Las ejecutivas del PSOE y UGT estudian conjuntamente el pacto económico

Para estudiar los acuerdos económicos contenidos en el pacto de la Moncloa, ayer se reunieron los ejecutivos de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español, dentro de los «contactos fraternales que ambas organizaciones mantienen habitualmente», según informó a EL PAIS el secretario general de la central socialista.

En un comunicado conjunto facilitado al término de la reunión, ambas organizaciones coinciden en valorar positivamente el conjunto de los acuerdos, teniendo en cuenta las contrapartidas conseguidas en el curso de la negociación y estiman que, de cumplirse, constituyen un buen punto de partida para la superación de la crisis económica y para la consecución de un sistema económico más justo y progresivo.La UGT explicó al PSOE su reticencia a aceptar la limitación salarial impuesta en el pacto, pues si en coherencia con la resolución de su comité federal se reconoce la necesidad de moderación en el crecimiento de las rentas salariales, exige la garantía de que se cumplirá la cláusula de salvaguardia establecida en el texto del documento económico, con el fin de asegurar el poder adquisitivo de los salarios a través de un control eficiente de los precios.

No obstante, la UGT, como central sindical, no puede aceptar la cláusula de reducción de plantillas por considerarla una penalización innecesaria y contradictoria con la política de defensa del empleo que mantiene la central socialista. En este sentido, Nicolás Redondo reiteró a EL PAIS que la rotunda oposición ugetista a la reducción de plantillas en un 5 % en los casos que sea superado el 22 % de incremento salarial es, sobre todo, una cuestión de principio. En cualquier caso, el líder ugetista es consciente de que la actual normativa laboral permite la reducción de plantillas sin necesidad de recurrir a esta nueva facilidad que se les concede a las empresas. «Por otra parte -agregó Nicolás Redondo-, si despedir al 5 % de la plantilla es consecuencia de haber saltado el tope salarial por la presión de los trabajadores, es de suponer que esta misma presión, impediría los despidos.»

El PSOE, por su parte, según se refleja en el comunicado conjunto, exigió y exige el efectivo control de los precios para garantizar el poder adquisitivo de la masa salarial, «habiendo logrado establecer una cláusula de salvaguardia que permite revisar los salarios si los precios suben por encima de éstos, lo que concuerda con la propia exigencia del comité federal de la UGT».

Asimismo, ambas organizaciones afirman que el cumplimiento de cualquier plan de saneamiento y reforma de la economía pasa necesariamente por la recuperación de la libertad sindical y la instauración de sólidos mecanismos de relaciones industriales, lo que conlleva la consolidación y potenciación de las centrales sindicales democráticas como instrumento fundamental de negociación.

El comunicado conjunto UGT-PSOE concluye afirmando la voluntad de ambas organizaciones de trabajar juntas por un mismo concepto de libertad, democracia y socialismo, «manteniendo la autonomía característica entre ambas», al tiempo que rechazan y desautorizan cualquier interpretación que contradiga el contenido de esta declaración conjunta.

También en el curso de la reunión, UGT mostró al PSOE su preocupación porque, presumiblemente, el sistema electoral para los próximos comicios sindicales adoptara listas abiertas, aunque con elementos correctores de proporcionalidad. También en materia de acción sindical, y a la vista de las reuniones que vienen manteniendo los sindicatos con el Gobierno, UGT expresó su temor de que, final mente, se decida la potenciación de los comités de trabajadores frente a las secciones sindicales de empresa, «con lo que se impide el fortalecimiento de las centrales, necesarias para garantizar el cumplimiento del pacto». No se trató, sin embargo, en la reunión el tema del crédito que UGT tiene solicitado de un banco de la República Federal de Alemania, contrariamente a lo que informaron ayer algunos medios. Según explicó a EL PAIS Nicolás Redondo, la cuantía del crédito es de unos trescientos millones de pesetas, y se tiene solicitado desde antes de las elecciones.