Los partidos se disputan la presidencia de Andalucía

El pleno de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía se reunirá por fin el próximo sábado en Almería para examinar las gestiones de la ponencia encargada de negociar el establecimiento de un régimen preautonómico para la región y que ya ha llegado a un acuerdo prácticamente total con el ministro Clavero Arévalo, cuyas líneas generales fueron recogidas por EL PAÍS el pasado 28 de diciembre. El lunes volverán a encontrarse los negociadores andaluces y el ministro para las Regiones, a fin de concretar los últimos detalles del futuro decreto-ley.Sin embargo, un problema podría deteriorar el clima de armonía y ánimo negociador de los cuatro grupos con representación parlamentaria en Andalucía (PSOE, UCD, PCE e independientes): la identidad del presidente de la región en esta etapa de autonomía provisional. Como es sabido, los socialistas, que cuentan con la mayoría relativa de escaños en la región, mantienen la tesis de que la presidencia debe ostentarla, en consonancia con los resultados electorales, un parlamentario del PSOE. Así lo ratificó recientemente en este periódico el diputado sevillano Rafael Escuredo.

Por su parte, los parlamentarios de UCD, tras su reunión del pasado lunes, han manifestado que el nombramiento del presidente de Andalucía no tiene por qué reflejar necesariamente la proporcionalidad de los votos del 15 de junio, aventurando la posibilidad de que fuese elegido para este cargo una personalidad representativa no parlamentaria, «aunque no lo hemos dicho pensando en ninguna persona en concreto», aclaró ayer la diputada ucedista Soledad Becerril.

Finalmente, constituye una incógnita la postura que va a mantener el PCE sobre este tema, si bien fuentes allegadas a este partido han expresado su opinión de que la propuesta de UCD podría ser aceptable siempre que se encontrase una persona independiente y que obtuviese el consenso de todos. Hay que subrayar, por último, que en las negociaciones con el Gobierno aún no ha quedado decidido si el nombramiento del presidente corresponderá a la Junta de Andalucía o, a propuesta de ella, al Poder central.