La burocracia retrasa la aplicación del tratado con EEUU

La aplicación por parte española de las cláusulas del tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, que favorecen a nuestro país, ha tropezado con inefables dificultades burocráticas y con «guerras» interdepartamentales, que dejan en no muy brillante lugar la capacidad de la Administración para afrontar responsabilidades de cooperación internacional.Los problemas se han presentado cuando el consejo hispano-norteamericano, institución central del tratado, ha querido sacar las consecuencias del mismo, por medio de sus comités conjuntos para cooperación científica y tecnológica, y para asuntos de la educación y la cultura. En la comedia de enredos han sido protagonistas más o menos voluntarios los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores y Hacienda, y la comisión asesora de Presidencia del Gobierno para la política científica. Como consecuencia de todo ello, la aplicación del tratado lleva casi un año de retraso.

No hay respaldo

Los comités tres y cuatro del tratado, para cooperación científica y tecnológica, y para educación y cultura respectivamente, no han contado con el respaldo suficiente para seleccionar programas de cooperación compatibles con el tratado. Mientras éste favorece netamente la investigación y la tecnología aplicadas, en los terrenos de la energía convencional y solar, átomo, agricultura, industria, medio ambiente, etcétera, el Ministerio de Educación ha estado luchando por aplicar los fondos a la investigación de base. La comisión asesora de la Presidencia del Gobierno, que debe asesorar también a los comités tres y cuatro, ha dejado de indicar los criterios selectivos que se propone aplicar a la ciencia española, y que debían de ser tenidos en cuenta por los comités. Por eso se han puesto sobre la mesa de negociación con los norteamericanos proyectos por valor de cien millones de dólares, cuando el acuerdo de desarrollo del tratado provee solamente 4.600.000 dólares para ciencia y tecnología y 2.400.000 dólares para cooperación cultural.

Los comités respectivos han tenido que aplicar su mejor saber y entender para ajustar los fines a los medios. La confusión ha llegado a tal punto que se ha recibido en Asuntos Exteriores una carta de protesta de un antiguo directivo de la comisión asesora, criticando decisiones tomadas por Exteriores después de haber consultado y obtenido la aprobación del propio autor de la carta.

Retrasos por parte norteamericana

El comité militar conjunto no ha corrido mejor suerte. Después de que los miembros españoles del mismo pasasen ocho meses buscando una sede que satisficiese las más exigentes garantías de seguridad, por fin, a principios de verano, encontraron un local a su gusto, para descubrir que carecían todavía de las finanzas más elementales, pues Hacienda aún no había provisto los fondos necesarios al consejo hispano-norteamericano.

Sólo el Consejo de Ministros de últimos de septiembre aprobó veinticinco millones de pesetas con destino a las necesidades del consejo hispano-norteamericano y de sus diversos comités.

Después de la última sesión del consejo, en Nueva York, el 30 de septiembre, bajo la presidencia de Oreja y Vance, la parte española observa que los retrasos en materia científica y cultural, empiezan a producirse ahora por la parte norteamericana.

En el terreno militar se presentan «novedades» que no se ajustan a la previsiones del tratado. La toma en alquiler, por parte de España, de 42 aviones F-4E, por 53 millones de dólares, no se llevará a efecto, y nuestra fuerza aérea con tinuará usando los 34 F-4C que el tratado decía debían ser vendidos a Estados Unidos por 55 millones de dólares. La razón de ello es que los aviones que EEUU iba a ceder a España estaban «hipotecados» por restricciones técnicas y políticas. Entre las primeras, el hecho de que eran aviones gastados en Vietnam; que en el grupo de 42 había dos versiones distintas del mismo modelo; que el equipo de mantenimiento tenía que ser reemplazado en gran parte. Además, estos aviones, al ser propiedad del Gobierno norteamericano, no podían ser utilizados en un conflicto más que con su autorización. Así que el Estado Mayor del Aire decidió quedarse con sus viejos F-4C, mejor conservados que los más modernos F-4E, y además, libres financiera y políticamente.