Los obispos y la Constitución

En vista del último documento de la Conferencia Episcopal, publicado en su periódico el pasado día 27 de noviembre, documento llevado a cabo en un momento crucial, creo habría que prestar audiencia a aquellos españoles (¿cuántos?) que, no considerándonos cristianos, pese a estar teóricamente bautizados, necesariamente nos veremos afectados por la nueva Constitución en ciernes. La intención del Episcopado de influir en el borrador constitucional -llevada a cabo mediante palabras contemporizadoras, hábiles silogismos y dudosas ambigüedades-, creo que es clara. Creo, además, que si dicha intención tuviese éxito, y este es el motivo de mi carta, se habría malogrado uno de los principales fines que persigue dicha Constitu ción: alcanzar la libre armonía entre las diferentes tendencias de nuestra sociedad. No veo por qué los presupuestos cristianos tendrían que ser aceptados por todos aquellos que no nos sentimos ligados a ello de ninguna manera (como así sucedería en el caso de que las «recomendaciones» del Episcopado se reflejasen en el texto constitucional). La influencia moral que la Iglesia recaba debería ejercerse, una vez elaborada y aprobada la Constitución, misión concerniente a los parlamentarios, únicos representantes elegidos por el pueblo libre y democráticamente.

Es decir, y sobre un tema concreto, en el caso de que se aprobase el divorcio, la influencia de la la Iglesia estaría centrada en que aquellos que se consideraran cristianos no hiciesen uso de él, dejando absoluta libertad para todos aquellos que, mayoría o minoría, no creemos en su doctrina. El mismo argumento serviría para el resto de los temas en conflicto.

Creo que el tema es importante, pues supone un intento de manejo antidemocrático, hoy día inadmisible. Espero que los parlamentarios consideren el caso igualmente y actúen con total independencia sobre el mandato transmitido por el pueblo, al que, a fin de cuentas, unicamente se deben.