Los maestros de la República, quieren que sus derechos profesionales sean reconocidos

Los maestros procedentes del plan profesional de 1931 y de los cursillos de perfeccionamiento e 1936 -conocidos como los cursillistas del 36- son los últimos funcionarios de la administración civil que sufren las consecuencias discriminatorias de la guerra civil. Aproximadamente son unos doscientos -el más joven cuenta 55 años- los supervivientes de estas promociones. Todos ellos fueron privados de los derechos profesionales adquiridos dentro de la legalidad de la República y muchos perseguidos y encarcelados.« El hecho de ser maestro ya era suficiente para ser sospechoso y culpable. Como dijo una vez Pemán, con quien había que meterse era con los maestros por la influencia que entonces teníamos en las masas populares», comenta uno de los cursillistas del 36. Las memorias personales de estos maestros alejados del ejercicio de su profesión forman uno de Ios capítulos de la crónica negra del régimen anterior. Muchos tuvieron que exiliarse. Otros tuvieron que abandonar el magisterio y dedicarse a los más diversos oficios. Otros fueron encarcelados y procesados, acusados, por ejemplo, de «defender las ideas y la política del Frente Popular, dando trato preferente y amistad a las izquierdas; leer prensa de este matiz y ser de mala conducta religiosa».

«La actuación antipatriótica y contraria al espíritu del Movimiento Nacional salvador de España» era uno de los cargos por los que un maestro podía ser depurado. La asociación o reunión ilícita, la simpatía política por los partidos que habían «contribuido al mal que hoy padece nuestra querida Patria» eran otros tantos motivos de depuración.

Decreto de reintegración

Al terminar la guerra todos los cursillistas quedaron suspensos de empleo y sueldo a efectos de la orden de 5 de noviembre de 1936 emitida por la junta de Burgos, que invalidaba todas las disposiciones administrativas dictadas con posterioridad al 18 de julio que no hubieran dictado las autoridades de la zona nacional.En 1960 se convocó una oposición restringida para el ingreso de

cursillistas y ex combatientes que pudieran demostrar su afección al régimen franquista y estar libres de antecedentes penales. Quienes voluntariamente no hicieran uso de esta vía para regular su situación profesional «quedarían privados de cuantos derechos pudieran corresponderles».

El decreto de amnistía, así como la rehabilitación de sancionados de 1955, no incluyó a los maestros por no ser éstos considerados como funcionarios del Estado. Por fin, en julio de este año apareció en el Boletín Oficial del Estado el decreto sobre la reintegración de los profesores de planes anteriores a 1936 en el cuerpo de profesores de EGB. Cuatro meses más tarde todavía no habían aparecido las normas que deberían regular su aplicación.

La Comisión Nacional para la Reivindicación de los derechos de los cursillistas, que se formó hace unos años a partir de la Iniciativa de una comisión provincial que surgió en Murcia, hizo varias gestiones en el Ministerio de Educación para investigar qué ocurría con las esperadas normas. Respuestas evasivas y dilatorias, y también algún comentario de este estilo: «No sabemos qué hubiera pasado si ustedes hubieran ganado la guerra», fue todo lo que obtuvieron.

Después del último cambio ministerial se reanudaron las conversaciones y el nuevo director de personal, Matías Vallés, prometió a los cursillistas que antes de fin de mes convocará una reunión para tratar el tema de las normas.

Reconocimiento de antigüedad

El reconocimiento de la antigüedad es el punto que se presentaba más conflictivo de cara a la elaboración de las citadas normas. En el decreto de julio sólo se reconocen tres trienios pero, en opinión de los cursillistas, a efectos de cobrar las pensiones de retiro y vejez, el reconocimiento de la antigüedad debe ser pleno.«No pedimos un millón a cuenta de atrasos -señalan-, reclamamos sobre todo la inmediata incorporación al cuerpo. Los que no hemos cumplido setenta años, todavía podemos dar clases. »

Otra cuestión que se anunciaba polémica era la fijación del sistema a seguir para que los cursillistas acrediten su condición de tales. Debido a los desastres de la guerra -bombardeos, incendios, etcétera- muchos han perdido los documentos que prueban su condición de maestros. En algunos casos éstos han sido deliberadamente destruidos.

Pero la falta de documentación puede suplirse con la declaración de dos testigos, según admite el derecho procesal. Una vez conocido el contenido de las normas, los abogados que se encargan de este asunto -señor de la Rocha y señor Virseda- estudian el porcentaje de cursillistas que podrán beneficiarse del decreto. « Suponemos que este porcentaje será muy minoritario -afirma Manuel de la Rocha- porque muchos no podrán probar que han realizado todos los ejercicios; en algunos sitios no se celebraron y en otros mataron a los tribunales al llegar la guerra. En Madrid concretamente los ejercicios se depositaron en el Banco de España y fueron quemados.»