a este país en septiembre de 1977 y que suponen una inversión de 2.500 millones de dólares (200.000 millones de pesetas).

La primera andanada periodística estuvo dirigida hacia Pegaso, que en septiembre de este año tendrá construida una fábrica ensambladora de camiones y montaje de motores en Cumaná, al oeste de Venezuela. En las referencias se hacía un balance de la difícil situación económica por la que atraviesa la empresa nacional de autocamiones que la ha situado al borde de la quiebra; el comentarista se preguntaba si era prudente adjudicar a una entidad en esta situación financiera la responsabilidad de una de las partes más importantes de la industria automovilística venezolana.La segunda crítica llegó después de que se anunciara la venta a Venezuela, por parte de España, de 1.500 microbuses destinados al transporte público en el área urbana de Caracas. Los detractores de tal operación acusaron al Gobierno de Carlos Andrés Pérez de «favoritismo» hacia nuestro país y de no cumplir las cláusulas del Pacto Andino, al que Venezuela pertenece, en lo que se refiere a la protección de la industria automotriz de los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

Hace muy pocos días, los periódicos dirigieron su punto de mira hacia los astilleros que España construirá en Falcón, y en los que nuestra industria naval invertirá más de quinientos millones de dólares (40.000 millones de pesetas). Se señala que la Administración del presidente Pérez se ha precipitado en la elección del lugar para estos astilleros, muy apartado de las rutas marítimas internacionales, y que una obra de tanta envergadura como la que se proyecta debería haberse puesto a licitación internacional en lugar de ser entregada a España de manera un tanto graciable en la que han tenido mucho que ver las simpatías personales que el presidente venezolano tiene hacia, nuestro país.

El único proyecto de inversión española en Venezuela que hasta ahora no ha recibido críticas es el del ferrocarril de ochocientos kilómetros que unirá Ciudad Guayana y San Juan de los Morros, y que España construirá en colaboración con empresas canadienses y venezolanas.

Lo lamentable de este caso es que nadie haya salido a defender públicamente nuestras posiciones en este país. Después de la visita del Rey la política española en Venezuela parece estancada, y no precisamente por interés venezolano. Pocas veces se habrá encontrado España con un Gobierno que como el de Carlos Andrés Pérez ofrezca tantas posibilidades, oportunidades, simpatías para nuestra promoción exterior. Baste un dato: de los 10.000 millones de pesetas de inversiones españolas en el exterior autorizados por el Ministerio de Comercio durante los diez primeros meses de 1977, 3.600 millones vinieron a parar a Venezuela; el segundo país en esa tabla es Estados Unidos con 1. 100 millones de pesetas de inversión española.

Nuestro país no parece tener en cuenta todos estos aspectos, e incluso comete errores de descortesía, que, si no son admisibles en ninguna circunstancia, son intolerables en un país que nos ha abierto las puertas sin pedir nada a cambio. Sirva un ejemplo: en la pasada recepción anual que ofreció el presidente de la República al cuerpo diplomático el día 31 de diciembre, después de su discurso a la nación (en el que por cierto citó tres veces a España), no hubo ningún representante español que acudiera a estrechar la mano del presidente Pérez: nuestro embajador estaba de vacaciones en España y su sustituto sufría una lamentable afección prostática. El hecho cierto es que, por una razón o por otra, nadie de nuestra representación estuvo en la recepción presidencial, y los dirigentes venezolanos lo notaron.