El Gobierno, dispuesto a ejercer la autoridad con toda firmeza

La información oficial del Consejo de Ministros se inicia con una declaración del Gobierno sobre orden público, que textualmente dice: «Los tristes acontecimientos de Málaga y La Laguna, así como los registrados hoy en Irún, unidos al que costó la vida en Pamplona al comandante Imaz, que el Gobierno deplora profundamente, se inscriben en el contexto de graves alteraciones de la seguridad ciudadana que han provocado grupos minoritarios.

También han vuelto a repetirse ataques terroristas directamente dirigidos a atentar contra la vida de miembros de las Fuerzas del Orden Público.Estos acontecimientos, desgraciadamente, no son los primeros que se producen con la pretensión de alterar y entorpecer el curso de un proceso político caracterizado, en general, por la normalidad y por el consenso ciudadanos.

Los hechos referidos están siendo objeto de investigación por parte de todas las instancias que tienen jurisdicción sobre ellos. El Gobierno ha tomado las medidas adecuadas para esclarecer la gestación del desarrollo preciso de los mismos, de la manera más completa y exhaustiva, a fin de facilitar la actuación de los órganos fiscalizadores correspondientes.

El Gobierno, que, en cumplimiento de los pactos de la Moncloa, ha establecido un nuevo concepto del orden público, y que ha remitido los correspondientes proyectos a las Cortes para someter al Derecho sus actuaciones en este campo, no está dispuesto a dimitir de su obligación de conseguir y mantener el más alto nivel de seguridad ciudadana, mediante la utilización firme de todos los medios a su alcance.

Eficaz ejercicio de la autoridad

El Gobierno es consciente de la demanda social que existe de un ejercicio correcto y controlado, pero eficaz y rotundo de la autoridad y está decidido a ejercerla, tanto más cuanto que la amnistía, última y definitiva, y otras medidas adoptadas, hacen que el Gobierno actúe con la integridad de su autoridad moral.En el terreno de la seguridad ciudadana, la trayectoria de la gestión del Gobierno viene definida por el deseo, en gran, parte logrado, de obtener dos objetivos:

1. Establecer una concepción del orden público basada en la posibilidad de ejercer real y pacíficamente los derechos humanos.

2. Sujetar a Derecho, es decir, a los debidos límites, todas y cada una de las actuaciones que es preciso desarrollar para asegurar el orden público.

Desde esta perspectiva, reitera su voluntad de mantener en el área de su responsabilidad la posibilidad de un ejercicio legítimo de los derechos y de las libertades cívicas.

Las Fuerzas de Orden Público, cuya moral y eficacia es obligatorio reforzar y respaldar, tienen durante este proceso una misión tan delicada y difícil como esencial, frecuentemente asumida con víctimas.

El Gobierno tiene conciencia de que existen sectores antidemocráticos interesados, mediante su hostigamiento, en añadir nuevas dificultades.

El establecimiento de mecanismos de control, la reforma de las estructuras de las Fuerzas del Orden Público, su sometimiento a los tribunales ordinarios, el reforzamiento de la protección penal de los agentes del orden, y otras reformas proyectadas, permitirán que estas fuerzas continúen asumiendo, bajo la dirección del Gobierno, su función en un contexto democrático.»