Trabajo pedirá información sobre Intelhorce al INI

«En principio no soy pesimista, aunque reconozco que la situación es grave y delicada», ha declarado el director general de Empleo, Rafael Cossío, en torno al futuro de la empresa Intelhorce.

Respecto a la posibilidad de que la propiedad de Intelhorce retorne al INI, el señor Cossío ha dicho que ello no es competencia del Ministerio de Trabajo, sino del de Industria. «No obstante, en los próximos días, y una vez que el grupo Castell conteste a dos cuestiones importantes que le hemos formulado, comenzaré las gestiones en torno a esta posibilidad.» La visita a Málaga del director general de Empleo ha coincidido con la de los miembros del consejo de gerencia del grupo Castell, señores Martínez Barril y Claramunt. Los tres se reunieron con el comité de empresa de la factoría y con el gobernador civil, señor Riverola. En el transcurso de esta reunión, se le pidió a la empresa que conteste antes del lunes a dos cuestiones que se juzga necesario conocer para poder entrar de lleno en la solución del tema. Estas dos cuestiones son las siguientes: detalles concretos del contrato mediante el cual Intelhorce, pasó del INI al grupo Castell y postura actual de la empresa, sobre si está dispuesta a postergar la presentación del expediente de regulación de jornada laboral semanal hasta final de este año.El verdadero caballo de batalla de cuantas gestiones han venido realizando, hasta ahora en relación a este problema consiste en el contrato de venta de Intelhorce al grupo Castell. Este contrato ha sido solicitado varias veces con resultados negativos por el comité de empresa y de él se sabe muy poco. Se conoce, eso sí, que la fábrica fue vendida por el INI el día 29 de diciembre de 1972, cuando era presidente del instituto Claudio Boada, en 852 millones de pesetas, cuando su valor era sensiblemente superior. Además, en el momento de la venta había unos almacenamientos de algodón por valor de unos cuatrocientos millones de pesetas, que aumentó su valor cuando en los primeros días de enero de 1973 el Consejo de Ministros aprobó un aumento del precio de este producto. Paralelamente, el mismo INI concedió un crédito de quinientos millones de pesetas al grupo comprador a pagar en veinte años.

Todos estos detalles son conocidos ya por la opinión pública malagueña, que está muy concienzada en este tema. En la manifestación organizada por diversas centrales sindicales hace unos días, contra el pacto de la Moncloa, uno de los gritos más coreados fue el de «Intelhorce es de Málaga», y todo indica que una solución a este problema que no pasara por el mantenimiento de todos y cada u no de los 3.000 puestos de trabajo y por la potenciación de la fábrica sería rechazada por Málaga. Y es que además de los datos anteriores, el hecho de que Claudio Boada, cuando dejó la presidencia del INI, fuese nombrado vicepresidente del consejo de administración del grupo Castell da pie a pensar que hubo muchos puntos oscuros en la operación de venta de Intelhorce.