Los gobiernos civiles, ¿panacea laboral?

Otra vez más, la capacidad de trabajo del gobernador civil de Madrid permite a la primera autoridad provincial intervenir en la solución de un conflicto laboral. En esta ocasión se trata de la convocatoria de huelga que los trabajadores del comercio han hecho para el próximo día 26, en apoyo, entre otras reivindicaciones, de la negociación que pretenden con la patronal sobre la prolongación de horarios que de manera unilateral tratan de imponer los empresarios para estas fiestas navideñas.Fuera eufemismos, hay que constatar que la pasividad de las autoridades laborales fuerza nuevamente a un gobernador civil -hoy es el de Madrid, como en otras incontables ocasiones, ayer y mañana será el de cualquier otra provincia- a intervenir, para evitarla, en la gestación de una huelga con repercusiones en la vida ciudadana, con el fin de evitarla y ahorrar a los madrileños las consecuentes molestias.

La autorización para que el comercio permanezca abierto más horas al día durante la Navidad es una medida gubernativa, competencia del Departamento de Comercio y Turismo. Para que las empresas puedan poner en práctica esta autorización es preceptivo que lo negocien con quienes en definitiva lo van a hacer posible, es decir los trabajadores.

Tan elemental proceso es descubierto por el gobernador cuando trata de informarse sobre el conflicto del comercio, después de que los trabajadores del sector recurran a la primera autoridad provincial en busca de solución a su problema laboral. Mientras tanto y en síntesis, ha ocurrido lo siguiente: los empresarios anuncian la prolongación de la jornada laboral para poder mantener sus establecimientos abiertos durante más horas al día -dado que Comercio les autoriza a ello-, los trabajadores, que quieren negociar un convenio único para el sector, aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid y quieren también negociar las condiciones en que van a ver prolongadas sus jornadas, si es que finalmente accedieran a ello; la máxima autoridad laboral de la provincia, con la que también se entrevistan los trabajadores, promete a los potenciales huelguistas que realizará un informe sobre el tema. Finalmente, una nota oficial del Gobierno Civil anunciaba ayer que la Delegación de Trabajo convoca para hoy a las dos partes para que negocien lo que es de ley.

Parece claro que la postura de Trabajo resulta cuando menos poco ágil, toda vez que el gobernador ha de tomar la iniciativa e intervenir en la gestación de un conflicto laboral. No es que este no sea cometido, también, del gobernador, pero parece más lógico que la eficacia de la Delegación de Trabajo hubiera evitado su intervención.

Otra cosa: el Gobierno Civil ya ha anunciado la ilegalidad de la huelga convocada para el día 26, por afectar a un servicio público, y ha dado cuenta de la misma a la Audiencia Territorial. No estaría de más algún juicio oficial sobre el presunto comportamiento antisocial de la patronal, de cuya intención negociadora no se tienen noticias.