Derrotada una enmienda del PSOE para gravar el patrimonio de las personas jurídicas

Siete créditos extraordinarios, por un importe global superior a 26.000 millones de pesetas, fueron aprobados ayer por el Pleno del Congreso de Diputados, antes de entrar en el estudio de la ley sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal. Esta última quedó aprobada en su totalidad, tal como había sido dictaminada por la Comisión de Economía y Hacienda, tras ser rechazadas dos enmiendas socialistas. La primera pretendía la extensión del impuesto sobre el patrimonio a las personas jurídicas y la segunda intentaba que la investigación de cuenta bancarias se extendiera hasta el 11 de julio pasado.

La ley sobre medidas urgentes de reforma fiscal no pretende tanto recaudar grandes cantidades de dinero como introducir en la legislación española una serie de mecanismos que permitan investigar y conocer mejor la riqueza existente en manos de los particulares.Para ello se rompe el secreto bancario; se crea un impuesto sobre el patrimonio, se elevan los impuestos a los rendimientos del trabajo personal, que afectarán no sólo a los ejecutivos de las empresas, sino a buena parte de los profesionales, e incluso a la capa más alta de los trabajadores manuales muy cualificados; y se establece el delito fiscal, con posibilidad de penas de hasta seis años de prisión, aunque bastante cauteloso en cuanto a las posibilidades de su aplicación. Complementariamente, se ofrece a los contribuyentes la posibilidad de regularizar declaraciones anteriores, incompletas o falseadas, sin sufrir sanción por ello.

En conjunto. esta ley puede entenderse como progresiva y ejemplarizadora, dado el recelo de la derecha ante muchas de sus disposiciones, y el relativo asombro de la izquierda respecto al proyecto presentado en su día por el Gobierno. No obstante, el Congreso de Diputados decidió ayer. por mayoría, no avanzar más en sus formulaciones. La oportunidad de introducir en la ley cuestiones aún más progresivas fue brindada por dos enmiendas socialistas, que tras un arduo y complejo debate. seguido de votaciones bastante confusas -por la dificultad de hacer funcionar con precisión el sistema electrónico, así como por el nerviosismo del presidente de la Cámara, señor Alvarez de Miranda- fueron rechazadas.

La primera de las enmiendas citadas intentaba extender a las personas jurídicas (empresas. entidades) el impuesto sobre el patrimonio. En una primera fase de intervenciones, los señores Lozano, del PSOE. y García Añoveros de UCD, cruzaron una serie de argumentaciones a muy alto nivel técnico. El primero defendía la enmienda, entre otras razones, en base a la Injusticia que supone que no haya ninguna imposición tanto en el caso de los patrimonios en manos muertas (cajas de ahorro, fundaciones), como de las sociedades extranjeras, en los casos de socios que no residan en territorio español, además de que se permite que sigan existiendo sociedades con poco capital y mucho patrimonio, creadas principalmente para facilitar la defraudación fiscal.

El señor García Añoveros se negaba a la medida, en base a que la extensión de este impuesto para todas las personas jurídicas tendría un carácter inflacionario, porque dichas empresas harían repercutir dicho impuesto en los precios, además de que habría que seguir otorgando créditos extraordinarios a ciertas empresas públicas -y citó buena parte de las del que buena parte de las del INI- para que pudieran hacer frente a los recargos impositivos.

Los catastróficos efectos enunciados por el profesor García Añoveros, en nombre de UCD, fueron rebajados sustancialmente por la siguiente intervención del señor Lozano, quien manifestó que los socialistas se conformarían con una tarifa del 0,5 % para dicho impuesto (lo cual supone un impuesto prácticamente simbólico a efectos recaudatorios). A la vista de que el fondo del asunto variaba con esta propuesta, se produjeron dos rápidas intervenciones más: el señor Tamames, por el PCE, trató de explicar la posición de su partido en este problema, siendo interrumpido por el presidente de la Cámara, señor Alvarez de Miranda, quien entendía que no era momento de proceder a explicaciones de voto. Elevando la voz aún más que el propio presidente -que se auxiliaba de enérgicos campanillazos-, el señor Tamames consiguió hacer entender que los comunistas se adherían a la,propúesta socialista, a la vista de la tarifa propuesta por estos últimos para dicho impuesto.

Así las cosas, el portavoz de UCD, señor Pérez Llorca, intervino para recordar que no era momento de modificar enmiendas, sino de votar la que había sido presentada tal como estaba. Efectuada la votación,. la enmienda fue rechazada, gracias a los votos de UCD, Alianza Popular y parte de la minoría catalana -los señores Trías, Pujol y Roca.- Para calibrar la trascendencia de lo que se votó ayer en este tema, baste decir que la extensión del impuesto sobre el patrimonio a las personas jurídicas habría permitido obtener una completa fotografía -por expresarlo claramente- de la riqueza existente en España, mientras que, tal como queda la ley, esifilograjia alcanzará sólo a las personas físicas.

El segundo tema importante a debate era la fecha desde la cual podría aplicarse el levantamiento del secreto bancario.Los socialistas defendían el mantenimiento, del 11 dejulio -como Inicialmente pretendía el Gobierno-, y la enmienda fue rechazada por cinco votos de diferencia. Por consiguiente, el levantamiento del secreto bancario sólo podrá hacerse a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.

Estas fueron las principales cuestiones debatidas ayer. Políticamente ha quedado de manifiesto la facilidad con que puede romperse el voto en algunos grupos ante cuestiones de trascendencia económica (minoría catalana), y el cambio de actitud del PCE, que apoyó plenamente las enmiendas socialistas, a diferencia de lo que había ocurrido en la Comisión.