España prepara una contrapropuesta a la oferta de la CEE

«Habrá una contrapropuesta española», declaró el embajador ante el Mercado Común, Raimundo Bassols, comentando a la prensa el escaso contenido del mandato de negociación para la adaptación comercial del acuerdo España-CEE, aprobado el martes por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE. Sin detallar cuáles serán las contrapropuestas, «que tienen que prepararse entre todos los medios interesados», dijo Bassols, España pretende dejar claro que el mandato «no da lugar a una base seria de negociación». Así lo explicó Bassols a Roland de Kergorlay, director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, responsable de las negociaciones con España.

La comisión pretendía negociar rápidamente, el 23 o el 27 de este mes. Madrid dice que debe «reflexionar» y no espera sentarse a la mesa de negociaciones antes de la segunda quincena del mes de enero. Normal que los comunitarios tengan que esperar un poco. España esperó nueve meses antes de ver un mandato de negociación, frenado y reducido, en su oferta agrícola por la intransigencia italiana.El mandato de negociación, preparado por la presidencia del Consejo de la CEE (Bélgica), refleja todas las tensiones actuales de un Mercado Común en crisis.

Para dar satisfacción a un Estado miembro (Italia), ofrece concesiones casi ridículas en agricultura. Rebajas tarifarias mínimas, corregidas con todos los mecanismos clásicos de protección, como respeto de precios de referencia, calendarios, etcétera.

¿Qué nos propone la CEE?

Inicialmente se proponía dar a España una rebaja del 60 % para los agrios (hoy entran con el 40 %) y, en el futuro, aumentarla hasta el 80 % como se benefician ya los agrios de Argelia, Marruecos y Túnez. Las promesas de llegar hasta el 80 % desaparecen gracias a la presión de Roma.

En uva de mesa se propone un aumento del 10 %, para llegar hasta el 60 %, pero con control de calendario que, en gran parte, coincide con la época que España no exporta a la CEE.

Para las conservas de frutas, tomates y sardinas hay ciertas mejoras, acompañadas del «control» de un respeto de precios de referencia, que, en todo momento, pueden eliminar las ventajas.

Si en agricultura la oferta comunitaria es mínima, en industria no va mucho, más lejos. Aunque los porcentajes son mayores (aumento medio de casi el 20 %) para productos industriales españoles destinados al Mercado Común, se acompañan las ventajas de todo un abanico de fórmulas clásicas de control.

Textiles y corcho están sometidos a «techos» de importación, preferente, superados los cuales hay que pagar todo el arancel. Dieciocho partidas de otros productos quedan sometidas al régimen de «vigilancia estricta», que, en claro, equivale a tener permanentemente una espada de Damocles sobre la cabeza. Pueden cerrar el grifo, con cupos o quitando preferencias, cuando lo exijan las condiciones del mercado interior.

Todo ello en un momento en que los productos siderúrgicos y los textiles españoles están ya sometidos a restricciones.

¿Qué piden en contrapartida? Ir caminando hacia una zona de libre cambio, con un incremento del desarme industrial español que pasaría del 25 al 45 % de promedio.

Piden también concesiones recíprocas para los productos agrícolas transformados comunitarios (rebaja del 20 % del arancel), ventajas para los quesos y compromiso de compra para productos agrarios en los que la CEE es excedentaria.

¿Cuál será la contrapartida española?

Que, por vez primera, la Administración española se prepare para presentar una contrapropuesta es positivo. Aunque debería estar ya preparada, cuando se habla de este mandato desde hace mucho tiempo.

Una respuesta rápida -antes de fin de año, como pretendía la Comisión Europea- habría dado argumentos a Gran Bretaña para continuar el statu quo que beneficia a una serie de productos agrícolas transformados españoles destinados al mercado inglés. Statu quo que, jurídicamente, desaparecerá el próximo 1 de enero, a falta de contar todavía con un acuerdo que cubra la totalidad de la CEE de los nueve.

Raimundo Bassols repitió la trilogía de la doctrina oficial española en materia de relaciones con el Mercado Común: voluntad de adhesión; no al libre cambio; y sí a modificar el acuerdo de 1970 para evitar el vacío comercial y técnico que debe regir las relaciones España-CEE hasta la integración.

¿Quién será el nuevo secretario de Estado -o ministro- que se ocupe próximamente del complejo tema España-CEE? «No tengo ninguna noticia, ni hay ningún, cambio de opinión», dijo Bassols, entre la ambigüedad diplomática y la esperanza de que «alguien» le eche pronto una mano, desde Madrid, para dar un nuevo tono al conjunto de asuntos hispano-comunitarios.

Proteccionismo siderúrgico

La Comunidad Económica Europea resolvió una serie de medidas destinadas a proteger la industria siderúrgica comunitaria mediante la limitación de importaciones procedentes de terceros países.

El Plan Davignon prevé medidas destinadas a reforzar los controles de las importaciones de acero en la zona comunitaria y también los de los precios. Por lo que se refiere a los terceros países, se trata de establecer convenios bilaterales, en el marco de la OCDE, con limitaciones respecto a las tendencias tradicionales. España es uno de los países que se verá afectado por estas medidas proteccionistas.